Michael Slate

Obrero Revolucionario #1039, 23 de enero, 2000

The Unbound Project es un nuevo disco compacto pronto a salir. Una parte de las ganancias se donará a la defensa de Mumia Abu-Jamal y muchas de sus canciones lo mencionan. Su meta es mostrar las realidades del sistema de justicia penal en este país y, en particular, su impacto en la onda hip-hop. Muchos poetas y artistas de hip-hop colaboraron para producir el CD más chido, con música de Mumia 911 y nuevas rolas de Mike Ladd, MuMs, Ursula Rucker, Saul Williams, Jerry Quickley, Medina Green, Aceyalone, Blackalicious, J. Rocc, Poor Righteous Teachers y otros artistas. El siguiente artículo detalla cómo el sistema ataca a la juventud. Es mi contribución al proyecto y se encontrará en el CD. El productor del CD agradece la oportunidad de presentarlo a los lectores del OR.

Hablar de libertad en Estados Unidos es una burla y una mentira, pues la realidad demuestra que tal libertad no existe. En este nuevo milenio, la estructura de poder impone su espantoso lema: "¡Quedas detenido!" con el estruendo de miles de puertas metálicas en toda la nación que se cierran para siempre y los gritos de los presos desde terribles mazmorras. En el pasado, los negreros robaban a los jóvenes de Africa, los amontonaban en buques para el viaje al nuevo mundo, donde los vendían como esclavos. Hoy en día, los matones uniformados roban a los jóvenes-los valientes, los pobres, sobre todo los negros y latinos-de los ghettos y barrios pobres del país. Los amontonan en buques de concreto con rejas de acero-solo que estos no viajan por el mar-y los entregan al terror del nuevo orden mundial (igualito al viejo orden mundial).

Este país devora a los jóvenes. Apenas empiezan a caminar y los tilda de delincuentes; criminaliza a toda una generación, sobre todo los negros y latinos. Los niños que viven en vivienda pública saben más de esposas que de juguetes o superhéroes. Al entrar a la escuela, pasan por un detector de metales y puertas resguardadas por policías armados. En Watts la chota encañona a la cabeza a niños de primaria. En Nueva York han triplicado la cantidad de policías en las escuelas durante el gobierno del alcalde Rudolph Giuliani. En Illinois expulsaron a unos chavos de prepa y los acusaron de un delito grave por una simple pelea en un partido de fútbol.

En 1995, por primera vez se gastó más dinero en la construcción de cárceles que de universidades. Los investigadores de Justice Policy Institute informan que de 1987 a 1995, el presupuesto de las prisiones estatales aumentó en un 30% mientras el de la educación superior disminuyó en un 18%. En los últimos 20 años, California construyó 21 prisiones. Ese estado tiene la mayor industria de construcción de cárceles del mundo y el mayor sistema penal después de Estados Unidos (en conjunto) y China. Durante esos 20 años, California construyó solo una universidad. Desde 1990, ha despedido a 10.000 profesores y empleados docentes, y contratado a 10.000 cerceleros.

Es una guerra. La llaman la guerra contra el crimen o la guerra contra la droga, pero en realidad es una guerra contra el pueblo. Los gobiernos estatales y federal han aprobado una racha de leyes con el propósito de zampar a la nueva generación a la cárcel.

A fines de los 80, aprobaron una serie de leyes como la Ley contra el Abuso de la Droga de 1988. Además de muchos nuevos castigos y restricciones, impone la pena de muerte para cualquiera que esté involucrado en un delito grave relacionado con drogas o "una empresa delictiva", y mata a una persona (no importa si sea intencionado o no). Asimismo, impone sentencias mandatorias muy severas, y establece la regla de "un strike y fuera" en la vivienda pública; es decir, permite desalojar a toda una familia si un miembro comete un delito en o cerca de los proyectos.

En 1994, una nueva ley represiva, la Ley para Controlar el Crimen Violento, otorgó un chingo de dinero a los departamentos de policía y la Migra para contratar a 100.000 policías, comprar armamento y construir prisiones. Impuso sentencias mandatorias más severas y eliminó la libertad condicional en ciertos delitos de droga. Creó una ley de tres strikes federal e impuso mayores sentencias para los acusados considerados pandilleros. Asimismo, especificó "casos especiales" en los cuales se puede enjuiciar a niños de 13 años como adultos y aumentó a 16 la cantidad de delitos federales que conllevan la pena de muerte.

En 1997, se aprobó otra ley que fortalece la guerra contra el pueblo y apunta contra los jóvenes. Dicha ley permite enjuiciar a una persona de 14 años como adulto y meterla presa en una prisión federal para adultos. Requiere que se enjuicie como adulto a todo mayor de 15 años acusado de un delito violento y aumenta las sentencias para los reincidentes, inclusive en delitos menores como daños de propiedad. Además, permite detención preventiva de dos semanas por violaciones de libertad condicional o inclusive por irse de pinta.

Las leyes de cero tolerancia prácticamente criminalizan por el simple hecho de ser joven. Más de 1000 ciudades y pueblos (contando 160 de las 200 ciudades más grandes del país) tienen leyes que mandan llegar a casa a cierta hora. En algunas ciudades, los menores de 18 años no pueden estar en la calle durante ciertas horas del día, además de la noche; así que solo hay unas cuantas horas cuando pueden andar legalmente en la calle.

Por otra parte, hay una marcada tendencia hacia la eliminación de tribunales y cárceles de menores. Desde 1992, 48 legislaturas estatales y el gobierno del distrito capital, Washington, D.C., han cambiado las leyes para permitir que se enjuicie a los menores como adultos y zamparlos a cárceles de adultos. De 1984 a 1995, la cantidad de menores de 16 años enjuiciados como adultos se duplicó; la cantidad de menores de 12 años enjuiciados como adultos aumentó en un 32% de 1985 a 1994. Seis estados (Illinois, Misisipí, New Hampshire, Nueva York, Carolina del Norte y Wyoming) permiten enjuiciar a niños de 13 años como adultos y tres estados (Missouri, Montana y Colorado) permiten enjuiciar a niños de 12 años. (En Colorado se intentó establecer la edad mínima de 10 años.) Veinte estados no fijan una edad mínima. Según cifras de 1999, cada año se enjuicia a 200.000 menores como adultos y 65.000 menores están presos en cárceles de adultos.

California, que cada día se parece más a un estado policial de ciencia ficción, encabeza la guerra contra el crimen. A fines de los 80 y principios de los 90, aprobó más de 1000 leyes represivas, muchas de las cuales aumentaron las sentencias; por ejemplo, como consecuencia de la ley de tres strikes aprobada hace cinco años, 50.000 personas purgan sentencias largas en las cárceles del estado. El gobernador Gray Davis prácticamente ha eliminado la libertad condicional para delitos graves que conllevan una sentencia indeterminada (como 10 años a cadena perpetua), pues ha revocado todas las recomendaciones de libertad condicional.

Asimismo, California se ha destacado como líder de la guerra contra los jóvenes. Ha sido pionero de las desalmadas órdenes judiciales y otras "leyes antipandillas". Una de esas leyes estipula que se puede imponer una sentencia de un año a cualquiera que participe en una pandilla-tres personas o más que hacen actividades criminales-aun si no ha cometido delito alguno.

Tres de las siguientes "pruebas" son suficientes para que lo fichen a uno de pandillero (con dos lo califican de asociarse con pandilleros): admitir que es pandillero, andar con pandilleros, vestir pantalones sueltos u otra ropa o joyas al "estilo pandillero", tener tatuajes, hacer señales con la mano, hacer pintas, tener correspondencia con pandilleros o si su nombre se menciona en esa correspondencia. Otra "prueba" es que la policía lo identifique a uno como pandillero (como lo hace con prácticamente todos los jóvenes negros y latinos del país).

Han creado enormes bases de datos en California y en todo el país, y aparte el gobierno federal tiene su propia base de datos. Cuando la policía para a un chavo simplemente por ser joven, negro, latino o asiático, toma sus datos y lo mete en la base de datos como pandillero. En 1993, la policía de Denver admitió que el 80% de los jóvenes en la base de datos eran de nacionalidades oprimidas y que las dos terceras partes de los jóvenes negros de la ciudad (de 12 a 24 años) figuraban como presuntos pandilleros. Asimismo, las dos terceras partes de la base de datos de pandilleros del condado de Cook (Chicago) son negros. Aunque solo el 50% de los jóvenes del condado de Orange, California, son negros, latinos o asiáticos, eran el 92% de la base de datos de ese condado en 1997. En 1992, el condado de Los Angeles tenía una base de datos de 150.000 jóvenes.

Una vez que le ponen a uno el antecedente de pandillero, la ley lo castiga con saña. Es más fácil condenar a un pandillero y las nuevas leyes les imponen mayores sentencias. Hay leyes contra pandillas y órdenes judiciales que criminalizan a los jóvenes de por sí, y convierten los barrios pobres en zonas ocupadas con el pretexto de eliminar las pandillas.

Las órdenes judiciales imponen restricciones tan severas que es prácticamente imposible obedecerlas. Por ejemplo, una de las primeras órdenes en San José, California, prohibió que las personas nombradas se sentaran, caminaran, manejaran o se reunieran con un "presunto pandillero". No podían tener botellas, piedras, ladrillos, cadenas, desmontadores de neumáticos, desarmadores, martillos, palancas, gatos, navajas de afeitar o rasuradoras, hondas, canicas o cojinetes de bolas. Tampoco podían acercarse a un vehículo ni hablar con una persona que estaba adentro. No podían hacer ruido ni provocar que otra gente lo hiciera.

Las órdenes judiciales antipandillas nombran a ciertos individuos e inclusive se aplican a "presuntos pandilleros" sin especificar de quién se trata. Las justifican con declaraciones policiales, que en muchos casos son mentiras que encubren las fechorías de la misma policía, como hemos visto últimamente en el escándalo del Departamento de Policía de Los Angeles.

Los Angeles fue pionero de esas órdenes judiciales; una de las primeras, la de la calle Blythe, nombró a 500 jóvenes latinos. Además de las otras restricciones, prohibía que más de dos de esos jóvenes se juntaran. Actualmente, tales órdenes son muy comunes por todo el país; los jóvenes nombrados no pueden tener una conversación en un carro, esperar el autobús, ¡ni trepar árboles! En un caso, centenares de jóvenes tienen que llevar documentos que comprueban que sus actividades diarias son necesarias y legales. Si uno viola la orden judicial, lo multan o lo meten al bote.

Pero las autoridades de California no están satisfechas y se empeñan en aumentar la represión. En marzo próximo, un proyecto de ley llamado la Iniciativa contra el Crimen de Menores (YCI, por sus siglas en inglés) se someterá a votación. YCI aumentará la represión contra los jóvenes. Requiere que a los menores de 14 años acusados de ciertos delitos (una larga lista) los enjuicien como adultos. Además, recomienda enjuiciar como adulto a un joven de 16 años condenado previamente de un delito grave, si lo acusan de un delito contra un anciano, ciego, minusválido o un crimen de odio o delito relacionado con "pandillas".

La YCI elimina la libertad condicional en casos de delito grave e impone cárcel de adultos en vez de cárcel de menores para los enjuiciados como adultos que tengan 16 años. Establece un sistema de detención preventiva; prohíbe poner en libertad a jóvenes acusados de una serie de delitos (30 en total). Expande el alcance de la ley de tres strikes (para adultos y jóvenes) para abarcar robo, hurto y conspiración de cometer un crimen. Eso es retroactivo, así que un delito que no fue considerado grave ni violento cuando se cometió hace unos años se reevaluará de acuerdo a la ley de tres strikes.

Por otra parte, la YCI facilitará abrir y divulgar expedientes de menores. Ataca a los artistas de pintas con saña; con esa nueva ley podrán acusar de delito grave por daño de propiedad de $400 (en la actualidad la cantidad es de $50.000) y la sentencia por el delito menor de daño de propiedad (menos de $400) se aumentará de seis meses a un año.

Las pandillas son un blanco especial de la YCI. Crea nuevos delitos como conspiración de cometer un delito grave, es decir, participar en una "pandilla criminal" o fomentar, ayudar o beneficiarse de actividades criminales. Otro delito grave es reclutar a una pandilla. YCI aumentará las sentencias para todo delito asociado con pandillas y cualquier muerte que ocurra como consecuencia de actividades pandilleras conllevará la pena de muerte. Hasta convierte todo delito menor relacionado con pandillas en delito grave. Además, requiere que los condenados de esos delitos se reporten a la policía y autorizará mayor intervención telefónica contra presuntos pandilleros. Y, desde luego, con YCI se requerirán menos "pruebas" para fichar de pandillero.

Todo eso es solo un aspecto de la represión que viven cada día los jóvenes negros, latinos, asiáticos e incluso blancos. Los tribunales y las leyes aplastan al pueblo rutinariamente, pero ese es solo un aspecto de la represión, pues las leyes son respaldadas por balas, cachiporras y prisiones.

La historia demuestra que toda sociedad que se fundamenta en la opresión de la abrumadora mayoría de los ciudadanos recurre a la violencia para mantener el poder. En Estados Unidos somos testigos de violencia y brutalidad oficial sin precedentes. Los negros y latinos viven fichados desde la cuna hasta la tumba.

Las redadas policiales ya son comunes en ciudades por todo el país. En la madrugada, centenares de policías llegan con arietes, tanquetas, granadas de contusión, gas lacrimógeno y rifles automáticos. Los departamentos de policía reciben armamento y equipo gratis de las fuerzas armadas. Y desde los 80, les ponen nombres castrenses a las redadas: Operativo Martillo en Los Angeles (donde arrestaron a 14.000 jóvenes negros), Operativo Punto de Presión en Nueva York (grandes redadas en barrios donde supuestamente hay tráfico de drogas), Operativo Sting en Miami y Operativo Barrer en D.C. (donde arrestaron a 28.000 personas, 14.000 de ellas jóvenes negros).

El 1º de abril de 1995, lanzaron una de las mayores redadas hasta esa fecha en California: Operativo Amanecer en Los Angeles. Se inició a las 4 de la madrugada: 800 policías sellaron las calles, tumbaron puertas y allanaron 135 casas. Durante 12 horas sembraron terror en una comunidad de 30 manzanas alrededor de la intersección de Florence y Normandie. Arrestaron a 60 personas por viejas infracciones de tránsito, posesión de bípers o teléfonos celulares sin licencia, o simplemente por "sospechosas". La Rebelión de Los Angeles de 1992 empezó en la intersección de Florence y Normandie.

Muchas dependencias policiales y de las fuerzas armadas colaboran en esas redadas. En California, por ejemplo, colaboran los departamentos de policía; el FBI; los departamentos de libertad condicional; los sheriffs; alguaciles; la policía judicial; la DEA; el departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego; y una Unidad de Servicios Especiales supersecreta del Departamento de Correcciones de California que opera dentro y fuera de las cárceles.

La Migra también colabora. Por ejemplo, en algunas partes la Patrulla Fronteriza hace redadas en las prepas, y la Migra va a las cárceles y deporta a los presos cuando cumplen su sentencia. La Migra tiene Equipos Antipandillas en 16 ciudades del país, que participan rutinariamente en redadas fascistas. En Los Angeles dicho equipo trabaja de la mano con las unidades antipandillas del Departamento de Policía de Los Angeles (ese nido de asesinos, mentirosos, narcotraficantes y ladrones que quedó al descubierto hace poco). En pocas palabras, si la policía no logra matar o meterlo preso a uno, a lo mejor la Migra lo deporta.

Además, están los equipos de matones. En Haití estaban los Ton Ton Macoutes. En El Salvador había escuadrones de la muerte. En Alemania nazi tenían la Gestapo. Aquí en Estados Unidos hay Equipos Especiales "Antipandillas" o "Contra el Crimen Violento" en todas las grandes ciudades del país.

En Los Angeles, los compañeros y compañeras de Watts y Sur Centro hablan de los "escuadrones asesinos", policías vestidos de civil que andan en carros sin placas y los cazan, los balean en una esquina o en un McDonalds. Y en los últimos meses de 1999, las revelaciones de los policías arrestados en Los Angeles pusieron al descubierto que la unidad antipandillas CRASH es ni más ni menos que un escuadrón de la muerte.

La policía ha reconocido por lo menos dos "homicidios injustificados" cometidos por CRASH, y muchos "balazos injustificados" y pruebas fraguadas. Las últimas noticias indican que esos canallas condenaron injustamente a más de 3000 personas. En Nueva York, la unidad contra crímenes soltó una ráfaga de 41 balas contra Amadou Diallo en la entrada de su edificio, y ha matado y herido a muchísima gente. El libro del Proyecto Vidas Robadas documenta más de 2000 asesinatos cometidos por la policía desde 1990 en todo el país, la mayoría de jóvenes negros y latinos. Esa lista no es completa y cada día se añaden los nombres de más víctimas.

En la película Light It Up (sobre una rebelión en una prepa), Rodney, un joven pandillero, dice: "Me espera la muerte". Ese es el futuro que la sociedad ofrece a millones de jóvenes de las nacionalidades oprimidas: la policía los ejecuta extraoficialmente y el sistema judicial les aplica la pena de muerte. Estados Unidos es uno de apenas seis países del mundo que aplican la pena de muerte a menores de edad. Ha ejecutado a 300 personas menores de 18 años, 125 de ellas menores de 17 años. De 1979 a 1995, en el mundo entero ejecutaron a 14 menores, y a 9 de ellos los mataron en Estados Unidos. En 1998, este país tenía 63 menores condenados a muerte, muchos de ellos enfermos mentales.

El ex gobernador de California Pete Wilson propuso ejecutar a menores de 14 años y otros políticos del estado proponen ejecutar a menores de 13 años. El ex presidente de la legislatura estatal Cruz Bustamante propuso ejecutar a jóvenes de secundaria. Un funcionario del gobierno de Texas propuso la pena de muerte para niños de 11 años como parte de una ley contra el crimen. La Suprema Corte ha dicho que es constitucional ejecutar a jóvenes de 16 años y cuatro de los magistrados sostienen que está bien que los gobiernos estatales impongan la pena de muerte a menores de 15 años.

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