Obrero Revolucionario #1044, 27 de febrero, 2000
"Sentía que me ahogaba. ¡Qué inhumano! Era inconcebible que las mismas autoridades se burlaban de las leyes".
Dennis Williams describe el momento en que lo condenaron
a muerte por un delito que no cometió.
Dennis Williams pasó 18 años en un penal de Illinois, la mayoría del tiempo en el pabellón de la muerte. Lo condenaron a raíz de un doble homicidio en Ford Heights, cerca de Chicago, en 1978. Entre las "evidencias" figuraba el testimonio de un soplón que, a cambio de cooperación, obtuvo un trato preferencial en la cárcel. El abogado de Williams no era competente y tiempo después hasta tuvo que dejar la profesión. Dennis Williams es negro y el jurado que lo sentenció a morir, blanco.
Finalmente salió en libertad en 1996, tras un examen de ADN que comprobó su inocencia. El sistema de "justicia" le robó 18 años.
En 1998, Williams participó en una conferencia que reunió a víctimas de condenas injustas, abogados y opositores de la pena de muerte. Les dijo: "Si el gobierno de Illinois se hubiera salido con la suya, yo estaría muerto".
Lo que le pasó a Dennis Williams fue una barbaridad, pero en Illinois, les pasa a muchos. Tres hombres (Kenneth Adams, Willie Raines y Verneal Jimerson) fueron condenados con Williams y se conocen como los Cuatro de Ford Heights. Sumando sus condenas, pasaron 65 años en la cárcel por un delito que no cometieron.
El gobierno de Illinois ha revocado más de la mitad de las 260 penas de muerte apeladas desde 1977 (el año en que reinstituyó la pena capital).
En marzo de 1999, a pocas horas de ejecutar a Anthony Porter, las autoridades anularon la sentencia. Lo condenaron en 1983 y rechazaron varias apelaciones; pero unos estudiantes de periodismo de la Universidad Northwestern descubrieron pruebas de su inocencia.
En el caso más reciente, un profesor de Derecho del Colegio Chicago-Kent y sus estudiantes hallaron pruebas de que Edgar Hope no cometió el homicidio (¡en 1982!) por el cual lo sentenciaron a muerte.
El escándalo ha llegado a tal punto que, para evitar mayor desprestigio, el gobernador de Illinois, George Ryan, declaró el 29 de enero que iba a suspender temporalmente las ejecuciones en el estado.
En el país, en 1999, se comprobó la inocencia de ocho condenados a muerte y salieron en libertad; desde 1973 han salido en libertad 84. ¿Cuántos presos más están en el pabellón de la muerte debido a condenas injustas? ¿A cuántas personas inocentes han ejecutado?
Las cifras demuestran lo injusta que es la pena de muerte en este país. Sin embargo, la estructura de poder sigue su afán implacable de ejecutar a más presos, más rápidamente y con más saña.
El año pasado, ejecutaron a 98 personas: 44% más en comparación con 1998. En gran parte, el incremento se debió a la "Ley de la Pena de Muerte Eficaz" aprobada por Clinton en 1996, la cual pone restricciones muy duras a las apelaciones de los condenados a muerte en tribunales federales.
Clinton demostró su amor por la pena de muerte antes de llegar a la Casa Blanca. Durante su primera campaña presidencial, regresó a Arkansas (era el gobernador) para rechazar la petición de clemencia de Ricky Ray Rector, un retrasado mental negro condenado a muerte. Rector no entendía nada de lo que le pasaba; hasta dejó el postre de su última cena y les pidió a los guardias que se lo guardaran para después.
Es posible que el año próximo George W. Bush, actualmente gobernador de Texas, sea el nuevo presidente. Texas es el estado número uno en ejecuciones: sobrepasa el total de ejecuciones de los cuatro estados que le siguen. Bush, como gobernador, ha firmado un promedio de dos ejecuciones por semana y el pasado junio firmó la orden de ejecución número 100.
En enero, el gobierno de Texas ejecutó a Glen McGinnis, condenado por un homicidio que ocurrió cuando tenía 17 años. Unos días después, ejecutó a Larry Robison, que sufría de esquizofrenia paranoica, diagnosticada mucho antes de los homicidios por los cuales fue condenado, pero como su familia era muy pobre nunca recibió el tratamiento necesario.
¿Y los demócratas? El jefe del Comité Nacional del Partido Demócrata es Ed Rendell, quien fue una figura muy poderosa en Filadelfia. La mitad de los condenados a muerte de Pensilvania son de Filadelfia y el 80% son negros, como el preso político negro Mumia Abu-Jamal. A comienzos de los años 80, Rendell era el fiscal general de Filadelfia y parte central de la "élite asesina" que fraguó la condena a Mumia. En su puesto actual, Rendell será el jefe de la campaña presidencial de los demócratas.
Está claro que los niveles más altos de la clase dominante quieren agilizar la pena de muerte. Actualmente, hay unos 3500 condenados a muerte en Estados Unidos y la cifra aumenta constantemente. Según Amnistía Internacional: "Estados Unidos tiene la mayor cantidad de condenados a muerte del planeta".
La pena de muerte concentra el racismo y la opresión nacional de los negros en Estados Unidos. Casi el 40% de los ejecutados son negros, aunque constituyen apenas el 12% de la población. La mitad de las víctimas de homicidio son negros, pero el 83% de los ejecutados fueron acusados de matar a un blanco. En Filadelfia, es cuatro veces más probable que un negro reciba una sentencia de muerte que un blanco.
Antes de la ejecución de William Henry Hance en 1994, una jurado dijo que se había opuesto a aplicarle la pena de muerte, pero que los demás miembros del jurado le hicieron cambiar el voto. En el jurado, calificaron a Hance de "un nigger infeliz que nadie echará de menos".
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte: "La relación entre el color de la piel y las sentencias de muerte es más estrecha que la relación entre fumar y las muertes por enfermedades cardíacas". Mumia escribió desde la galería de la muerte: "En ninguna parte se encuentra un mundo más negro que en el pabellón de los condenados a muerte".
Para justificar el aumento de ejecuciones, el gobierno cita encuestas que afirman que una mayoría de la población está a favor de la pena capital. Los politiqueros, grupos derechistas y medios de difusión parlotean sobre los "derechos de las víctimas" con el fin de construir más cárceles y llevar a cabo más ejecuciones. Los fiscales manipulan a las familias de las víctimas para que pidan la pena de muerte y castigos severos.
La pena de muerte, en este sistema, nunca hará justicia. Es un arma de los opresores, apuntada contra el pueblo. Como ha dicho Bob Avakian, Presidente del PCR: "Los comunistas se oponen a que el Estado burgués aplique la pena de muerte porque en la mayoría de los casos, la aplicará contra los oprimidos y será un instrumento para reforzar su dictadura, robustecer su aparato represivo y crear un ambiente político más represivo que, repito, servirá principalmente para someter a los oprimidos y a los que se oponen al statu quo".
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