Escándalo del DPLA salpica más arriba
Obrero Revolucionario #1047, 19 de marzo, 2000
El 3 de marzo, el jefe del Departamento de Policía de Los Angeles anunció el desmantelamiento de la unidad de choque CRASH. Esa tristemente célebre unidad "para combatir las pandillas" ("Recursos Comunitarios contra Delincuentes", o Community Resources Against Street Hoodlums) ha llevado la batuta en la guerra del DPLA contra los barrios oprimidos, pero actualmente está en el centro de un enorme escándalo de corrupción y brutalidad policial.
Los agentes del DPLA desatan su violencia fuera de la vista, al amparo de la noche, en callejones. Luego mienten y les ponen encima a sus víctimas drogas o armas. Sobre todo atacan a la juventud oprimida, los parias del sistema, que tildan de "pandilleros", "drogos" o "superdelincuentes". Nuevas leyes mandan meter a la cárcel más tiempo y a menor edad a los chavos, especialmente a los negros y latinos. Desaparecen en enormes mazmorras o los deportan. O los matan.
El escándalo del DPLA, que estalló en la delegación Rampart pero que ahora abarca a otras delegaciones, ha puesto al descubierto un sinfín de atropellos. Se ha documentado que los agentes atacan, golpean y matan sistemáticamente; roban dinero, drogas y joyas; y han zampado a la cárcel a miles con pruebas y testimonio falsificados. Las autoridades tendrán que re-examinar miles de condenas a raíz del escándalo.
Además, se sabe que a los agentes de la delegación Rampart los azuzaron, dirigieron y protegieron comandantes, jueces, fiscales y politiqueros. El problema no se limita a un puñado de "agentes malos" y últimamente ha llegado al gobierno federal.
El papel de los federales
A fines de febrero, el jefe del DPLA, Bernard Parks, anunció que el FBI iba a participar en la investigación del escándalo, supuestamente como garantía de "imparcialidad". Pero a los pocos días salió a flote que el FBI y el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, la Migra) han trabajado de la mano con muchos de los agentes del DPLA despedidos o suspendidos.
El FBI y el INS realizaron operativos especiales en Pico-Union y Westlake, barrios de inmigrantes que quedan en la delegación Rampart. La Migra tiene dos unidades especiales en Pico-Union: una contra pandillas y otra contra grandes narcotraficantes, llamada OCDETF (Organized Crime Drug Enforcement Task Force). La Migra tiene una oficina en la delegación Rampart y, en los últimos tres años, ha deportado a centenares de inmigrantes arrestados por CRASH.
A veces los agentes de CRASH arrestaban a alguien pero no encontraban la manera de acusarlo y se lo entregaban a la Migra. O querían eliminar a un testigo y lo mandaban a deportar. Los agentes de CRASH llevaban a cabo redadas nada más para deportar a latinos.
Eso es una clara violación de una ordenanza municipal adoptada en la década pasada tras muchos años de lucha por los derechos de los inmigrantes. La ordenanza dice que "la policía no iniciará actividades con el fin de descubrir la condición migratoria de una persona".
Desenmascarar a la policía es como darle un puntapié a un puerco en una pocilga: todos los demás puercos también se ponen a chillar. Cogidos con las manos en la masa, los agentes de la Migra le dijeron a la prensa que empezaron a trabajar con CRASH por orden del FBI.
Después de la Rebelión de Los Angeles de 1992, llegó a la ciudad un montón de agentes del FBI, el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y la Dirección de Lucha contra la Droga (DEA). A veces trabajan juntos en unidades especiales por todo el condado. El 1º de abril de 1995, 600 agentes federales lanzaron la mayor redada de la historia del sur de California cerca de la esquina de las calles Florence y Normandie, uno de los centros de la rebelión.
La unidad "antipandillas" del FBI empezó a trabajar con el DPLA en Pico-Union en 1993 para "investigar" a una pandilla conocida como "18th Street" (la "18"), por presuntos lazos con narcotraficantes de México y Colombia. A pesar de años de investigación, el FBI no ha encontrado ninguna prueba, pero de todos modos sigue husmeando en Pico-Union.
La Migra dice que en 1997 el FBI le pidió ayuda "para que OCDETF acusara a unos pandilleros que el FBI investigó sin encontrar pruebas de narcotráfico ni crimen organizado". Los agentes de la Migra dijeron que no, pero luego el director regional de la Migra les mandó cooperar.
A los pocos días de salir a la luz el papel del FBI en la delegación Rampart, el Los Angeles Times recibió confidencialmente un memorando de la Migra que indica que cooperó con CRASH desde el comienzo. El memorando (un plan de 1997 de OCDETF para el trabajo en la delegación) dice: "En el caso de que no se pueda acusar a un sospechoso, el Servicio de Inmigración y Naturalización iniciará los trámites para deportarlo de Estados Unidos".
A veces las dependencias policiales tienen problemas y se pelean, pero todas son enemigos del pueblo.
En "territorio enemigo"
A la policía de todos los niveles le interesa mucho lo que pasa en Pico-Union. Situado a pocas manzanas de los rascacielos del centro de Los Angeles, es la zona urbana más densamente poblada del oeste de Estados Unidos, con decenas de miles de inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Es una zona proletaria donde la gente subsiste con trabajos de salario mínimo en la costura, en el servicio doméstico o como vendedores ambulantes. Muchos jóvenes no tienen trabajo y subsisten como puedan. La rebelión de 1992 tuvo muy buena acogida en Pico-Union. Hay pandillas, como la de la 18, de jóvenes mexicanos y centroamericanos. El Los Angeles Times lo llama "territorio enemigo".
En Pico-Union los agentes de CRASH paran a los chavos, los obligan a hacer señas de pandilla y les sacan fotos para la "base de datos sobre pandillas". Una vez que un nombre entra en la base de datos, nunca se borra. A un hombre casado con niños lo arrestaron y lo deportaron a pesar de que no era miembro de una pandilla desde hacía muchos años. Con esas bases de datos cocinan órdenes judiciales que prohíben que ciertas personas tengan bipers o teléfonos celulares o que estén en la calle con amigos. Si uno está en una base de datos y se mete en líos, lo pueden zampar a la cárcel más tiempo.
El arresto de Alex Sánchez
La conexión de la Migra y CRASH se dio a conocer en el caso de Alex Sánchez, arrestado en enero, y la organización Homies Unidos. Esta organización trabaja con miembros y ex miembros de pandillas para promover treguas. Se fundó en El Salvador, donde hay pandillas organizadas por jóvenes deportados de Los Angeles. A Sánchez lo deportaron en 1994. Regresó en 1996 para vivir con su hijo y, en 1998, organizó un capítulo de Homies Unidos.
Sánchez también es miembro fundador de Arts Expand, que organiza talleres semanales sobre drama y poesía para adolescentes en la iglesia Immanuel Presbyterian.
Desde el comienzo, la policía le cayó encima a Homies Unidos: espía a las reuniones, y para y registra a los que van. El comandante de la delegación Rampart dijo: "No vamos a dejar en paz a ningún pandillero. Cuando se reúnen, es nuestra responsabilidad recolectar información. Si los vemos en la calle y si tenemos causa probable, vamos a registrarlos". Pocos meses antes de que lo arrestaran, Sánchez dio testimonio ante el Senado estatal sobre brutalidad policial.
En julio de 1999, Jesús Amezcua, un agente de CRASH, paró a Sánchez con el pretexto de que "parecía sospechoso" y le sacó una foto. El 6 de agosto, el mismo agente se metió a la fiesta de cumpleaños de la novia de Alex Sánchez, tumbó la puerta, maltrató a los presentes y le dio cachiporrazos a Alex.
Después arrestaron a José Rodríguez, de 14 años, miembro de Homies Unidos, y lo acusaron de homicidio. Como lo van a juzgar como adulto, lo pueden sentenciar a la cárcel de 50 años a cadena perpetua. Pero el homicidio ocurrió cuando estaba en una reunión de Homies Unidos, ensayando una obra teatral con el director del taller. Alex Sánchez dio testimonio en defensa de José Rodríguez. Después de eso, el agente Amezcua empezó a pararlo y hostigarlo en la calle todo el tiempo.
Amezcua amenazó con destruir Homies Unidos. Dijo que "no durará seis meses", explicó Sánchez. Para evitar problemas, los directores de los talleres iban a recoger a los chavos para que no tropezaran con los agentes. Cuando un senador estatal realizó una audiencia sobre el hostigamiento policial en la iglesia, unos agentes le propusieron a un empleado que los dejara esconderse en un closet para espiar. Cuando el empleado dijo que no, trataron de alquilar un salón. La iglesia no cooperó y envió una carta de protesta al departamento de policía.
El 21 de enero, arrestaron a Sánchez en la calle. Dijo que oyó a los agentes decir que iban a llamar a la Migra para ver si quería deportarlo. Amezcua le dijo: "Ya se acabó. A la mierda Homies Unidos".
El jefe de la delegación Rampart le dijo al Los Angeles Times: "Los agentes del INS mandaron a los agentes del DPLA a arrestar a Sánchez". El INS lo negó. Dijo que tenía una vieja orden de detención para Sánchez por entrar al país ilegalmente, pero que estaba inactiva.
El arresto de Alex Sánchez suscitó muchas protestas y el fiscal federal de Los Angeles anuló las acusaciones y suspendió los trámites de deportación. Pero Alex sigue en el centro de detención de la Migra en San Pedro.
El escándalo y las riñas intestinas
La crisis del DPLA, y el papel del FBI y la Migra, han prendido una serie de riñas intestinas.
A comienzos de febrero, varios periódicos publicaron las entrevistas del DPLA a Rafael Pérez, el agente de CRASH de la delegación Rampart que confesó que por años cometió toda clase de atropellos. (Pérez empezó a cantar cuando se descubrió que robó cuatro kilos de cocaína de la delegación para rebajar la sentencia.)
Desde el comienzo no cabía duda de que el escándalo tendría graves consecuencias. Pérez admitió que les puso armas y drogas encima a tantas personas que era imposible acordarse de todas. Su testimonio demuestra que la brutalidad y las falsas acusaciones eran pan de todos los días y que todos los agentes lo sabían. Contó que los agentes y supervisores creaban falsas "escenas del crimen", y que los capitanes aprobaban a sabiendas informes que no concordaban con los hechos. Hacían fiestas para felicitar a los agentes asesinos y les daban trofeos.
La alcaldía calcula que tendrá que pagar unos 125 millones de dólares en indemnizaciones. Actualmente hay 70 agentes bajo investigación. El alcalde, el fiscal distrital, el jefe de policía, el consejo municipal, la Junta de Supervisores del condado y la Comisión Policial han dado recomendaciones.
El DPLA ha interrogado a Pérez y está investigando sus acusaciones contra otros agentes. La investigación del fiscal distrital, Gil Garcetti, va a paso de tortuga. Garcetti dice que tiene que ser así para andar sobre seguro. Hasta la fecha solo han acusado a Pérez y su compañero de trabajo David Mack (le sacaron una foto robando un banco). De las miles de condenas injustas, solo han anulado 40.
Además, ha salido información sobre el papel de Garcetti en la delegación Rampart. Dos veces se negó a acusar a Brian Hewitt, ex policía y socio de Pérez, a pesar de que el DPLA lo despidió en 1998 a raíz de una golpiza en la delegación.
Garcetti y Parks, el jefe de policía (favorito de Daryl Gates, el anterior jefe de policía que tuvo que renunciar tras la rebelión de 1992) se pelean públicamente. Parks, con el apoyo del alcalde, acusa a Garcetti de retrasar la investigación. Parks quiere anular cien condenas debidas al testimonio de Pérez y dar por terminado el asunto. Acaba de presentar un informe de 362 páginas sobre el escándalo, que pasa por alto aspectos centrales del problema, como por ejemplo el hecho de que los agentes se protegen entre sí, y repite los gastados planes de "reformar" la policía. A comienzos de marzo Parks tuvo que desmantelar CRASH, pero prometió reemplazarla con otra unidad "contra las pandillas".
Garcetti dice que hasta la fecha no se han reunido suficientes pruebas para acusar a otros agentes. Por su parte, Parks ha iniciado trámites disciplinarios contra 15 agentes.
Unos concejales pidieron que se formara una comisión de investigación "independiente", como la Comisión Christopher que investigó al DPLA después de la golpiza a Rodney King en 1991. Pero el consejo municipal propuso más bien darle carta blanca a la Comisión de Policía (un comité "de civiles" nombrado por el alcalde que ha estampado su sello de aprobación en todos los asesinatos del DPLA). Parks quiere que la Comisión le responda al DPLA.
Los desacuerdos y riñas intestinas de la estructura de poder son una señal de lo serio que es este escándalo para la clase dominante.
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California ya tiene uno de los mayores sistemas carcelarios del mundo (el tercero) y ahora, con la reciente aprobación de la Proposición 21, se construirán dos o tres penales más para menores. (Los lectores encontrarán la semana entrante un artículo sobre la aprobación de la Proposición 21, otra forma de criminalizar a la juventud.)
Pero el escándalo del DPLA ha desatado mucha crítica y desconfianza de la policía. Al Martínez, un columnista normalmente pro policía del Los Angeles Times, mencionó una carta que recibió de un preso acusado por mentiras de agentes de la delegación Rampart en 1991. Ahora está en el penal de máxima seguridad Pelican Bay sentenciado a cadena perpetua. Martínez escribió: "De repente, tenemos un montón de presos que dicen que los detectives del DPLA los condenaron con mentiras y pruebas falsificadas. Algunos tienen razón y los han puesto en libertad. Ahora tenemos que aceptar que muchos otros también fueron condenados injustamente pero no saldrán libres. Es un cargo muy pesado para la conciencia pública".
Bernard Kastin es un empresario jubilado de Rancho Palos Verdes, un suburbio rico de Los Angeles. Un asesino en serie mató a su hija en 1977. Hace poco dijo: "En ese entonces, era firme partidario de la pena de muerte para los asesinos.... Pero ahora he oído tanto sobre la mala conducta de la policía (por decirlo suavemente), que pone encima drogas o armas, que ha mentido o tergiversado los hechos para justificar un arresto, y dado falso testimonio con el fin de conseguir la sentencia máxima, incluso la pena de muerte, que he cambiado de opinión. No solo pasa aquí en Los Angeles. Si es verdad lo que dice el agente Rafael Pérez, me hace dudar la versión de la policía en todos esos casos".
Ultimamente se ha sabido de jurados que no aceptan el testimonio de un agente contra un acusado.
Hace poco un funcionario público dijo que el escándalo de la delegación Rampart "ha socavado nuestra manera de vivir". Bueno, esa "manera de vivir" estadounidense se fundamenta en el sufrimiento y la opresión de billones de personas por todo el planeta. Aquí se fundamenta en la represión de los pobres y oprimidos por la policía, y en el silencio y la colaboración de las clases medias. Cuando esa "manera de vivir" empieza a desmoronarse, es algo positivo para los que anhelamos otro futuro.
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