Nuevo memorial detalla injusticias contra Mumia
Parte 6: El juez-verdugo de Filadelfia
C. Clark Kissinger
Obrero Revolucionario #1049, 9 de abril, 2000
Nos dicen que los jueces son imparciales, que no se inclinan hacia la fiscalía. Actúan conforme a ley: no suprimen pruebas; los motiva el afán de justicia y no la venganza; su deber es garantizar los derechos del acusado. Y, ¿la política? Nos aseguran que no influye en lo más mínimo en el proceso judicial.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. Para empezar, el juez es árbitro de una sociedad dividida en clases, regida por un sistema judicial laberíntico que se basa en la supremacía blanca y el patriarcado. Es decir, las propias leyes en que se basa para tomar sus decisiones concentran los prejuicios de dicha sociedad; así que incluso para el juez más ético y objetivo, el marco es extremadamente limitado, y en la mayoría de los casos los jueces expresan sin escrúpulos sus prejuicios machistas, de clase y de nacionalidad. Entre ellos se destaca el juez Albert Sabo, quien presidió el juicio de Mumia, así como su apelación para un nuevo juicio en el estado de Pensilvania.
En una moción muy importante ante el tribunal distrital federal, los abogados de Mumia piden que se desestime la determinación de hechos del juez Sabo ante el tribunal estatal de apelaciones (donde se pidió un nuevo juicio). El equipo defensor afirma que dicha determinación no fue razonable y que "no se debe respetar... porque el juez Sabo tenía profundo prejuicio y enemistad hacia Jamal en particular y hacia todos los acusados en general" [del memorial de enero de 2000 que pide una "revisión" del proceso judicial de Pensilvania porque no fue "razonable", p. 1]. En esta última entrega de la serie sobre el memorial de habeas corpus, analizaré la postura del juez Sabo ante la apelación para un nuevo juicio y por qué se debe descartar su determinación de los hechos.
Sabo encubrió sus violaciones del derecho a la defensa
En la Parte 5 (OR No. 1046) documentamos que el juez Sabo le negó a Mumia el derecho elemental de una defensa adecuada: el derecho de representarse a sí mismo, el derecho de tener la asesoría de una persona que él escogiera, el derecho de estar presente en el juicio y de despedir al abogado nombrado por la corte. En 1995 en la audiencia de la Apelación de Remedio Post-Condena (PCRA), los nuevos abogados de Mumia presentaron pruebas muy convincentes de dichas violaciones: mandaron a comparecer al abogado defensor del juicio de 1982, Anthony Jackson.
Jackson habló francamente de lo que esbozamos en la Parte 5 de esta serie: que no hizo los preparativos necesarios, que no quería reemplazar a Mumia como defensor principal y solo lo hizo porque el juez Sabo lo amenazó con la cárcel, que no existía confianza ni coordinación entre él y su defendido. Pero Sabo contestó que eso no era "verosímil" o era "irrelevante". Afirmó que Mumia "controlaba" a Jackson a lo largo del proceso, y que tanto la enemistad entre defensor y defendido como la angustia de Mumia eran elementos de una estrategia judicial muy astuta. Determinó-sin justificación alguna en las actas de dicha audiencia-que Jackson hizo declaraciones falsas con el fin de salvar la situación y lograr "una victoria", ¡como si demostrar su propia incompetencia lo fuera a hacer "lucir bien"! Así que Sabo hizo una "determinación de hecho" de que a Mumia no se le negó el derecho a una defensa adecuada y, según la ley de la pena de muerte de 1996, los tribunales federales deben aceptarla al menos que se compruebe que no es razonable.
El juez Sabo citó tres ejemplos de las actas que supuestamente demuestran que Mumia controlaba a Jackson, pero en realidad demuestran todo lo contrario. En las primeras dos ocasiones, Mumia se representaba a sí mismo y Jackson fungía de defensor auxiliar, ¡así que era natural que Mumia se dirigiera a Jackson! La tercera ocasión es la única en que Jackson, como abogado principal, sí actuó de acuerdo a las instrucciones de Mumia. El memorial de la defensa indica: "Jackson declaró (en las audiencias de apelación PCRA) que él tomó personalmente las decisiones estratégicas y tácticas, y para comprobarlo pidió que se mencionara explícitamente en las actas las ocasiones en que hacía algo por instrucción de Jamal. La ocasión citada [por el juez Sabo] es la única en que Jackson precisó eso. Así que el hecho de que solo en esa ocasión Jackson indicara explícitamente que decía algo por instrucciones de Jamal confirma que en general este no controlaba su conducta". [p. 48]
De hecho, Jackson declaró en la audiencia de apelación PCRA que Mumia no controlaba la argumentación de la defensa ni determinaba su estrategia; al contrario, el propio Jackson tomaba esas decisiones sin pedir la opinión de Mumia, además de las decisiones sobre mandar comparecer a testigos (aunque a veces consultaba estas con Mumia). Sin embargo, el juez Sabo descartó todas esas pruebas sobre el desempeño de Jackson.
Otra determinación de hecho de Sabo es que Jackson mantenía "completamente informado" a Mumia, aun cuando Mumia pasó largos ratos-casi la mitad del proceso-en su celda porque Sabo lo sacó repetidamente del juzgado. El memorial señala que eso es "pura ficción": "Jackson le dijo muy claro al juez Sabo que él y Jamal peleaban constantemente entre las sesiones. Indicó que la estrategia judicial de Jamal era marcadamente diferente de la suya y que no respetaba las instrucciones de la corte, es decir, de consultar y ayudar al abogado Jackson". [p. 65]
Sabo justifica la falta de fondos y la mala conducta de la fiscalía
Una defensa adecuada necesariamente debe contratar expertos, pero las actas indican que la defensa recibió apenas $1350 para ese fin y que prácticamente no dispuso de esos fondos sino hasta dos años después del juicio. Jackson declaró que debido a eso se sentía "como un boxeador con las manos atadas a la espalda que hace su mejor esfuerzo por morder al contendiente" (audiencia de apelación PCRA). Sabo ni miró las actas para refutarlo; simplemente dijo que Jackson mentía para "justificar una futura apelación". [p. 68]
En realidad, Jackson pidió fondos repetidamente en las audiencias preliminares. El juez Ribner, que precedió al juez Sabo, bloqueó a la defensa con una maniobra mal intencionada: otorgó apenas $150 por experto y le encargó a Jackson hacer los trámites para que recibiera el saldo. Como consecuencia no podía contratar a nadie, pues el gobierno de Filadelfia tenía muy mala fama, es decir, con suerte el experto acabaría cobrando una parte del honorario (y se dio testimonio sobre eso en la audiencia de PCRA).
¿A quiénes quería contratar la defensa y qué clase de testimonio hubieran dado? Un experto de balística hubiera contrarrestado el argumento de la fiscalía de que la bala sacada del difunto "era compatible con" la pistola de Mumia, pues era compatible con millones de pistolas. Hubiera señalado la muy dudosa evidencia balística, que primero anotaron que era una bala de calibre .44 y posteriormente cambiaron la anotación a calibre .38. Asimismo, hubiera informado al jurado que no se le hicieron a Mumia (o no se reportaron) pruebas básicas que determinan fácilmente si uno ha disparado una pistola. Pero el experto de balística consultado por la defensa no quiso dar testimonio a menos que se le garantizara el honorario.
Un patólogo hubiera declarado sobre la trayectoria descendente de la bala que Faulkner le disparó a Mumia, y que ese hecho no concuerda con la versión de la fiscalía: que Mumia estaba parado y Faulkner le disparó mientras este se caía. Tales declaraciones hubieran influido mucho al jurado.
Sin embargo, el juez Sabo mantiene en su fallo de la PCRA que el testimonio de un experto de balística o un patólogo no hubiera ayudado a la defensa. Al justificar eso, ¡llega al extremo de calificar la versión inverosímil de la fiscalía sobre la trayectoria de la bala como invento de la defensa! Hace recordar al cómico Redd Foxx y un chiste suyo sobre lo que un señor le dijo a su esposa cuando lo encontró con la amante: ¡"Tus ojos te engañan, mi amor"!.
El equipo defensor señala además que la fiscalía bloqueó su acceso a testigos; por ejemplo, borró las direcciones de los informes policiales. Pero según la determinación de hechos del juez Sabo, el investigador de defensa Greer no tuvo mayor problema en ese sentido dado que él mismo declaró que entrevistó a dos testigos de antemano. ¡Qué casualidad que Sabo olvide mencionar el hecho clave de que los pudo entrevistar porque las direcciones no se borraron de los informes policiales!
Por último, la moción de habeas corpus indica que Mumia tampoco tuvo una defensa adecuada en su apelación del juicio de 1982, pues el abogado ni siquiera terminó de leer las actas del juicio. Sabo falló que ese argumento era infundado sin mencionar que él prohibió mandar comparecer (en las audiencias de apelación PCRA) a testigos que lo podían corroborar. Mejor dicho, Sabo falló que no había pruebas, después de que él mismo prohibió que se oyeran esas pruebas.
Los fallos increíbles de Sabo
En las audiencias de apelación PCRA de 1995 muchos testigos de la defensa ofrecieron pruebas muy contundentes, pero el juez Sabo no aceptó ninguna. ¿Cómo pudo rechazar esas pruebas? Pues empleó varias tácticas: pasarlas por alto, decir que no vienen al caso o malinterpretarlas para favorecer a la fiscalía... y su táctica favorita: determinar que el testigo "no era creíble". Veamos unos ejemplos:
Pasar por alto: El testigo de la fiscalía Robert Chobert mencionó en las audiencias de apelación PCRA que manejaba con licencia de conducir suspendida en el momento del homicidio y que el fiscal McGill en vez de juzgarlo prometió "investigar" cómo restituirle la licencia. "Chobert admitió que pensaba que McGill quería ayudarlo". [p. 13] En su determinación de hechos, Sabo simplemente lo pasa por alto, junto con el argumento engañoso de McGill al jurado: "¿Acaso Robert Chobert tendría algún motivo para inventar ese relato?" y el hecho de que Chobert admitió que en la primera entrevista dio una versión y en el juicio dio otra.
No viene al caso: Sabo desechó el testimonio de Debbie Kordansky de que vio a un hombre huir del lugar de los hechos porque posiblemente ocurrió después de que llegó la policía. La defensa señala: "El juez Sabo desestima muy a propósito el hecho obvio e irrefutable de que la testigo informó a la policía que alguien huyó del lugar de los hechos porque consideraba que esa información ayudaría a capturar al homicida".
Asimismo, Sabo descarta el hecho (que apenas salió a flote en las audiencias de apelación PCRA) de que Faulkner, cuando lo mataron, tenía en su posesión la licencia de manejar de un tercer hombre y lo hace a pesar de que la fiscalía afirmó en el juicio de 1982 que el "hecho" de que Mumia y su hermano eran los únicos presentes en el lugar de los hechos era un elemento importante, y a pesar de que la fiscalía ocultó esa evidencia de la defensa.
Suprimir testimonio: Sabo prohibió mandar comparecer a muchos testigos de la defensa en las audiencias de apelación PCRA. Rechazó documentos del FBI porque no se comprobó su "autenticidad". Prohibió mandar comparecer a Alphonse Giordano (el inspector de la policía a cargo de la investigación) quien conocía a Mumia debido al hostigamiento policial del Partido Pantera Negra de Filadelfia a principios de los años 70. Asimismo, prohibió mandar comparecer al agente Gary Bell (quien afirmó en el juicio de 1982 que Mumia le confesó) y a varios agentes más. Prohibió mandar comparecer a jurados que hubieran podido comprobar si hubo discusiones secretas e ilegales durante el juicio de 1982. Por último, prohibió mandar comparecer a un burócrata del tribunal estatal que iba a hablar de la desigualdad racial en la aplicación de la pena de muerte en Pensilvania.
Malinterpretar las declaraciones: Según una determinación de hecho de Sabo, si el agente Walkshul hubiera declarado en el juicio de 1982, habría beneficiado a la fiscalía y por eso el hecho de que no declaró no era pertinente. Walkshul vigiló a Mumia la noche del arresto y escribió en su informe que "el hombre negro no hizo ningún comentario". En su fallo, el juez Sabo acepta la afirmación inicial del agente (el testimonio de las audiencias de apelación PCRA) de que "no consideraba importante la confesión en el momento en que firmó su declaración y solo llegó a captar su importancia al cabo de más de dos meses". Cuando se le preguntó sobre su preparación profesional y la importancia de tales confesiones, cambió de versión y dijo que no la reportó porque estaba muy alterado, y Sabo simplemente pasó por alto su declaración a los investigadores una semana después del incidente (cuando se suponía que ya no estaba "alterado") en que reiteró que Mumia no hizo ningún comentario importante esa noche.
Determinar que el testigo no es creíble: ¿Cuáles son los testigos "no creíbles"? Hemos mencionado a Anthony Jackson, un hombre que no ganaba nada al dar testimonio sobre su falta de preparación y competencia. Además de Jackson, hubo varios como el investigador Robert Greer, quien declaró que en 1982 no pudo entrevistar a Cynthia White antes del juicio porque en la calle donde trabajaba de prostituta la vigilaban dos detectives. Esa situación a lo mejor indicaba que White se había arreglado con la policía para que le permitiera trabajar a cambio de su testimonio. Sabo falló que el testimonio de Greer al respecto "no era creíble". Sin embargo, coincide con el testimonio de Veronica Jones, quien dijo que la policía la coaccionó. Sabo también prohibió su testimonio.
El ejemplo de Veronica Jones es muy revelador. En la entrevista inicial con la policía en 1981, dijo que dos hombres huyeron del lugar de los hechos, pero tras amenazas y favores ofrecidos por la policía (que se detallan en un artículo anterior de esta serie), cambió su testimonio para que coincidiera con la versión de la fiscalía en el juicio de 1982. Catorce años después, con el remordimiento de conciencia como único posible motivo, Veronica Jones retractó su testimonio del juicio de 1982 y reiteró su declaración inicial a la policía, y lo hizo a pesar de las amenazas del juez Sabo de juzgarla por perjurio y de que la arrestaran en el banquillo con una vieja orden de arresto por un cheque sin fondos. No obstante, el juez Sabo falló que "no se le debe creer" a Veronica Jones.
La táctica de determinar que los testigos "no son creíbles" es muy siniestra, pues el juez Sabo sabe muy bien que los magistrados federales son reacios a anular dichas determinaciones y espera que ese hecho garantice que los tribunales federales no revisen sus decisiones.
La hostilidad racial del juez verdugo
El memorial de la defensa comprueba que Sabo se destaca por una actitud vengativa y racista (y eso a pesar de la mala fama de muchos jueces de Filadelfia). En 1992, un experto jurídico señaló que Sabo condenó a muerte a 26 de los 137 condenados a muerte en Pensilvania en ese entonces y que 24 de ellos eran hombres negros.
Un nuevo informe de Amnistía Internacional da cifras más actualizadas: "Durante 14 años, [Sabo] presidió juicios en que se condenó a muerte a 31 acusados, más que cualquier juez del que Amnistía tenga conocimiento. De los 31 condenados, 29 eran minorías". Otro experto en derecho dijo que el desempeño de Sabo sería inaceptable aun en los estados del Sur, donde la pena de muerte se aplica con mayor frecuencia.
En la fase de apelaciones se han anulado parcial o totalmente once de las condenas de homicidio de Sabo. Según el memorial: "Tiene a su haber la mayor cantidad de anulaciones de casos de pena capital de los jueces de Pensilvania y, según los datos que disponemos, ningún juez del país le hace la competencia en ese renglón". [p. 85] De hecho, el propio Sabo ha admitido-y se ha anotado en actas oficiales-que "Seguro que soy muy parcial" contra la defensa. [p. 89] En ese sentido, se ha comentado mucho el hecho de que Sabo es ex miembro de la Orden Fraternal de Policía (OFP), una organización que pide a gritos la ejecución de Mumia. Un ejemplo asombroso de su parcialidad pro policía y su extrema hostilidad hacia Mumia en particular fue que "la corte no solo permitió sino animó a miembros de la OFP fuera de servicio a portar armas de fuego cargadas en el juzgado y dijo que la OFP `está presente para protegerme.... Considero que los agentes están aquí en el juzgado para protegerme'". [p. 98]
Durante las audiencias de apelación PCRA, hasta la prensa comentaba la extrema hostilidad de Sabo hacia Mumia. En el momento de la audiencia de octubre de 1996, el Philadelphia Daily News habló de "las tácticas de mano dura [de Sabo] que solo confirman la sospecha de que la corte es incapaz de darle una audiencia justa a Abu-Jamal. Hace tiempo que Sabo abandonó toda apariencia de imparcialidad.... Se muestra abiertamente hostil a la defensa y exageradamente permisivo con la fiscalía". [p. 22] El titular de primera plana decía sin pelos en la lengua: "¡Fuera Sabo!".
En 1995, el Philadelphia Inquirer dijo que "el comportamiento del juez era preocupante en el primer juicio y en las audiencias de la semana pasada lejos de demostrar una actitud de imparcialidad, dio la impresión, muy perjudicial, de una hostilidad y premura exageradas hacia la defensa". Hasta el New York Times comprobó con ejemplos que el juez Sabo "ha tratado a la defensa con desdén". Stuart Taylor escribió en la revista conservadora American Lawyer que Sabo "se pavoneaba, ostentaba su parcialidad hacia la fiscalía y lanzaba amenazas hacia Weinglass, cuya conducta era muy correcta en contraste a las vulgaridades de Sabo". Taylor criticó a Sabo porque no permitió a Mumia presentar testigos, y "limitó indebidamente a los abogados de Jamal en cuanto a la posibilidad de hacer preguntas a los testigos y bloqueó sus esfuerzos de comprobar la importancia del testimonio excluido". [pp. 22-23]
En fin, Sabo ha demostrado una hostilidad exagerada hacia Mumia, una hostilidad que va de la mano con una actitud extrema de racismo y venganza que se destaca aun en Estados Unidos. Cabe mencionar que tanto precedentes jurídicos (que se citan con lujo de detalle en el memorial de la defensa) y la justicia elemental requieren que Sabo no debiera presidir la audiencia de apelación de un juicio... ¡que él mismo presidió! Pero sí presidió dicha audiencia y encontró que su propia conducta en el juicio de 1982 fue intachable.
Ahora le compete a un tribunal federal oír la apelación de esos fallos. En esta serie he esbozado los puntos clave de dicha apelación con el fin de comprobar lo contundentes que son los argumentos de la defensa, pues sientan una base jurídica muy firme para que el tribunal distrital falle a favor de Mumia simplemente al tomar en cuenta sus propias reglas y procedimientos. Además convencerán a mucha gente a oponerse a la ejecución de Mumia y a reclamar que se anule el veredicto de Sabo.
El caso de Mumia ha sido una mezcla muy explosiva de política y derecho desde el principio, y hasta ahora la política reaccionaria ha aplastado a la justicia e inclusive ha cabalgado sobre las mismas normas jurídicas del sistema una y otra vez. El gobierno ha violado sus propias reglas, por limitadas y parciales que sean, con el fin de cumplir esta ejecución política, pues encarna sus intereses, planes y proyectos de clase.
Hay que pararlo en seco. Para ganar justicia para Mumia debemos luchar tanto en la esfera judicial como en la esfera política, es decir, en los tribunales y en las calles. Que se unan muchas voces y muchas formas de protesta, que se oiga nuestro reclamo en el momento de las audiencias del tribunal distrital y que retumbe en todo el país: ¡Que no muera Mumia! ¡Que haya justicia!
Notas:
1. La ley de 1996 sobre la pena de muerte, que tiene el propósito de agilizar las ejecuciones, instruye a los tribunales federales a aceptar determinaciones de hechos de los tribunales estatales al menos que se compruebe que no sean "razonables".
2. Por bárbaro que sea, Sabo forma parte de un patrón de injusticia en Filadelfia: de 124 condenados a muerte en octubre de 1998, solo 15 eran blancos, es decir, el 90% era minorías.
Este artículo se puede encontrar en español e inglés en La Neta del Obrero Revolucionario en:
rwor.org
Cartas: Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
Teléfono: 773-227-4066 Fax: 773-227-4497
(Por ahora el OR/RW Online no se comunica por correo electrónico.)