Texas: Pabellón de la muerte
Parte 2: Los atropellos del proceso de apelaciones
Obrero Revolucionario #1064, 30 de julio, 2000
La maquinaria judicial que condena a muerte es patentemente injusta y racista, y el estado de Texas es el verdugo más despiadado del país. Desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976, ha ejecutado a 218 hombres y mujeres, muchos más que en cualquier otro estado y la tercera parte de las ejecuciones en todo el país. Tiene 457 condenados a muerte--solo California (con 568) tiene más--y 200 de ellos han sido condenados desde la toma de posesión del gobernador George W. Bush en 1995. El 40% son afroamericanos y el 22% latinos.
El Chicago Tribune (10 de junio, 2000) hizo una investigación de las 131 ejecuciones realizadas durante el gobierno de Bush (antes de la ejecución de Shaka Sankofa, el 22 de junio). Los investigadores examinaron actas, alegatos, decisiones de apelación, expedientes disciplinarios de abogados, además de entrevistar a docenas de testigos, abogados y jueces, y concluyeron que en docenas de casos los condenados no recibieron un juicio justo. Por su parte, Bush niega que haya ejecutado a inocentes.
El artículo de la semana pasada destacó que en Texas han condenado injustamente a muchos acusados. Según la investigación del Tribune:
• En 40 casos, la defensa no presentó ninguna prueba (o solamente presentó un testigo) en la fase de la sentencia.
• En 29 casos, un psiquiatra dio testimonio que la Asociación Americana de Psiquiatras calificó de cuestionable y de mala conducta profesional.
• En 43 casos (la tercera parte), al abogado defensor del juicio o de la apelación inicial posteriormente le prohibieron ejercer la abogacía, o fue suspendido o sancionado.
• En por lo menos 23 casos, se presentó el testimonio de un soplón (de por sí sumamente cuestionable) en el juicio o la audiencia de sentencia.
• En por lo menos 23 casos, la fiscalía presentó una prueba de comparación de pelo, la cual es una técnica sumamente inexacta.
El presente artículo aborda los atropellos que ocurren en el proceso de apelaciones de la pena capital.
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Si bien el estado de Texas le garantiza al condenado a muerte el último recurso de entablar una apelación ante la Corte de Apelaciones, los investigadores del Tribune concluyeron que la mayoría de los que apelan no recibe una audiencia imparcial. De hecho, desde la toma de posesión del gobernador George W. Bush en 1995, la corte ha confirmado 270 condenas a muerte. En el mismo período solo ordenó que se hiciera un nuevo juicio en ocho casos y cambió la sentencia en seis.
La corte recomendó un nuevo juicio para seis condenados a muerte, debido a violaciones de derechos elementales, pero posteriormente cambió de idea y los seis fueron ejecutados.
Abogados charlatanes
La última apelación del condenado a muerte es la petición de habeas corpus, que le permite al abogado defensor hacer una nueva investigación, argumentar que la fiscalía ocultó pruebas que hubieran exonerado a su defendido, etc.
Antes de 1995, por lo general los abogados de los condenados a muerte recibían honorarios miserables o trabajaban gratis. En ese año, una ley agilizó las ejecuciones y eliminó muchas fases del proceso de apelaciones. Además fijó plazos rígidos y especificó que la Corte de Apelaciones nombrara un abogado para representar al condenado a muerte que no pueda pagar por su cuenta.
Hasta la fecha, la corte ha asignado abogados en unos 300 casos de pena capital, y muchos de ellos son incompetentes o sin experiencia. Según la investigación del Tribune, la corte nombró a ocho abogados previamente sancionados por mala conducta por el Colegio de Abogados de Texas; a cuatro de ellos los disciplinaron más de una vez (y uno todavía tenía una suspensión condicional) por no presentarse en el tribunal, mentir al Colegio de Abogados o a un juez, y retirar una demanda sin el permiso o conocimiento del cliente.
En 1995, disciplinaron al licenciado David K. Chapman por desatender a los clientes. (Siguió ejerciendo la profesión, pero tenía que cumplir ciertas condiciones.) En 1996, lo volvieron a suspender por cuatro años por no retirarse de un caso en que se determinó que "su estado mental o psicológico perjudicaba su representación del cliente". A pesar de todo eso, en 1997 la corte lo escogió para representar al condenado a muerte Leonard Rojas para su última apelación. Nueve días después, lo suspendieron nuevamente.
Si bien los demás abogados nombrados por la Corte de Apelaciones no tenían antecedentes de mala conducta, muchos eran incompetentes o tenían muy poca experiencia, y cometieron errores graves en las apelaciones.
Robert McGlohon, ex auxiliar de un juez de la Corte de Apelaciones, tenía menos de tres años ejerciendo la profesión cuando la corte lo nombró para entablar la petición de habeas corpus de Ricky Kerr en abril de 1996. No hizo más que cuestionar someramente la ley; es decir, no presentó ningún argumento de peso para un nuevo juicio y así se perdió la oportunidad de presentar esos argumentos posteriormente.
La corte manifestó que el documento de McGlohon era muy escueto, y rechazó la apelación. Kerr pidió otro abogado y la oportunidad de entablar una nueva apelación. Por su parte, un abogado, indignado por esa situación, obtuvo una declaración jurada de McGlohon, en la cual admitió que, por falta de experiencia y problemas de salud, "es posible que no haya representado adecuadamente al señor Kerr". La fiscalía no se opuso a la petición de Kerr, pero la corte la rechazó en apenas dos párrafos. El magistrado Morris Overstreet manifestó su inconformidad con la posición de sus colegas; dijo que la corte "se burló" de los derechos de Kerr y si lo llegaran a ejecutar, tendría "las manos manchadas de sangre". Agregó: "Con esta protesta, me lavo las manos ante esa decisión repugnante".
Dos días antes de la fecha programada para la ejecución, un juez federal la aplazó. Desde el pabellón de los condenados a muerte, Kerr prosigue el proceso de apelaciones.
Antes de 1995, muchos abogados defensores preparados no aceptaban defender a clientes pobres porque pagaba muy poco, un máximo de $7500. Además, sostenían que los abogados nombrados por la corte hacían un trabajo chafa; les hacía falta preparación y en muchos casos admitían que no representaban debidamente a sus clientes o que no disponían de los medios necesarios.
Por ejemplo, Erika Copeland carecía de experiencia y recursos para representar a James Clayton, condenado por el homicidio de una maestra de Abilene en 1987. Ni siquiera hizo una investigación completa; a Clayton lo ejecutaron en mayo de este año.
Copeland dijo: "No sé qué hubiera investigado ni qué pudiera haber hecho. En realidad, no tenía la preparación necesaria... la verdad es que no hice más que agilizar la ejecución".
El año pasado, el gobierno de Texas volvió a modificar el procedimiento para nombrar abogados para las últimas apelaciones en casos de pena capital: ahora los jueces los escogen de una lista aprobada por la Corte de Apelaciones. Actualmente, en esa lista de 100 abogados figuran cuatro que han sido sancionados por mala conducta.
La Corte de Apelaciones
Muchos magistrados de la Corte de Apelaciones son muy conservadores y hacen campaña electoral con promesas de "mano dura".
Por ejemplo, el juez Stephen Mansfield, elegido en 1994, ha criticado a la corte por revocar condenas por "razones insustanciales". (Mansfield mintió sobre su pasado; ocultó el hecho de que lo multaron en el estado de Florida por ejercer la abogacía sin licencia. Además, dijo que era originario de Texas y que tenía mucha experiencia en derecho penal, cuando en realidad nació en Massachusetts y se especializaba en pleitos de seguros. Aunque esas mentiras salieron a la luz, Mansfield triunfó en las urnas. El Colegio de Abogados lo reprendió; luego en 1998, lo detuvieron por reventa de boletos en un partido de fútbol en la Universidad de Texas.)
Otra magistrada de "mano dura", Sharon Keller, ex fiscal sin experiencia de juez, se integró a la Corte de Apelaciones el mismo mes que Bush tomó posesión en 1995. En abril del presente, el Partido Republicano la nombró como candidata a la presidencia de la corte (que es el tribunal superior del estado).
De los ocho casos en que la corte ha ordenado un nuevo juicio para condenados a muerte desde 1995, Keller se opuso en seis. A pesar de factores como, por ejemplo, mala conducta de la policía o los fiscales, Keller sostuvo que no se cometió ningún error o, si bien se cometió, no perjudicó al acusado.
Similar fue el caso de Ray Criner, sentenciado a 99 años de cárcel a raíz de la violación y muerte de a una joven de 16 años. Lo acusaron de homicidio, pero retiraron los cargos por falta de evidencia. Luego lo acusaron de violación a pesar de que decía que era inocente, porque tres testigos dijeron que les contó que le dio un aventón a una joven y la violó.
En su juicio de 1980, la fiscalía sostuvo que Criner no tenía cómplices y que su tipo de sangre correspondía al semen que encontraron en la vagina de la víctima. Sin embargo, posteriormente una prueba de ADN comprobó que no era cierto.
En 1988, por un voto de 5 a 3 con una abstención, la Corte de Apelaciones decidió no tomar en cuenta los resultados de la prueba de ADN. Sharon Keller escribió que la corte coincidía con la teoría de la fiscalía de que era posible que Criner tuviera condón o que no eyaculara. En una entrevista que le hicieron para un documental del programa "Frontline" de PBS, Keller dijo que era "posible" que Criner fuera inocente, pero que no por eso se merecía una audiencia.
El magistrado Marshall, quien se opuso a darle una audiencia, le dijo al Tribune que "se había equivocado", y si hubiera otra oportunidad, cambiaría su voto. Llegó a esa conclusión tras ver el documental de "Frontline", estudiar los memoriales y reflexionar.
César Fierro es de Ciudad Juárez y se crió en la zona fronteriza. En 1979, cinco meses después del homicidio de un taxista de El Paso, Gerardo Olague, de 16 años, lo denunció a la policía. Habían arrestado a dos hombres, pero no entablaron acusaciones contra ellos aunque un testigo declaró que uno se bajó del taxi después del homicidio, y otro testigo declaró que el día que murió el chófer uno conducía el taxi y el otro iba con él.
Ninguna prueba física vinculaba a Fierro al homicidio; sin embargo, lo declararon culpable por el testimonio de Olague y por su propia "confesión".
En cuanto a la "confesión", Fierro dice que los judiciales detuvieron a sus padres en Ciudad Juárez, México, y amenazaron con torturar a su padre con choques eléctricos a los genitales y, por eso, firmó la declaración. En una entrevista desde el pabellón de la muerte en Livingston, Texas, dijo: "Me dijeron que si la firmaba, los iban a soltar y si no los iban a torturar".
Era un caso muy claro de confesión coaccionada; sin embargo, lo declararon culpable y lo condenaron a muerte. Posteriormente, un juez recomendó un nuevo juicio y la Corte de Apelaciones reconoció que la policía cometió perjurio y violó sus derechos elementales. Aun así no recibió un nuevo juicio porque la mayoría de los nueve magistrados concluyó que la violación de sus garantías "no lo perjudicó".
Diez años después, una corte distrital opinó que "era muy probable" que la confesión fuera coaccionada y que se merecía un nuevo juicio. El subfiscal declaró que ahora creía que los agentes de El Paso y Ciudad Juárez "conspiraron para coaccionarlo" y que no hubiera entablado las acusaciones si no fuera por la confesión, dado que el testimonio de Olague por sí solo no fue convincente. De hecho, Olague se contradecía a tal grado que el juez recomendó que los jurados no desecharan la posibilidad de que fuera cómplice y que adoptaran una actitud crítica, dado que esa clase de testigo tiene motivos para mentir y encubrir su propio papel.
Por su parte, la fiscalía general del estado sostuvo que Fierro no debía seguir argumentando que lo coaccionaron porque después de 20 años "para el gobierno es imprescindible resolver el asunto de una vez por todas".
La Corte de Apelaciones rechazó la apelación con un voto de 5 a 4. La magistrada Sharon Keller escribió que la corte consideraba que a Fierro lo hubieran declarado culpable por el testimonio de Olague, con o sin la confesión.
La condena injusta
de ShakaAsimismo, a Shaka Sankofa (Gary Graham) lo condenaron injustamente, y rechazaron todas sus apelaciones. De joven lo sentenciaron a muerte por homicidio. En la cárcel se conscientizó, se dio cuenta de las muchas injusticias sociales y llegó a ser revolucionario.
Tuvo un abogado totalmente incompetente nombrado por la corte, quien daba por hecho que era culpable e inclusive le dijo al investigador que no perdiera el tiempo. Tampoco respondió al testimonio de Bernadine Skillern, la única testigo ocular que dijo que Shaka fue quien mató a la víctima; Skillern vio momentáneamente al hombre que disparó desde una distancia de 10 ó 15 metros, de noche, en un estacionamiento mal alumbrado.
Los abogados de Shaka encontraron a nuevos testigos que estuvieron en el estacionamiento en el momento del homicidio y estaban seguros de que Shaka no era culpable. Por otra parte, argumentaron que la policía manipuló a Skillern, pues ella no identificó a Shaka de un grupo de fotos que le mostraron poco después del incidente ni Shaka respondía a su primera descripción del hombre que disparó. Además, el arma de Shaka no disparó la bala que mató a la víctima y ninguna prueba física lo vinculaba al crimen.
A pesar de todo, las cortes rechazaron todas sus apelaciones. Un abogado le dijo al New York Times: "El caso de Gary Graham pone de relieve los defectos del sistema de la pena de muerte de Texas. Tuvo un abogado malísimo que no presentó pruebas de su inocencia, es decir, evidencia forense y testigos oculares que lo hubieran exonerado. Al destaparse esas pruebas posteriormente, las cortes decidieron que ya era muy tarde y no las tomaron en cuenta".
El año pasado, un tribunal federal rechazó la petición de habeas corpus de Shaka por la Ley de la Pena de Muerte Efectiva, a pesar de que la petición se entabló antes de que se aprobara esa ley. El 1 de mayo del presente, la Suprema Corte federal rechazó una apelación, y así ratificó el fallo del tribunal inferior. Los tribunales se negaron a oír las nuevas pruebas, ˇa pesar de que el abogado de Shaka nunca las presentó en el juicio! Unos días después, Bush firmó la orden de ejecución y ejecutaron a Shaka el 22 de junio.
El gobernador verdugo
El gobernador George W. Bush es la máxima autoridad del estado de Texas y, con la recomendación de la Junta de Libertad Condicional, puede dar clemencia--cadena perpetua--a un condenado a muerte o aplazar su ejecución por 30 días. Asimismo, puede pedir que la junta investigue el caso. La junta tiene 18 integrantes, nombrados por Bush, quienes no celebran reuniones públicas y mandan su voto por fax; tampoco explican las razones para tomar una decisión de vida o (más comúnmente) muerte.
Bush ha aprobado muchísimas ejecuciones, 135 en total o una cada 15 días. Prácticamente todos esos condenados son pobres y han tenido abogados nombrados por la corte. En promedio, en un caso de pena capital el fiscal gasta 20 veces más que el abogado nombrado por la corte.
Bush se ha opuesto a todo lo que pudiera frenar el ritmo de las ejecuciones (como prohibir la ejecución de retrasados mentales). En junio de 1995, poco después de la toma de posesión, aceleró y recortó las apelaciones. Dijo: "Los asesinos que han recibido la pena capital ya no podrán postergar indefinidamente la hora de la justicia".
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En Texas, las ejecuciones se realizan en la Unidad Walls de la prisión de Huntsville, donde estaba programada la ejecución por inyección letal de Odell Barnes el 1 de marzo. Se cuestionaba su condena por homicidio en 1989, pues su abogado de apelación descubrió que posiblemente lo incriminaron con una prueba de sangre inventada.
Al momento de atarlo a la camilla, el alcaide recibió una llamada desde Wichita Falls, el pueblo de Barnes, donde corría el rumor de que un antiguo amigo suyo, Johnny Ray Humphries, confesó que cometió el crimen. Cuenta Humphries que en ese momento, le habló el fiscal y este le dijo: "Un momento, Johnny Ray... ˇolvídalo! Acabamos de matarlo".
En una entrevista de 1996, Shaka Sankofa habló de las grandes injusticias de la pena de muerte en Estados Unidos: "La única manera de resolver eso de una manera significativa y cuantitativa es atacando al sistema. No queremos reformas, no nos sirven para nada. Para nosotros no hay un proceso de clemencia justo ni humano que lleva a una ejecución. Queremos abolir todo el proceso, queremos eliminar todo el proceso".
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