"Conoce al enemigo y conócete a ti mismo y ganarás cien batallas...."
Policías de títeres en la Convención Republicana
Obrero Revolucionario #1079, 20 de noviembre, 2000, en rwor.org
El 1º de agosto, en vísperas de las más acaloradas protestas de la convención del Partido Republicano, la policía allanó un edificio de West Filadelfia, donde se hacían títeres para las protestas de ese día contra el sistema judicial, la pena de muerte y la ejecución de Mumia Abu-Jamal. Nunca llegaron, pues la policía destruyó los títeres y arrestó a 75 personas dentro y fuera del edificio.
En realidad, la acción policial empezó una semana atrás, cuando cuatro desconocidos acudieron a la bodega ubicada en la esquina de 41 y Haverford. Los hombres--que dieron los nombres Tim, Harry, George y Ryan--eran mayores que los activistas. Se presentaron como carpinteros especializados en la construcción de tarimas. Eran buenos trabajadores, dijeron los jóvenes, pero no hablaban mucho de política.
Resulta que los cuatro eran tiras que espiaban a los organizadores y buscaban pretexto para una orden de cateo. No se sabe qué otras tareas cumplían.
Todo eso salió a la luz en septiembre, cuando se dio a conocer una declaración jurada presentada en un tribunal antes de la convención. La escribieron dos policías estatales de un equipo especial "de varias unidades de la Policía Estatal de Pensilvania asignadas a la Convención Republicana", y dice: "La investigación cuenta con policías estatales que han infiltrado varios grupos que se proponen realizar actos ilegales".
Red nacional de policías
La declaración jurada empieza con el "currículum vitae" de los agentes y da un vistazo a la red de operaciones policiales que entró en juego durante la convención.
Un tiras, el cabo Howard W. Shepard, es supervisor de la unidad de evaluación de investigaciones penales del Departamento de Investigación Penal de la Policía Estatal de Pensilvania. El otro, el agente Gregg J. Kravistkly, ha participado en más de 125 investigaciones clandestinas y recibió "capacitación especializada en investigaciones penales y de narcotráfico de la Policía Estatal de Pensilvania, la Procuraduría General del estado de Pensilvania, la DEA, el IRS y la MAGLOCLEN".
Estas siglas nos dan una pista. "MAGLOCLEN" es parte de una red policial, financiada por el Departamento de Justicia federal, que coordina información y operativos contra "redes criminales" que operan en varios estados. La capacitación de la DEA que se menciona suena como la "Operación Pipeline", un programa que capacita a la policía de todo el país a parar gente por infracciones de tránsito y acusarla de delitos de droga, y después pone su nombre en las bases de datos policiales. Por ese programa, se ha visto una oleada de detenciones por el color de la piel ("racial profiling") en los últimos años en el país. La presencia de policías estatales con esa clase de capacitación durante las protestas es interesante, pues muestra cómo el gobierno federal vincula los departamentos de policía para fines de represión política.
Criminalizar el disentimiento
La declaración jurada indica cómo pensaban lidiar las autoridades con las protestas de la convención. Describe las fuerzas políticas que iban a estar; en particular, menciona la Red de Acción Directa, ACT-UP Filadelfia, la Kensington Welfare Rights Union, la Sociedad Ruckus, la Caja Negra-Bloque Revolucionario Anticapitalista, Comité R2K de la Red de Acción de Consumidores de Pensilvania, Familiares y Amigos Internacionales de Mumia Abu-Jamal, Campaña Popular Nacional/Mundo Obrero y ¡Rehusar y Resistir!. Cita a los organizadores y acciones previas para dar la impresión de que iban a cometer delitos durante la convención. Para la policía, eran criminales simplemente por declarar que iban a protestar.
La policía trató de "criminalizar el disentimiento" para neutralizar el impacto de las críticas a las injusticias del sistema durante la convención. La declaración jurada está llena de especulaciones y rumores acerca de lo que iba a suceder en Filadelfia y lo que pasó en las protestas de Seattle contra la Organización Mundial de Comercio y en Washington, D.C., contra el Fondo Monetario Internacional. Expresa preocupación de que las protestas lograran atascar el tránsito y causar mayores problemas, y pinta eso como siniestro y criminal.
Por ejemplo, la declaración jurada cita la misión declarada del Centro Independiente de Prensa (IMC). Es muy sencilla: "Nos concentraremos en lo que ocurre fuera del Centro de Convenciones: examinaremos el impacto que tiene en la ciudad y en sus residentes, y la amplia gama de perspectivas presentes en las marchas, mítines y otros eventos durante la semana". A eso, la declaración jurada añade el barniz de criminalidad: reconoce que hubo centros independientes de prensa en Seattle y Washington, D.C., y afirma que "la información recabada indica que los miembros del IMC montaron contravigilancia a la policía. Grabaron comunicaciones radiales policiales y las transmitieron en vivo por la Internet. El IMC facilitó las comunicaciones entre diferentes grupos de manifestantes y coordinó sus movimientos".
Con todos los tiras que tenía la policía política en Filadelfia, resulta indignante acusar al IMC de "montar contravigilancia": ¡claro que a la prensa independiente le iba a interesar lo que hacía la policía! En cuanto a la acusación de oír las comunicaciones de la policía, ¿a poco la gran prensa no hace eso a diario, pero con el objetivo de ayudar a la policía en su trabajo sucio, ya sea controlar las protestas o crear apoyo para la desalmada guerra contra el pueblo que llaman "guerra al crimen"? En otras palabras, lo que dan a entender es que la policía y las demás fuerzas del orden tienen el derecho de vigilar, infiltrar, arrestar, interrogar, etc., cuando se les da la gana; pero si el pueblo alza la mano contra el sistema, por ejemplo oyendo las comunicaciones policiales, eso no se permite y es prueba de una "conspiración criminal".
Los grandes medios de comunicación recalcaron la imagen de caos que pregonaba la policía. En muchos medios, se informó que un aparato para colgar títeres era "una honda gigante" y que otro aparato para girar fuego eran "trapos empapados de keroseno". Llegaron hasta la locura de anunciar que la policía capturó un autobús lleno de lagartijas, ratones, ranas, grillos, culebras y sapos (algunos venenosos, según la prensa). La policía dijo que los manifestantes iban a usar esos animalitos en las protestas o quizás iban a soltarlos en la convención. A los diez días, la policía--sin comentario noticioso--devolvió el autobús y la mayoría de los mil animalitos, pues desde un principio estaban destinados a... una tienda de mascotas.
Mentiras y negativas
A raíz del allanamiento de la bodega de títeres, la policía negó rotundamente haber infiltrado a algún grupo, tal como antes de la convención negó haber espiado. En otras palabras, mintió.
A principios de julio, los activistas denunciaron la presencia de hombres con cámaras frente al lugar donde se reunían. El subcomisionado de policía, Robert Mitchell, dijo: "No, eso no lo hicimos nosotros". A las dos semanas, cuando un periódico vinculó la placa del carro a la policía de Filadelfia, la vocera policial aceptó: "Sí, espiamos". Pero en la misma entrevista, afirmó: "No hemos infiltrado a ningún grupo".
El descubrimiento de los policías infiltrados inquietó a los que trabajaron con ellos. Un joven, que les ayudó a construir una carroza, le dijo al periódico Philadelphia Inquirer que, aunque tenía sospechas debido a la apariencia de los cuatro "carpinteros voluntarios", pensaba que era un prejuicio injustificado: "Me pregunté: `Toda persona con esa apariencia, ¿tiene que ser policía?' No me gustó que yo pensara así". El problema es que la apariencia no ayuda mucho a solucionar un asunto tan difícil. Un indicio mejor fue el hecho de que, como los manifestantes le comentaron al Philadelphia Inquirer, "[Los `carpinteros'] no tenían mucho conocimiento ni interés en política". Es una lección profunda acerca de la importancia de conocer al enemigo y al pueblo.
Los arrestados de Filadelfia
Durante el mes de septiembre, los centenares de arrestados durante la Convención Republicana han tenido que comparecer en los tribunales por varias acusaciones menores y algunas acusaciones serias. Han aprovechado la ocasión para condenar el sistema y demostrar solidaridad con sus compañeros.
El 16 de septiembre, se leyó esta declaración de R2K Legal en el juzgado: "Los abusos del sistema de justicia penal que condenamos durante la convención no han desaparecido. Al contrario, tanto el maltrato que experimentamos como la situación inhumana que viven los demás presos han reafirmado nuestra convicción de que era necesario alzar la voz. Queremos que la corte sepa que consideraremos toda opción que nos ofrezca, pero que para que haya justicia, estamos plenamente preparados para un juicio con jurado. La gente de Filadelfia y del país necesita saber que no es correcto hablar de unos manifestantes "buenos" y otros "malos". TODOS participamos en una acción política consciente y no violenta contra el racismo, la brutalidad policial, la pena de muerte y el encarcelamiento de Mumia Abu-Jamal y otros presos políticos. Tenemos muy presentes a los acusados injustamente de delitos graves y nos solidarizamos con ellos".
En un caso, ya se han descubierto pormenores de la actividad policial. Un fiscal le dijo al juez que entre las "evidencias" contra Kate Sorenson, de ACT-UP en Filadelfia, está un video grabado por el FBI. La agencia noticiosa Associated Press informó: "Quedan por revisar muchos videos y documentos recibidos de las autoridades federales, estatales y municipales". Sin duda, saldrá a la luz más mugre.
Hasta ahora, los tribunales han procesado a unas trescientas personas. Unas 185 optaron por un juicio con jurado. Otras 106 se declararon culpables de acusaciones menores que conllevan una multa de 300 dólares y seis meses de libertad condicional (sin supervisión); además, les borrarán el expediente. Muchos arrestados son jóvenes; sus padres los apoyan y los acompañan. El médico Art McTighe alzó el puño en señal de apoyo cuando su hija Laura pidió un juicio. Le dijo al Inquirer: "El alcalde Street, la fiscal del distrito, Lynne Abraham, y el comisionado de policía han pisoteado la Carta de Derechos y han criminalizado sistemáticamente el disentimiento".
El desafío de los acusados en el juzgado llegó a tal grado que un día el juez dijo: "No voy a aceptar más protestas esta tarde". Los mandó a otro cuarto para que decidieran su estrategia; cuando regresaron, muchos tenían tapada la boca con cinta como protesta.
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