El escándalo de Rampart
Parte 2: Maniobras, negociaciones y presiones
Obrero Revolucionario #1080, 27 de noviembre, 2000, en rwor.org
Los Angeles, 15 de noviembre. ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Culpable! Después de deliberar cuatro días, el jurado del primer juicio sobre la corrupción de la División Rampart del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) declaró culpables a tres de los cuatro policías acusados de fraguar pruebas y falsificar informes. Los abogados de los policías quedaron "sorprendidos y desorientados", y los policías no lo podían creer. Estaban seguros de que triunfaría la impunidad, pues los acusados eran policías, y sus abogados se especializan en la defensa de policías y uno fue policía. ¿Quiénes recopilaron las pruebas e hicieron las investigaciones pertinentes? Policías. Casi todos los testigos eran policías, y la jueza es pro policía y esposa de un ex fiscal especializado en encausar pandilleros.
Sin embargo, el jurado vio lo mentirosos que son los policías y sus testigos, y no se dejó embaucar con el cuento de que las víctimas de los policías eran pandilleros y asesinos despiadados. El presidente del jurado, al explicar por qué los declararon culpables de "conspiración y obstrucción de justicia, perjurio y falsificar informes", dijo: "Decidimos que sí hay un código de silencio".
El escándalo de la División Rampart estalló hace más de un año, cuando el agente Rafael Pérez de la unidad antipandilla CRASH de Rampart se declaró culpable de robarse drogas de los casilleros donde guardan evidencia para venderlas. A cambio de una sentencia menor, empezó a cantar sobre las fechorías de CRASH.
Incriminó a docenas de agentes que, amparados por sus supervisores, cometieron delitos y salvajismos. Sus escalofriantes relatos pusieron al descubierto que CRASH libra una guerra sistemática contra el pueblo, sobre todo los jóvenes, del barrio Pico-Union (donde queda la División Rampart).
Tras meses de indignación popular y luchas intestinas de la clase dominante, entablaron unas cuantas acusaciones contra los sargentos Brian Liddy y Edward Ortiz, y los agentes Paul Harper y Michael Buchanan, basadas en el testimonio de Pérez.
El que se haya declarado culpables a tres policías es un golpe contra el sistema. Pero no olvidemos que el sistema siempre trata de atenuar los veredictos de culpabilidad. Los policías han declarado que apelarán y la jueza todavía no ha dictado la sentencia, que podría ir de libertad condicional a cuatro años de prisión. Sea cual sea el resultado, lo cierto es que la clase dominante seguirá maniobrando para cerrar este escándalo sin causarle más daño al sistema. A continuación publicamos la segunda parte de un análisis del escándalo; la primera parte salió la semana pasada.
La corrupción policial preocupa a la clase dominante
El Los Angeles Times inició las denuncias contra la División Rampart. Eso fue una expresión pública de fuertes diferencias de la clase dominante sobre cómo lidiar con el problema de la corrupción del LAPD. Por lo general, la clase dominante prefiere resolver estas cosas con pactos a puerta cerrada. Especialmente cuando se trata de asesinatos a sangre fría, conatos de asesinato, trampas y falsificación de pruebas, el debate público podría minar la autoridad de la policía y confirmar ante toda la sociedad lo que las masas vienen diciendo desde hace mucho tiempo sobre la conducta de la policía en sus comunidades.
Más de un año antes de que se diera a conocer públicamente el escándalo de Rampart, el LAPD se enteró de que Rafael Pérez era narcotraficante e intentó resolver el problema en silencio. Pero un sector de la clase dominante decidió que era necesario sacar al sol los trapos sucios para imponer ciertos cambios en el LAPD, aunque se dañara la imagen y la confianza pública de la policía. O sea, no solo querían el despido de unos cuantos policías podridos sino cambios sistémicos, y con ese fin sacaron el problema a la luz del día.
Lo que le molesta a ese sector de la clase dominante no es la brutalidad sino la corrupción. Precisamente cuando el gobierno le está apretando las clavijas al pueblo (para lo cual necesita una fuerza policial disciplinada), es un problema que hay pequeños grupos de policías por todo el país sacan provecho de la actividad delictiva que supuestamente deben controlar. La corrupción tiene impacto en el pueblo y presenta el peligro de aumentar el desacato a la autoridad.
Ya son muchos los que no confían en la policía. Pero si las masas, especialmente la juventud, llegan a la conclusión de que todos los policías son corruptos, que no se hará justicia cuando los policías los acusan injustamente y que el sistema judicial en general está del lado de los policías, podrían decidir que más vale tomar la situación en manos propias. Además, si la clase media se escandaliza de la brutalidad y corrupción policiales y se da cuenta de que la justicia no es igual para todos, pues dejará de defender al sistema.
Lucha intestina y pactos de la burguesía
Mientras el Los Angeles Times salía con un editorial tras otro sobre la necesidad de erradicar la corrupción, el jefe de policía y el alcalde pusieron en marcha su propia campaña de obstrucción y de restarle importancia al escándalo. Con ese fin divulgaron un informe de la Junta de Investigación del LAPD que le echa la culpa a la "mediocridad" en el departamento y a un puñado de agentes pícaros que actúan por su propia cuenta.
En mayo, tras meses de disputas y maniobras de la clase dominante de Los Angeles, el Departamento de Justicia federal intervino. Primero amenazó con entablar una demanda contra el LAPD por "un patrón y práctica" de mala conducta: disparos, detenciones, registros e incautaciones de propiedad indebidos. Un juicio pondría de relieve lo sistemática y deliberada que es la brutalidad del LAPD, y si salía perdiendo (lo cual era muy probable ya que la misma Junta de Investigación del LAPD reconocía la mala conducta), el LAPD tendría que hacer cambios bajo la autoridad de un juez federal. Para evitar eso, el Departamento de Justicia propuso una alternativa: que el LAPD se comprometiera a hacer ciertas reformas, para lo cual tendría que firmar un documento (llamado Decreto de Mutuo Acuerdo). Pero eso implicaba que un juez federal supervisaría las reformas, así que el jefe de policía y el alcalde se opusieron. Tras meses de negociaciones y confrontaciones en secreto, y de fuertes presiones de otros sectores de la clase dominante, a mediados de septiembre el jefe de policía y el alcalde dijeron que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo y a firmar el decreto. Dos días después, el Los Angeles Times sacó un artículo sobre Sonia Flores, la ex novia de Rafael Pérez, el agente que incriminó a otros agentes de la División Rampart. Flores decía que Pérez era narcotraficante en 1992, años antes de que entrara a la unidad CRASH, y cuando supuestamente era un buen policía. Eso ofreció una manera de dar por concluido el escándalo: si se lograba desacreditar a Pérez, también se podían desacreditar sus acusaciones.
Pero teniendo en cuenta la posibilidad de que el jefe de policía y el alcalde no firmaran el decreto, el Los Angeles Times escribió que las revelaciones de Flores podrían interpretarse de dos maneras: "Primero, que la criminalidad policial (el núcleo del escándalo) va más allá de la División Rampart y ocurrió antes de la mala conducta de la unidad CRASH. Segundo, podrían quitarle a la fiscalía su principal testigo". Mejor dicho, el periódico decía que se podría parar el escándalo si las autoridades angelinas firmaban el decreto, pero si no, el escándalo podría extenderse y ampliarse. Cuatro días después prometieron obedecer el decreto "diligentemente".
Un par de días después salió otro artículo en el Los Angeles Times sobre Sonia Flores. Pero esta vez, el mismo periódico que llevaba un año desenmascarando la criminalidad de la policía a partir del testimonio de Pérez, dio media vuelta y lanzó un ataque contra él, repitiendo las acusaciones de Flores de que él mató a por lo menos cuatro personas y las enterró cerca de Tijuana. Sea cierto o no, y aunque ahora Flores admite que mintió, la consecuencia fue desacreditar a Pérez, y el juicio de otros policías en el futuro. Por más de un año, usaron las revelaciones de Pérez para presionar al LAPD a efectuar cambios, pero ahora acusan a Pérez de mentiroso ratero y dicen que por su culpa no se puede condenar a los policías.
Ahora que todas las partes han aceptado que se necesita un Decreto de Mutuo Acuerdo, pueden seguir negociando y regateando en secreto los cambios que tendrá que efectuar el LAPD. Pero desde el punto de vista del pueblo, el decreto no hará justicia ni cambiará la conducta de la policía.
Inquietudes de la clase dominante
Si bien persisten importantes diferencias y desacuerdos entre las autoridades sobre cómo debe desempeñarse el LAPD, ahora temen que si siguen desenmascarando la criminalidad y brutalidad de la policía la situación se les podría escapar de las manos. Las fechorías de Pérez salieron a flote hace más de un año y muchos exigen justicia para las víctimas del LAPD. El escándalo de Rampart fue un punto álgido el Día Nacional de Protesta contra la Brutalidad Policial el 22 de octubre, en el que participaron más de 2500 personas. El apoyo público al LAPD ha menguado considerablemente, y ha afectado a otros elementos del sistema de justicia penal (la fiscalía, los jueces y el defensor público) que han sido implicados en injusticias contra inocentes.
Otra de las inquietudes de la clase dominante es la moral del LAPD, que está desplomándose. En el último año y medio, más de 1000 agentes han renunciado, se han trasladado a otras dependencias o se han jubilado antes de tiempo. El LAPD no ha podido reclutar suficientes agentes y ha tenido que cancelar cursos en la academia por falta de reclutas. Mantener alta la moral de la policía es algo complejo: requiere apoyo de la ciudadanía y, lo que es más importante, darle apoyo oficial a los agentes cuando cumplen el papel de reprimir a la población. Por ejemplo, el jefe de policía corrió a defender a los agentes que asesinaron a Margaret Mitchel, una mujer sin techo que tenía un destornillador, o al agente que mató al actor negro Anthony Dwain Lee durante una fiesta de Halloween porque supuestamente le apuntó una pistola de juguete.
La clase dominante necesita policías listos y dispuestos a matar y maltratar para proteger el statu quo. Como ha dicho Carl Dix, vocero nacional del PCR: "La brutalidad policial es una parte integral de esta sociedad. Vivimos en una sociedad dividida en los que tienen mucho y los que no tienen nada. Los que tienen mucho, la clase capitalista, dominan a la gran mayoría de la población y reprimen por la fuerza de las armas a los que explotan, aquí y por todo el mundo. Mantener esa situación injusta requiere una fuerza policial capaz de llevar a cabo actos de brutalidad y asesinato incalificables. No todos los agentes han matado, pero la gran mayoría ha tapado crímenes o se ha hecho el de la vista gorda cuando ocurren".
Las luchas intestinas de la clase dominante pueden sacar a flote algunas de las fechorías de este sistema. Pero las autoridades tienen sus propias razones e intereses de clase para hacerlo, y sería un gran error pensar que se puede confiar en ellas para obtener justicia. Sin embargo, debemos aprovechar esos momentos, cuando dejan salir una parte de la verdad, para poner en evidencia todo el podrido sistema. Nosotros, las víctimas de la brutalidad y criminalidad policiales, sabemos la verdad, sabemos lo que está pasando. Solo nosotros podemos exigir justicia sin concesiones. Por eso decimos: ¡solo el pueblo puede parar la brutalidad policial, la represión y la criminalización de una generación!
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