Los Angeles: Anulan el veredicto de Rampart
Obrero Revolucionario #1088, 28 de enero, 2001, en rwor.org
¡Continúan las infamias en el escándalo del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD)! En noviembre, un jurado condenó a tres agentes de la unidad CRASH de la delegación Rampart de "conspiración y obstrucción de justicia, perjurio y falsificación de informes". Aunque no los acusaron de los peores crímenes, como asesinato, el hecho de que un jurado los condenara fue un golpe al sistema.
Pero unas semanas más tarde, la jueza Jacqueline Conner, del Tribunal Superior de Los Angeles, simplemente anuló el veredicto. Los tres (los sargentos Edward Ortiz y Brian Liddy, y el agente Michael Buchanan) eran tropas de asalto de la guerra contra el pueblo, especialmente en el barrio inmigrante de Pico-Union. Ortiz, en particular, estaba metido en muchos crímenes de CRASH. Por ejemplo, en 1996 impidió que una ambulancia fuera a ayudar a Juan Manuel Saldana, un hombre desarmado baleado durante una redada en un multifamiliar, y murió desangrado. Los agentes le pusieron encima una pistola para despertar sospechas.
Ahora, los tres agentes están libres. Para evitar protestas, la jueza anuló el veredicto a medianoche el viernes del fin de semana de navidad.
El escándalo de Rampart estalló en septiembre de 1999, cuando el agente Rafael Pérez de la unidad antipandilla CRASH de Rampart se declaró culpable de robarse drogas para venderlas de los casilleros donde guardan evidencia. A cambio de una sentencia menor, empezó a cantar sobre las fechorías de CRASH. Incriminó a docenas de agentes de asesinato, robo, salvajismo y falsificar pruebas, y a los supervisores, los jueces, los fiscales y los comisionados de policía que los premiaron, conspiraron con ellos y encubrieron sus crímenes. Desde que estalló el escándalo, han tenido que despedir o suspender a docenas de agentes y absolver a más de 100 personas acusadas falsamente. Además, se han puesto en duda miles de condenas.
Ortiz, Liddy y Buchanan son los primeros agentes juzgados hasta la fecha a raíz del escándalo (otro espera juicio). Los juzgaron por acusar falsamente a Raúl Muñoz y César Natividad de atropellarlos con su camioneta. Muñoz y Natividad fueron a parar a la cárcel. El jurado declaró que los agentes mintieron.
Desde el comienzo los abogados de la policía y la jueza Conner atacaron el veredicto. Primero salió un informe de que un jurado suplente habló con el presidente del jurado durante el juicio y que este le dijo que creía que los agentes eran culpables. Los jurados no pueden hablar de las pruebas ni ofrecer opiniones sobre el veredicto hasta la fase de deliberaciones, así que dicha conversación hubiera sido suficiente para declarar nulo el juicio. La jueza mandó celebrar una audiencia sobre el asunto, pero no encontró pruebas de la supuesta conversación.
Luego la jueza permitió a los abogados de los policías presentar una serie de declaraciones juradas de los jurados. Esas declaraciones se concentraron en un punto: la afirmación de los agentes de que Muñoz y Natividad eran culpables de "agresión con fuerza suficiente para causar graves heridas corporales". Las declaraciones supuestamente demuestran que los jurados no estaban de acuerdo: que unos pensaban que los agentes inventaron todo el incidente y otros que exageraron su gravedad. Los jueces casi nunca permiten entablar tales declaraciones tras un juicio. Pero la jueza Conner las aceptó y acusó a los jurados de "mala conducta" porque dieron un veredicto sin resolver ese desacuerdo y no dieron los pasos "lógicos".
En las calles de Los Angeles la gente se pregunta: "¿Puede un juez anular así no más el veredicto de un jurado?" En realidad, por ley un juez no puede tomar en cuenta el "proceso mental" del jurado para anular un veredicto. Incluso los corresponsales de la prensa y los comentaristas de derecho dijeron que la decisión fue "inusual", "extraordinaria" y "poco común".
Para tapar el hecho de que tomó en cuenta el "proceso mental" del jurado, la jueza Conner afirmó que las declaraciones juradas son "hechos irrefutables". El 11 de diciembre la fiscalía de Los Angeles anunció que iba a apelar, pero previendo eso la jueza le puso muchos obstáculos a una apelación y a un nuevio juicio de los tres agentes. La fiscalía dijo que tendría que "estudiar la decisión cuidadosamente".
La jueza Conner también puso otro obstáculo a una apelación: anunció que ella misma cometió un error grave durante el juicio. El jurado pidió que se le leyera el testimonio de las actas sobre si la camioneta de Muñoz y Natividad causó "graves heridas corporales" a los agentes. La jueza dijo que no porque no era importante. Ahora dice que es un asunto central y que no permitirle al jurado volver a oír ese testimonio contribuyó al "veredicto incorrecto".
Todo el juicio estuvo repleto de policías: los acusados eran policías y sus abogados eran defensores profesionales de policías; la policía reunió las pruebas; casi todos los testigos eran policías; y la jueza es conocida por ser amiga de la policía. Sin embargo, el jurado vio lo mentirosos que son los policías y sus testigos, y no se dejó embaucar con el cuento de que las víctimas de los policías eran pandilleros y asesinos despiadados. No permitió que los agentes salieran impunes.
El presidente del jurado, Víctor Flores, disputó las declaraciones de la jueza sobre el jurado y el veredicto: "Como jurados, decidimos que el accidente nunca ocurrió, y que por eso lo de `graves heridas corporales' no tenía importancia". Explicó que le dieron mucho peso al video del incidente filmado desde un helicóptero, que demuestra que la versión de los agentes es mentira. Dijo: "Decidimos que sí hay un código de silencio.... Desde el comienzo vi que [la jueza] estaba del lado de la defensa". Otro jurado comentó: "Muchos opinaban que [los agentes] se inventaron el cuento".
El escándalo de Rampart estalló a raíz de una lucha en el seno de la clase dominante por el problema de la corrupción del LAPD. Un sector, molesto no por la brutalidad policial sino por la corrupción, decidió que era necesario sacar al sol los trapos sucios de Rampart para imponer ciertos cambios. Precisamente cuando el gobierno le está apretando las clavijas al pueblo (para lo cual necesita una fuerza policial disciplinada), es un problema que pequeños grupos de policías por todo el país saquen provecho de la actividad delictiva que supuestamente deben controlar. La corrupción tiene impacto en el pueblo y presenta el peligro de aumentar el desacato a la autoridad.
Pero durante el juicio, parecía que la clase dominante de conjunto quería absolver a los tres agentes, a fin de maquillar la imagen del LAPD para que pueda continuar su misión de reprimir al pueblo. El veredicto no concordó con esos planes.
Ahora parece que a ciertos sectores de la clase dominante les preocupa que la decisión de la jueza Conner se vea como otro encubrimiento de los crímenes del LAPD. Gil Garcetti (el fiscal anterior) y el jefe de policía, Bernard Parks, tuvieron muchas confrontaciones públicas sobre el escándalo de Rampart. Ahora Parks dice que apoya la decisión del nuevo fiscal de apelar la decisión de la jueza Conner. El Los Angeles Times pidió un nuevo juicio. Por otro lado, la jueza Conner no tomó esa decisión por su cuenta: tiene el apoyo de otras fuerzas de la estructura de poder que quieren anular el veredicto.
Las luchas intestinas de la clase dominante pueden sacar a flote algunas de las fechorías de este sistema. Pero como informamos durante el juicio: "Las autoridades tienen sus propias razones e intereses de clase para hacerlo, y sería un gran error pensar que se puede confiar en ellas para obtener justicia. Sin embargo, debemos aprovechar esos momentos, cuando dejan salir una parte de la verdad, para poner en evidencia todo el podrido sistema. Nosotros, las víctimas de la brutalidad y criminalidad policiales, sabemos la verdad, sabemos lo que está pasando. Solo nosotros podemos exigir justicia sin concesiones. Por eso decimos: ¡solo el pueblo puede parar la brutalidad policial, la represión y la criminalización de una generación!" (De "El escándalo de Rampart en el juzgado", OR Nos. 1080 y 1081, que se pueden encontrar en: rwor.org)
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