Obrero Revolucionario #1118, 16 de septiembre, 2001, en rwor.org
Los Ángeles. Hace dos años, en septiembre de 1999, el policía Rafael Pérez se declaró culpable de robar droga de la comisaría para dársela a su propia red de vendedores. Pérez era miembro de la unidad antipandillas CRASH de la división Rampart, situada en el barrio de inmigrantes Pico-Union. Para que le redujeran la sentencia, Pérez cantó y contó muchos delitos y agresiones de los policías de CRASH. Esas confesiones prendieron un escándalo, atizado por fuertes divisiones internas de la clase dominante de Los Ángeles.
Este 23 de julio, un juez mandó soltar inmediatamente a Pérez meses antes de cumplir la sentencia. El Los Angeles Times escribió que eso "concluye un capítulo de la investigación de corrupción en Rampart". Lo que quiere decir esto es que la clase dominante ha llegado a una tregua, por ahora, y quiere parar las divulgaciones de corrupción y salvajismo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).
Las autoridades dicen que el problema pasó, pero el pueblo no ha visto justicia: justicia para los centenares o miles que siguen presos por las mentiras de la policía; justicia para los deportados porque la policía trabajaba mano a mano con la Migra; justicia para los que viven en comunidades oprimidas donde la policía tiene licencia para matar.
El escándalo y la tapa
Pérez destapó una sórdida historia de asesinatos, robos, asaltos y arrestos injustos de la policía de Rampart. Los policías de CRASH robaban droga de vendedores ambulantes y la vendían. Robaban dinero y joyas. Al que no se dejaba, lo golpeaban o le levantaban acusaciones falsas. Tenían pistolas para dejar como "prueba" al lado de los que recibían balazos. El escándalo empezó en Rampart, pero se destapó lo mismo en todas las divisiones de policía de la ciudad. Además, a los policías los respaldan comandantes, jueces, fiscales y legisladores que hacen la vista gorda y condenan a los que han acusado injustamente.
El fiscal divulgó una lista de 3300 personas condenadas a raíz de las mentiras de 20 policías suspendidos o despedidos (de 70 implicados), y eso no cuenta a los que mandaban deportar.
De esos miles, solo han soltado de la cárcel a menos de cien. La alcaldía pagó más de $100 millones a víctimas de Pérez y otros policías de Rampart.
Los abogados de un grupo de hombres que salieron en libertad le pusieron una demanda a la policía. Esa demanda era una oportunidad de destapar más corrupción, perjurio y agresiones de la policía. Un juez federal la aceptó, pero en julio otro juez declaró que las víctimas de heridas o cárcel injusta no podían recibir indemnización. Eso seguramente va a empantanar la demanda.
De los 70 policías implicados en el escándalo, solo Rafael Pérez y Nino Durden (su compañero) han visto la cárcel. A cambio de recibir una sentencia de ocho años de cárcel, Durden se declaró culpable de una serie de delitos, entre ellos el intento de homicidio de Javier Ovando. En 1996 Pérez y Durden lo pararon, le dispararon en la cara y en el pecho, le pusieron un revólver y lo acusaron de agresión.
Hace un año, juzgaron a cuatro agentes de CRASH por faltas menores, como falsificar planillas de arresto. El jurado declaró culpables a tres, pero a las pocas semanas la jueza dijo que el jurado cometió un error y anuló el veredicto. Eso está en apelación, pero pueden pasar años hasta que se resuelva.
Las autoridades han suspendido las acusaciones de los demás policías.
A raíz del escándalo de Rampart, el LAPD, la comisión de policía y otras entidades anunciaron que iban a hacer "investigaciones internas". El profesor de derecho Erwin Chemerinsky señaló que esas investigaciones no contestaron muchas preguntas: "¿Cuántos agentes de la unidad CRASH de la división Rampart participaron en actividades ilegales? ¿Cuántos agentes de esa unidad y de la división Rampart conocían las actividades ilegales y se hicieron cómplices con el silencio? ¿Había actividades ilegales similares en otras unidades CRASH, en otras unidades especializadas y en otras divisiones?".
Riñas intestinas de la clase dominante
La respuesta de las autoridades al escándalo de Rampart no fue buscar la verdad. Es más, las fechorías de la chota se conocieron debido a divisiones de la clase dominante con respecto a cómo hacer que la policía sea una máquina más eficaz de represión.
El Departamento de Justicia federal, varios políticos de la ciudad, el Times y otros de alto nivel querían ponerle freno a la clase de corrupción que salió a la luz en Rampart: pandillas de policías que se las dan de dioses, roban y matan, trafican droga, etc. Este fenómeno, muy común en todo el país, preocupa a la clase dominante porque genera odio contra la policía y limita su eficacia para controlar a las masas.
Por otro lado, el LAPD no quería cambios y se puso a parar el escándalo. No quiso darle inmunidad a los policías que ofrecieran testimonio, lo que les selló los labios a todos. Luego, para desprestigiar a Rafael Pérez, dijo que nadie corroboró sus acusaciones. El LAPD no colaboró en las investigaciones de la fiscalía y el comandante ordenó a los detectives no darle ninguna información.
Pero el Departamento de Justicia ordenó que la alcaldía se sometiera a un "decreto por consentimiento". Esto es un acuerdo judicial entre un tribunal federal y la alcaldía sobre una serie de reglas que esta debe cumplir. Un juez supervisa el cumplimiento. Los que querían una limpieza del LAPD le hicieron campaña al decreto por consentimiento.
En septiembre de 2000, el alcalde y el jefe de policía aceptaron el decreto. En julio de este año se nombró a un monitor que debe supervisar el cumplimiento y darle informes al juez.
El decreto ordena "reformas", como reforzar la división de asuntos internos de la policía (encargada de disciplina), aumentar la comisión de policía, crear un escuadrón para investigar el abuso de fuerza, poner un sistema de computadora que rastree a los agentes brutales y llevar un registro de arrestos por el color de la piel.
Pero esta no es la primera "reforma" del LAPD. Por ejemplo, el sistema de computadora lo propuso hace diez años la Comisión Christopher después de la paliza de Rodney King, y el LAPD lo aceptó. El escuadrón para investigar el abuso de fuerza se parece a una unidad de la fiscalía que eliminaron por "problemas de presupuesto" y porque no acusó a ningún policía.
Las autoridades dicen que el escándalo se acabó
Ninguna de esas "reformas" busca cambiar la naturaleza esencial de la policía. Es más, pocos días después de firmarse el decreto por consentimiento, la fiscalía aprobó uno de los asesinatos policiales más descarados de los últimos años: dijo que no hay "suficiente evidencia" para llevar a juicio al agente que le disparó a Margaret Mitchell, una señora negra sin techo de 100 libras (45 kilos), porque lo "amenazaba" con un desarmador. El jefe de policía defendió ese asesinato, pero la comisión de policía dijo que las reglas del LAPD no lo justificaban.
El 17 de julio, el jefe de policía anunció muy orondo que el LAPD y la DEA realizaron una serie de redadas en Pico-Union y arrestaron a casi 300 personas: "Nos alegra anunciar que la labor de la policía se sigue cumpliendo a plenitud en la zona de Rampart". Los agentes se jactaban de que arrestaron a varias personas que recibieron indemnización por arrestos ilegales.
Las contradicciones de la clase dominante sobre el manejo del LAPD son complejas y continúan. Por un lado, la fiscalía aprobó el asesinato de Margaret Mitchell; pero por otro lado, la comisión de policía volvió a investigar el caso de un policía que balaceó a dos adolescentes de Sur Centro y les puso encima un revólver para justificarse.
Parece que la estructura de poder quiere cerrar el escándalo de Rampart. La revista New Yorker y el programa de TV Frontline (tribunas de alto nivel de la clase dominante) han comentado que Rafael Pérez dijo la verdad sobre sus propios delitos, pero que no se puede creer lo que dijo sobre el resto de los chanchos. (En realidad, la mayoría de las investigaciones de la fiscalía y de otras entidades corroboraron las declaraciones de Pérez).
Algo que pasó en el multifamiliar Jordan Downs de Watts seguramente les recordó a las autoridades por qué es urgente ponerle la tapa al escándalo de Rampart: la noche del domingo 5 de agosto, la policía estaba maltratando a un joven que supuestamente se robó un corral inflable para niños, y los vecinos salieron a la calle y le tiraron cosas a la policía.
El escándalo de Rampart le ha mostrado a todo mundo cómo es la vida para los que viven directamente bajo la bota de la policía: la injusticia, arbitrariedad e impunidad de todos los días. Ha mostrado la verdadera naturaleza de la policía, tan distinta a la imagen oficial de "servidores públicos". Esas verdades no las tapará ningún decreto por consentimiento ni el anuncio oficial de que el escándalo se acabó.
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