Obrero Revolucionario #1122, 14 de octubre, 2001, en rwor.org
El 27 de septiembre, el presidente Bush llegó al aeropuerto de Chicago a "echarle porras" a la industria aérea. Animó a viajar por avión, "a subirse a un avión y hacer sus negocios en distintos puntos del país".
Anunció que pondrán unos 5000 soldados de la Guardia Nacional en los aeropuertos del país, y en la primera plana del Chicago Sun Times salió una enorme foto de un alguacil federal apuntando una pistola a la cabeza de un pasajero en un simulacro de secuestro. Asimismo, se informó que los generales de nivel medio de la Fuerza Aérea podrán ordenar el derribo de aviones comerciales en caso de un secuestro.
¡Tal es el mundo de los viajes por avión en Estados Unidos en 2001!, donde han convertido los aeropuertos en retenes militares y a los aviones comerciales los pueden bajar aviones de guerra F-16... y donde el presidente recomienda: "Viajen por avión y disfruten nuestros fabulosos lugares turísticos, ¡váyanse a Disneylandia!".
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La estructura de poder sigue ampliando su proyecto represivo como secuela del 11 de septiembre. A la vez que las fuerzas armadas toman posición para lanzar ataques en otras partes del mundo, las autoridades lanzan nuevos y peligrosos ataques a los derechos del pueblo aquí para "reforzar la seguridad interna". En una audiencia sobre la nueva Oficina de Seguridad Interna, el senador Lieberman hizo un comentario que pone de relieve lo grueso que es el proyecto de la clase dominante: "No cabe duda de que el 11 de septiembre fue un parteaguas".
Ley marcial so pretexto de seguridad nacional
En 1999, los ex senadores Warren Rudman y Gary Hart elaboraron un informe sobre "La seguridad nacional y el siglo XXI" a petición de ambos partidos políticos (los republicanos y demócratas). Ese documento, que examinó el aparato de seguridad nacional por primera vez desde 1947, propuso crear una Oficina de Seguridad Interna a nivel de gabinete. Ahora Bush la creó, con todo y nombre de corte fascista, y nombró al paladín de la pena de muerte de Pensilvania, el gobernador Tom Ridge, a dirigirla.
Al día siguiente, Rudman y Hart elaboraron su visión de la Oficina de Seguridad Interna ante el Congreso: se encargará de organizar masivas campañas represivas, y tendrá recursos militares y grandes poderes.
La Oficina de Seguridad Interna coordinará el trabajo de unas 40 dependencias, especialmente las que vigilan las fronteras, como la Aduana, el Servicio de Guardacostas y la Patrulla Fronteriza. Según Hart: "Debe ser el mecanismo central que coordina la detección, prevención y respuesta a ataques" contra Estados Unidos.
Rudman señala que el núcleo será FEMA (la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias), que ha sido una pieza clave de la estrategia represiva del gobierno en las últimas décadas. En 1984, FEMA realizó un "ejercicio" de guerra llamado Rex-84, que contempló la detención de 400.000 inmigrantes que cruzaran la frontera sur en una crisis regional, y fuerzas de oposición, en campos militares y campos de concentración. (En ese momento, Estados Unidos intervenía en Nicaragua a fin de tumbar el gobierno, y en otros países de Centroamérica).
La nueva oficina integrará las fuerzas armadas a la "seguridad interna". Rudman recomendó que Bush "encargara a la Guardia Nacional la seguridad interna como tarea principal". Por su parte, Bush ha propuesto que el departamento de Defensa nombre "un Secretario adjunto de seguridad nacional". Rudman también recomendó que Bush ampliara y fortaleciera el Comando Conjunto y el Equipo Conjunto de Apoyo Civil para que asumieran tareas de seguridad interna.
No se han definido completamente los poderes de la Oficina de Seguridad Interna, pero está claro que la clase dominante la ve como clave para manejar crisis y desafíos al sistema, y que organizará la Guardia Nacional y el ejército para mantener el orden interno.
Redadas secretas
En la tercera semana de septiembre, el departamento de Justicia informó del arresto de 80 personas con relación a los ataques del 11 de septiembre. Una semana después, el Secretario de Justicia, John Ashcroft, reveló que habían arrestado a 352 personas y buscaban a 400 más.
Las autoridades no identificaron a los detenidos ni informaron sobre las acusaciones para no "perjudicar la investigación secreta". El Servicio de Inmigración y Naturalización tenía detenidas a 98 de esas personas por "violaciones de la ley migratoria", aunque se informó que algunas tienen visas válidas. El 17 de septiembre, Ashcroft le dijo al Congreso que la investigación había realizado 324 registros y expedido 3410 comparendos.
El alcance de las redadas no está del todo claro. Se sabe que 7000 agentes del FBI están interrogando a gente por todo el país, y que están deteniendo por violaciones migratorias, como testigos materiales o por cargos que no han dado a conocer. Aparte de los que han arrestado, el FBI y otras dependencias policiales están interrogando a miles.
La estructura de poder ha creado un clima de temor y sospecha en que el FBI y las demás dependencias policiales detienen, intimidan y buscan soplones.
Nuevos poderes policiales
La administración Bush y otras fuerzas de la clase dominante están presionando muy duro para promulgar de inmediato leyes que amplíen los poderes policiales y faciliten la intervención de teléfonos, los arrestos y el uso de información de otros gobiernos.
El Secretario de Justicia ha propuesto la Ley contra el Terrorismo de 2001. El Journal Sentinel de Milwaukee explicó un aspecto de esa ley: "Una orden judicial para vigilar los números telefónicos a los cuales un sospechoso habla o las direcciones de e-mail a las cuales manda comunicaciones sería válida no solo en una jurisdicción sino a nivel nacional. Es decir, la orden de un juez sería válida en todo el país". Asimismo, la policía podría confiscar las grabaciones de contestadoras electrónicas (voice mail).
Ashcroft también quiere compartir información con la policía de otros gobiernos que no tienen las mismas restricciones que existen actualmente en Estados Unidos. Propone que se reciba abiertamente información de Europol (Oficina de la Policía Europea), Mossad (la policía política de Israel), etc., que se ha conseguido por medio de intervenciones telefónicas o electrónicas que son (oficialmente) ilegales en Estados Unidos en este momento.
Además, Ashcroft propone la detención indefinida de inmigrantes sospechosos de "terrorismo" y la deportación sin presentar prueba alguna. También quiere ampliar los poderes de confiscar los bienes de las organizaciones que el gobierno tilda de "terroristas" o acusa de "apoyar a terroristas". Hizo esa recomendación al día siguiente de que Bush anunciara la congelación de los bienes de varios grupos.
Medidas de corte fascista en los aeropuertos
En este momento las medidas policiales más extremas se ven en aeropuertos y aviones. En cierta medida, dan la pauta para las medidas represivas que las autoridades quieren establecer como aceptables y "normales" en otras esferas.
Por una parte, quieren legitimar el racial profiling (detener a la gente por su nacionalidad). En los aeropuertos, paran y registran a la gente del Oriente Medio, a los que parecen árabes o que tienen ciertos apellidos. En muchos casos, han hecho bajar de los aviones (o no han permitido abordar) a gente con "tal aspecto", aun cuando hayan pasado por muchos controles.
El gobierno aumentará el personal armado en los aeropuertos y aviones. Bush quiere poner 5000 soldados de la Guardia Nacional en los 420 aeropuertos comerciales del país. También pidió autorización al Congreso para contratar a miles de alguaciles armados que viajen en los aviones comerciales vestidos de civil. ¿A poco reconforta a los viajeros el hecho de que agentes federales podrán descargar sus armas en aviones llenos de pasajeros? Y, ¿acaso se calmaron al oír el anuncio del Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, de que los generales de nivel medio de la Fuerza Aérea podrán derribar aviones comerciales en caso de secuestro sin consultar a sus superiores?
También quieren instalar tecnología "biométrica" en los aeropuertos, que permite comparar las imágenes de las caras que captan las cámaras de vigilancia con una base de datos de "sospechosos". USA Today informó: "Los funcionarios federales les han dicho a las compañías biométricas: `¡Manos a la obra!'".
En los aeropuertos, someten a los pasajeros a increíbles medidas de inspección. Tienen que mostrar identificación una y otra vez y permitir que registren el equipaje. Confiscan todo objeto de metal, como contrapapeles y hasta pinzas. El aeropuerto internacional de Baltimore-Washington ha quitado hasta los cuchillos de plástico de los restaurantes.
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La clase dominante aprovecha el dolor causado por el 11 de septiembre para pedir --y obligar-- a la ciudadanía a respaldar preparativos de guerra y aceptar mayor represión de corte fascista. Nada de eso corresponde a los intereses del pueblo y, por eso, hay que oponerse.
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