FBI detiene a más de mil personas

"Desaparecidos" en Estados Unidos

Obrero Revolucionario #1126, 11 de noviembre, 2001, en rwor.org

"Han desaparecido hombres árabes de las calles de Brooklyn. Nadie los ha visto ni ha recibido noticias de ellos. Los arrestan y desaparecen. ¿Tienen pruebas secretas? ¿Qué clase de pruebas? ¿Qué pasa? Queremos que nos expliquen".

Un señor mesoriental que fue voluntariamente al FBI a contestar preguntas no regresó. Su familia no supo dónde estaba durante dos semanas. Finalmente le permitieron hacer una llamada y les informó que estaba preso. Un grupo de inmigrantes paquistaníes pasó tres semanas en un penal federal de Brooklyn sin que les permitieran hacer una llamada. Estos son dos ejemplos de los que han caído en la enorme red de arrestos en masa tras los sucesos del 11 de septiembre.

Normalmente cuando uno oye hablar de desaparecidos, piensa en los países latinoamericanos, donde el ejército, los paramilitares y los escuadrones de la muerte se llevan a miles de personas y nunca aparecen. Las historias que cuentan las "Madres de la Plaza de Mayo" de Argentina son conocidas por todo el mundo.

Pero ahora hay "desaparecidos" en Estados Unidos: los agarran en plena calle agentes del gobierno, los meten en celdas incomunicados y no les dan el derecho de hablar con un abogado.

Se informa que el 3 de noviembre la cantidad de detenidos para la "investigación" del 11 de septiembre era aproximadamente 1150, pero no se sabe la cantidad precisa porque el gobierno no la ha querido dar.

Tampoco ha querido dar la identidad, nacionalidad, ubicación ni acusaciones de los detenidos. La escasa información que se tiene de ellos proviene de familiares, amistades, abogados y de algunas noticias. Los han trasladado de una cárcel a otra; no les han puesto fianza; las audiencias han sido secretas; y han sellado los documentos judiciales. Muchos llevan semanas detenidos sin acusaciones.

El periódico Boston Globe elaboró una lista parcial de detenidos con información de las embajadas e informa que la mayoría son de Arabia Saudita y de Egipto, seguidos por los Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Jordania, Paquistán, India, Marruecos y El Salvador.

Al cierre de esta edición la prensa informó que han soltado a muchos de los detenidos, pero como el gobierno no ha dado información sobre ellos es imposible confirmarlo. Además, siguen haciendo más arrestos.

Esta es una de las mayores operaciones policiales de la historia del país, y está cubierta por un manto de secreto. Las organizaciones de libertades civiles y de derechos humanos han tratado de obtener información sobre los arrestos, pero no lo han logrado. A los abogados les han prohibido hablar sobre sus clientes y no les permiten tener copias de documentos judiciales. A veces no encuentran a sus clientes.

La justificación oficial es que los arrestos en masa han "impedido más ataques", pero no hay ninguna prueba de eso.

El gobierno dice que no hay que atacar a los árabes o musulmanes, pero en la práctica lo está haciendo con arrestos en masa y castigo colectivo de esos grupos. Eso, a su vez, ha creado un clima de ataques racistas contra ellos. Además, como el gobierno pide que todo buen ciudadano reporte cosas "sospechosas", han entregado a muchos inmigrantes.

El gobierno admite que solo un puñado de los detenidos son "testigos materiales" (gente con información). A 200 los arrestaron por violaciones de inmigración y al resto por infracciones que no tienen ninguna relación con el 11 de septiembre y que normalmente se solucionarían con una multa o fianza.

Muchos detenidos están en penales federales de Nueva York. En el Centro Correccional de Manhattan (CCM) tienen a muchos incomunicados, sin teléfono ni material de lectura. El abogado Randall Hamud le dijo a la revista Time que a tres clientes suyos los tenían en grilletes y que los hacían desnudarse para registrarlos dos veces al día. Se sabe de palizas de los guardias. A un señor saudí arrestado por una pequeña violación migratoria le pusieron grilletes en las piernas. Los guardias patean las puertas por la noche para que no duerman y no les dejan practicar los rituales musulmanes.

A Al-Badr Al-Hazmi, un saudí que estaba haciendo la residencia de medicina en San Antonio, Texas, lo llevaron al Centro Correccional de Manhattan y lo tuvieron detenido 13 días. Los agentes del FBI lo interrogaban varias veces al día con gritos y golpes. No lo dejaron llamar a un abogado sino hasta el séptimo día. Cuando lo soltaron no le dieron ninguna explicación, pero de pronto no puede volver al hospital donde trabajaba porque la prensa afirmó que tenía conexiones con un secuestrador. ¿Qué conexiones? Tiene el mismo apellido, hizo reservaciones de avión por la internet y recibió una llamada telefónica de un hermano de Osama bin Laden (a quien la familia rechazó hace años).

A Yazeed Al-Salmi, un estudiante saudí de 23 años, lo tuvieron tres semanas incomunicado en el CCM porque supuestamente conocía a un secuestrador. Los guardias lo llamaban todo el tiempo "pinche terrorista". Cuando regresó a su apartamento, lo habían desalojado.

En una cárcel de Mississippi, los guardias dejaron que otros presos golpearan a un estudiante paquistaní de 20 años. Hady Omar Jr., de Egipto, lleva dos meses en una cárcel federal de Louisiana por violaciones de inmigración. ¿Su "delito"? Hizo reservaciones de avión en el mismo Kinkos de Florida que un secuestrador.

Ali Al-Maqtari está preso sin fianza en Tenneseee. El 15 de septiembre llevó a su esposa Tiffany a la base militar de Fort Campbell, Kentucky, a presentarse a servicio. Cuando la policía registró el carro y encontró cuchillas para abrir cajas, papeles en árabe y unas postales de Nueva York, lo arrestaron. Su abogado dice que tenía las cuchillas porque hace poco se mudó y las postales porque fue a visitar a su tío a Nueva York. El juez admite que no tiene nada que ver con los ataques del 11 de septiembre, pero sigue preso porque la visa está vencida.

El abogado Dennis Clare le dijo al Los Angeles Times que cerca de Cincinnati arrestaron a 40 mauritanios (de África occidental) porque uno de ellos sabe pilotar aviones. De los 40, tres siguen detenidos porque tienen la visa vencida y no los ha podido ver porque los trasladan todo el tiempo.

Los voceros del INS y del Departamento de Justicia afirman que a todos los detenidos les informan que tienen el derecho de llamar a un abogado y que les dan listas de organizaciones judiciales. Pero abogados y familiares de los detenidos sostienen que han pasado semanas sin poder hacer una llamada por teléfono, y que las listas que les dan no tienen organizaciones que ofrecen los servicios que necesitan.

Mohammed Rafk Butt, un paquistaní de 55 años, trabajaba en un restaurante de Queens, Nueva York, para mantener a cinco hijos en su país. La policía recibió un "informe" de que en su edificio vivían "ilegales" y lo arrestó a él y a sus dos compañeros de apartamento, también de Paquistán. Las autoridades admiten que no tenía relación con los ataques del 11 de septiembre, pero lo tuvieron preso más de un mes por no tener visa. El 23 de octubre murió en la celda, presuntamente del corazón.

Todo indica que los ataques oficiales contra los árabes y musulmanes, y contra los inmigrantes en general, van a empeorar. El New York Times informó el 1º de noviembre que el secretario de Justicia "ofreció una explicación detallada de la posición del gobierno de arrestar por las más mínimas infracciones a los inmigrantes que tengan presuntos lazos con terroristas para ponerlos a buen recaudo". Las visas se restringirán mucho más. Una estipulación de la nueva ley "contra el terrorismo" que no ha recibido mucha publicidad es una nueva tarjeta de identidad computarizada para los que entren al país sin ser ciudadanos.

Están debatiendo si torturar a los detenidos para sacarles información. El Washington Post (21 de octubre) escribió: "Entre las estrategias que se están discutiendo figuran la aplicación de drogas y de tácticas de presión, como las que emplean de vez en cuando los interrogadores israelíes, para obtener información. Otra idea es extraditar a los sospechosos a países aliados donde los servicios de seguridad a veces emplean amenazas a miembros de la familia o recurren a la tortura".

Como señala David Cole, del Centro pro Derechos Constitucionales: "Cuando este país tiene miedo limita el disentimiento, castiga la asociación, realiza espionaje político y se salta la Constitución. Muy pocos se opusieron al encarcelamiento de los que se oponían a la I Guerra Mundial, a los campos de internamiento para japoneses en la II, o a las leyes anticomunistas del macartismo".

En los años 60, el programa de contrainteligencia COINTELPRO asesinó a miembros del Partido Pantera Negra y a otros activistas, y metió injustamente a la cárcel a centenares.

En los años 70, el gobierno espió a más de mil organizaciones opuestas a la política exterior en Latinoamérica. El gobierno de Reagan elaboró el programa Rex 94 para convertir bases abandonadas del ejército en campos de concentración para inmigrantes y la oposición.

Ahora se está implementando un nuevo nivel de represión. A la fecha se ha ensañado contra los inmigrantes, especialmente contra los árabes y musulmanes. Pero se están sentando peligrosos precedentes para mayores ataques contra todos, y la nueva ley "antiterrorista" da al gobierno nuevos poderes para espiar y arrestar.

Al amparo de la Ley de Libertad de Información, el 29 de octubre una coalición de 24 grupos de libertades civiles, derechos humanos y de privacidad electrónica solicitó información sobre los detenidos en conexión con la investigación del 11 de septiembre. Entre ellas figuran la ACLU, el Consejo Musulmán Americano, Amnistía Internacional, el Instituto Árabe Americano, el Comité contra la Discriminación Árabe-Americano, el Centro pro Derechos Constitucionales, el Consejo de Relaciones Islámicas Americanas, la Federación de Científicos Americanos y Human Rights Watch. Más de 150 organizaciones, 300 profesores de derecho y 40 científicos de computación han firmado "En defensa de la libertad", una declaración contra los ataques a los árabes y musulmanes.

El gobierno tiene planes de implantar más represión y de silenciar la oposición. El pueblo tiene que impedirlo.

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