Obrero Revolucionario #1145, 7 de abril, 2002, posted at http://rwor.org
El 26 de marzo, el gobierno de India aprobó una polémica "ley contra el terrorismo", que se llama Ordenanza para la Prevención del Terrorismo (POTO en inglés) y que establece nuevas reglas estrictas para arrestos, interrogatorios e investigaciones:
No permite que la defensa interrogue a los testigos.
Asigna castigos de entre cinco años de prisión hasta la pena de muerte.
India sigue el ejemplo de Estados Unidos en la "guerra contra el terrorismo", que acusa de terrorismo a quien no le caiga bien, como los auténticos revolucionarios.
En concreto, POTO ataca directamente a los grupos maoístas que libran la lucha armada: el Centro Comunista Maoísta y el partido Comunista de la India (Marxista-Leninista) Grupo Guerra Popular, y los ha declarado fuera de la ley. Al mismo tiempo que esta ley se aprobaba, el gobierno de India declaraba su apoyo a la lucha contra la guerra popular maoísta de Nepal.
Por decreto presidencial, desde diciembre el gobierno viene aplicando aspectos de la ley POTO, la cual debía terminar en abril.
Desde el principio, los grupos que velan por los derechos humanos se han opuesto a POTO porque viola derechos constitucionales y humanos. Los críticos de POTO señalan que se ha usado para intimidar a los musulmanes para aumentar la represión en Cachemira.
En India la ley solo aceptaba las confesiones que se hacían ante un tribunal voluntariamente, pero ahora aceptará confesiones hechas a la policía, lo cual aumentará las "confesiones sacadas con tortura". Además, abre las puertas a mayores violaciones de derechos humanos, pues las fuerzas de seguridad gozarán de impunidad si pueden comprobar que se portaron de "buena fe".
La ley POTO establece una amplia definición de "terrorismo": actos de violencia o trastornos de servicios indispensables cuyo "propósito es amenazar la unidad e integridad de India o sembrar terror en cualquier sector de la población". Con semejante definición tan vaga, el gobierno puede atacar y perseguir a quien quiera.
En Nueva Delhi, Ravi Nair, el director del Centro de Documentación de Derechos Humanos del Sur de Asia, dijo: "Porque permite encerrar a una persona indefinidamente se van a cometer muchos abusos. A la gente no le gusta esta ley porque ya sabe de la cantidad de abusos que se cometieron con la ley contra el terrorismo. No quieren un estado policial".
Desde 1987 el gobierno de India aplicó la Ley para la Prevención de Terrorismo y Actividades Perturbadoras (TADA en inglés) para detener por actividades "antinacionales". En zonas de conflicto armado, como Jammu y Cachemira, Punjab y el Noreste, las fuerzas de seguridad gozaban de amplios poderes de "legislaciones especiales" y TADA para detener a personas en cualquier parte del país. Se cometieron muchas violaciones de derechos humanos y muchos inocentes fueron arrestados. TADA permitía detenciones sin acusaciones o juicios y muchos fueron detenidos por años.
En 1995, tras sostenidas campañas de organizaciones que velan por los derechos humanos, el parlamento se vio obligado a no ratificar la ley.
POTO es una versión modificada de TADA, que facilitó arrestos, detenciones y tortura en violación del derecho internacional, y sirvío para atacar a la oposición política, activistas sociales y a los defensores de los derechos humanos.
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