Brutalidad aumentará en las cárceles del condado de Los Ángeles — ICE deportará a presos

14 de octubre de 2015 | Periódico Revolución | revcom.us

 

Carta de lector:

Hace cuatro meses, los Supervisores del condado de Los Ángeles decidieron prohibir a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas – la migra) entrar en cárceles del condado. Ahora, en un cambio ultrajante, el Sheriff del condado de Los Ángeles Jim McDonnell dijo que se permitirá a ICE entrar en las cárceles para deportar a presos inmigrantes.

Como había informado Revolución anteriormente, las cárceles del condado de Los Ángeles han sido denunciadas por su flagrante brutalidad contra presos y visitantes. (Vea "La brutalidad de las mazmorras de Los Ángeles: ¡Hay que parar esto!", 24 de diciembre de 2013.) Dieciocho ayudantes del sheriff fueron arrestados por encubrir estas golpizas así como desaparecer a presos. En julio de 2014, seis de esos capataces de la mazmorra fueron declarados culpables y posteriormente condenados a prisión.

McDonnell matizó su pronunciamiento al decir que “la nueva política permitirá a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos acceso a presos que han cometido delitos graves y que no son amparados bajo una ley estatal de 2013 que restringe la colaboración entre policías locales y oficiales federales de inmigración”. Dicha ley, la California Trust Act (Acta de Confianza de California), prohíbe a autoridades locales retener a presos a petición de la migra a menos que el preso haya sido declarado culpable de un delito grave o violento. Al mismo tiempo, McDonnell dijo que “agentes de ICE tendría acceso completo a los presos en las cárceles y el lugar de liberación de presos, y a las bases de datos del departamento”. Afirmó que se adheriría a la California Trust Act.

Sin embargo, un editorial de Los Angeles Times cuestionó si permitirle a ICE “acceso completo” no viola la California Trust Act. Por otro lado, el editorial calificó de “razonable” el enfocarse en “los que han cometido delitos graves”. ¡Mierda! No es nada razonable deportar a gente — y es más, el Los Angeles Times no tiene ni idea sobre cómo la migra ha definido a “los que han cometido delitos graves”.

Las categorías de dichas definiciones se encuentran en el memorándum “Policies for the Apprehension, Detention and Removal of Undocumented Immigrants” (Políticas por la aprehensión, detención y deportación de inmigrantes indocumentados, 20 de noviembre de 2014), en el que la migra detalla cómo dedicará recursos para la deportación:

1. extranjeros condenados de tres delitos menores o más, sin incluir infracciones de tránsito menores o delitos estatales o locales en que el elemento esencial era el estado migratorio del extranjero, siempre y cuando los delitos surgen de tres incidentes separados;
2. extranjeros condenados de un “delito menor importante”, lo que es para los presentes propósitos un delito de violencia doméstica; abuso o explotación sexual; robo; posesión o uso ilegal de un arma; distribución o tráfico de drogas; o manejar bajo la influencia; o si el delito no se incluye en la lista arriba, uno por el cual el individuo fue sentenciado a detención de 90 días o más (la sentencia debe ser para tiempo en detención, y no incluye una sentencia suspendida);
3. extranjeros aprehendidos en cualquier parte de Estados Unidos después de entrar o volver a entrar de manera ilegal a Estados Unidos y que no pueden establecer para la satisfacción de un oficial de migración que han estado presentes en Estados Unidos continuamente desde el 1 de enero de 2014; y
4. extranjeros que, según la opinión de un director de rama de ICE, director de distrito de USCIS o director del centro de servicios USCIS, han abusado de manera significativa el programa de visas o de exención de visa.

También deportarán a los que han recibido un orden final de deportación (legalmente ordenado ser removido de Estados Unidos) a partir del 1 de enero de 2014. Incluidos en ese grupo son todos los que fueron detenidos al cruzar la frontera, retenidos y mandados a corte.

Estas categorías definen “delitos graves” tan ampliamente que prácticamente incluyen todo inmigrante que esté en una cárcel actualmente.

Los Ángeles no es la única jurisdicción que ha revocado recientemente decisiones previas de prohibir la entrada de la migra a las cárceles. Más de 340 comunidades previamente aprobaron semejantes estipulaciones. Pero ahora, ante la nueva dictamen de ICE y una campaña política venenosa anti-inmigrante, más de la mitad de esas comunidades han revocado sus decisiones anteriores y ahora están dando a ICE “acceso completo” a sus cárceles.

¿Cómo llegamos a esta situación en tan poco tiempo, en que en un período de cuatro meses estas comunidades invirtieron su posición para ahora permitir que deporten a inmigrantes desde las cárceles?

El programa de Comunidades Seguras entró con la administración de Obama, y estableció un procedimiento para deportar a cualquier inmigrante que fuera considerado un “peligro para la seguridad pública”. Asignaron recursos y financiamiento al programa para deportaciones masivas. Durante la administración de Obama, de 2009 a 2014 deportaron a casi tres millones de personas, de las cuales un poco más de la mitad no las habían condenado de ningún crimen.

Oposición a dicho programa se aumentó al luchar en su contra grupos pro derechos migratorios, los Soñadores (jóvenes indocumentados que llegaron a este país de niños), y otros indignados por ese pogromo anti-inmigrante, exigiendo que se respetara a los inmigrantes y que se los tratara como plenos seres humanos con derechos. Ya para 2011, comunidades empezaron a decidir que no iban a participar en ningún programa de deportación, y para fines de 2014, el número de esas comunidades llegó a su punto más alto de 340.  Algunas de esas ciudades se declararon “ciudades santuario” para inmigrantes.

Esa oposición obligó a Obama a cambiar de canción y decir que esas deportaciones masivas estaban separando familias y sacando del país a trabajadores productivos y respetuosos de la ley, y que la política migratoria estadounidense estaba “rota” y necesitada de reforma. Al mismo tiempo, su administración continuó deportando cientos de miles de personas cada año, hasta un máximo de 438.000 en 2013. (Para más análisis, vea “Las medidas de Obama acerca de la inmigración — y la mayor resistencia que hace falta”, 8 de diciembre de 2014.)

A fines de 2013, abandonaron el Programa de Comunidades Seguras. Lo remplazaron en el verano de 2014 con el Programa de Ejecución Prioritaria (PEP) de ICE, visto como un programa de deportación “a menor escala y más bondadoso”. En vez de deportar a todos los que se podría deportar, como hacía el de Comunidades Seguras, el papel del PEP, según se anunció, era de facilitar que “DHS [Departamento de Seguridad de la Patria] trabajara con agencias locales y estatales de seguridad para asumir la custodia de individuos que representan un peligro para la seguridad pública antes de que liberen a esos individuos en nuestras comunidades”.

El 14 de noviembre del año pasado, Jeh Charles Johnson, secretario del DHS, publicó un memorándum con “nuevas políticas para la aprehensión, detención y deportación de extranjeros desde este país”. Como vimos arriba, estas “nuevas políticas” agregan una muy amplia gama de personas que ahora pueden ser deportadas. Además, la manera en que PEP identifica a las personas no es diferente a la de Comunidades Seguras ya que continúa permitiendo que agentes migratorios tengan acceso a todo los datos biométricos de huellas digitales que los cuerpos de seguridad estatales y locales mandan al FBI para verificación de antecedentes. Por lo tanto, la base de datos de ICE tendrá datos biométricos de toda persona que pase por al sistema carcelario sin importar la razón por qué fue arrestada ni si sea culpable o no.

Además, esta nueva política “requiere que ayudantes del sheriff asignados a cárceles notifiquen a ICE hasta siete días antes de se vaya a liberar un preso que podría ser deportado, para que los oficiales migratorios puedan iniciar el proceso de deportación”. Es ridículo declarar, como lo hacen DHS e ICE, que PEP “se enfoca en terroristas, criminales violentos, pandilleros y los que recién cruzaron la frontera”, visto que sabemos que cualquier indocumentado “con sentencia de 90 días o más en detención” será deportado.

Pero, a pesar de este programa de deportación “más suave y bondadoso”, aún se les dificultaba convencer a todas esas jurisdicciones que se habían negado a cooperar con ICE que ahora le dejaran entrar en sus cárceles. Por eso DHS e ICE hicieron toda una campaña, asignando recursos y fondos para convencer a gobiernos y sheriffs locales de que no iban a sufrir una reacción popular si cambiaron sus decisiones previas. Aun así, la mayoría de las comunidades se negaron a cambiar.

De ahí ocurrieron unas cosas que favorecían al esfuerzo de DHS e ICE: Donald Trump, la campaña presidencial republicana, y un asesinato en San Francisco. Trump arrancó su campaña presidencial tachando a indocumentados de “violadores, traficantes de drogas, y delincuentes”, y anunció que deportaría a 11,3 millones de indocumentados y revocaría la Enmienda 14 de la constitución, así acabando con la ciudadanía para los bebés nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, y que construiría un muro impenetrable en la frontera con México. Luego, una mujer fue asesinada a balazos en San Francisco por un indocumentado que fue puesto en libertad por la policía a pesar de una petición de detención por parte de ICE; Trump lo aprovechó para vomitar más veneno contra inmigrantes y alborotar al público para que apoyara su programa anti-inmigrante. Lo copiaron otros candidatos presidenciales republicanos —Chris Christie, Carly Fiorina, Ben Carson, y Ted Cruz— todos a vociferar chorreos racistas y proponer pogromos odiosos contra inmigrantes.

Quizás este programa anti-inmigrante parezca delirios de lunáticos, y sí los son Trump y otros. Pero, como hemos declarado previamente, esas “diatribas idiotas... son calculadas, y la campaña de Trump es en serio, letalmente en serio” y este “es un plan serio de pogromos masivos, al estilo estadounidense, contra los inmigrantes y gente de ascendencia mexicana. Este es el programa que un sector de la clase dominante estadounidense está acogiendo. Y como parte de esto trabajan para conseguir el apoyo de amplios sectores de la población en este país en el nombre de ‘hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande’ y poner ‘en primer lugar a los trabajadores estadounidenses’. (Vea "La 14a Enmienda les otorgó la ciudadanía a los ex-esclavos; Trump dice que hay que triturarla", 5 de septiembre de 2015, y "Trump: la vileza ES la idea", 19 de agosto de 2015.)

Todo ese proceso electoral, que actualmente se enfoca principalmente en los candidatos del partido Republicano, ha envalentonado a un sector de la población que desea unificar el país a base de la supremacía blanca abierta, la Biblia y soluciones fascistas a las contradicciones sociales claves que existen actualmente en esta sociedad —la opresión del pueblo negro, guerras globales de imperio, un regreso a la maternidad obligatoria, la destrucción del medio ambiente, y la deportación en masa de inmigrantes— contradicciones sociales que son profundamente arraigadas en el modo de producción actual, este sistema de capitalismo-imperialismo. A base de estas contradicciones ha surgido Donald Trump y otros de su índole.

Ahora que el proceso electoral ha “legitimado” ese debate y lo ha declarado “serio”, municipios y comunidades están revocando sus decisiones previas de prohibir a ICE entrar en sus cárceles. Joe Guzzardi de Californians for Population Stabilization (Californianos por la estabilización de la población), que aboga por limitar más la inmigración, dice que, “La acción del Sheriff del Condado de Los Ángeles podría abrir el camino para otras jurisdicciones que quisieran cooperar con oficiales federales migratorios bajo el nuevo programa pero temen ser criticados por hacerlo”.

Jennie Pasquarella, una abogada en plantilla de la Unión Americana de Libertades Civiles, dice que, “Los Ángeles es una jurisdicción de prioridad para ICE, y creo que será un modelo que otros condados seguirán, para bien o para mal”.

Solamente durante esta semana, el senado de Carolina del Norte votó para prohibir “ciudades santuario” en ese estado. Y otras comunidades por todo el país están haciendo lo mismo. En los condados californianos de Fresno y Kern, oficiales del sheriff ahora permiten a ICE trabajar en las cárceles para asumir directamente la custodia de los presos. Los condados de San Diego y San Bernardino dicen que “están notificando a ICE cuando vayan a ser liberados inmigrantes los que la agencia busca, para que oficiales de deportación puedan llegar a tiempo para recogerlos”. El departamento del sheriff en el condado de Dallas, Texas, dice que permitirán a ICE detener a inmigrantes que son “delincuentes más graves”.

Pero no todos los municipios y condados están acatando la máquina arrolladora de deportación. San Francisco y el condado de Cook, Illinois, están diciendo al ICE: ¡Para nada! No vamos a participar en PEP, no los permitiremos en nuestras cárceles.

No se debe tolerar esa intensificación de deportación. Tenemos que poner alto a que la migra se meta a las cárceles y deporte a nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que respirar, vivir y luchar por lo que exige uno de los “5 Altos”: ALTO a la satanización, criminalización y deportación de inmigrantes, y la militarización de la frontera.

 

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