Revolutionary Worker #1223, 21 de diciembre, 2003, posted at rwor.org
El 19 de noviembre la secretaría de Justicia anunció nuevos cargos contra la abogada Lynne Stewart. En el verano un juez federal anuló dos cargos de "ayuda material al terrorismo" que formaban parte de la acusación inicial. La Secretaría de Justicia y su cabecilla, John Ashcroft, han vuelto al ataque.
Stewart es la abogada de Omar Abdel Rahman, el clérigo islámico sentenciado a cadena perpetua por supuestos complots para atacar varios lugares conocidos de Nueva York, entre ellos las Torres Gemelas, en 1993.
A Stewart la acusaron inicialmente de conspiración para dar ayuda material a una organización terrorista, dar ayuda material a una organización terrorista, conspiración para defraudar al gobierno y declarar con falsedad. La nueva acusación dice que ella es culpable de "conspiración para dar y ocultar apoyo material a actividades terroristas" y de "proveer y ocultar apoyo a actividades terroristas", que implican que se cometieron actos terroristas.
Como las primeras acusaciones, estas se basan en conversaciones confidenciales entre ella y su cliente. El gobierno dice que Stewart y dos árabes, Mohammed Yousry (el intérprete) y Ahmed Abdel Sattar (ayudante legal), violaron las "medidas administrativas especiales" impuestas para restringir el contacto de Rahman con el resto del mundo.
La fiscalía dice que los tres facilitaron las comunicaciones de Rahman con su organización, el Grupo Islámico. Stewart (que no habla árabe) supuestamente habló en voz alta para distraer a los guardias de modo que Yousry y Rahman hablaran entre sí en árabe. También dice que ella intentó ocultar del gobierno información que dio a conocer una conferencia de prensa pública en la que leyó una declaración de Rahman.
La fiscalía se apoya en grabaciones secretas de conversaciones que ella tuvo con Rahman en 2000, así como en llamadas telefónicas interceptadas. Sin embargo, el gobierno no la acusó sino hasta dos años después, tras el 11 de septiembre y la aprobación de la represiva Ley Patriota.
Evidentemente el gobierno quiere asustar a los abogados que contemplan representar a gente acusada de terrorismo o de otros delitos políticos. Si la condenan de cualquiera de los cargos se establecería un peligroso precedente que minaría el derecho de los abogados y sus clientes de hablar sin que el gobierno los espíe.
Además de los nuevos cargos, ya ha habido varios fallos perturbadores. El juez aprobó que la fiscalía investigara a "personas asociadas con la defensa" y al personal del tribunal, a raíz de lo cual pueden negarle al equipo de defensa documentos secretos, incluso si son parte de la "evidencia" contra Stewart. Asimismo, el juez negó una petición de la defensa de que se enjuiciara por separado a los cuatro acusados. Stewart nos dijo que esa decisión "permite que el gobierno presente juntas las pruebas más fuertes, aunque sean completamente ajenas a mi caso".
El ataque a Lynne Stewart ocurre en el contexto de cambios fundamentales en el sistema judicial de Estados Unidos. Están echando por la borda principios constitucionales que antes consideraban fundamentales, como el proceso legal establecido, la causa probable, el derecho a un abogado y la independencia de los tribunales.
El gobierno también ha lanzado un nuevo ataque contra los periodistas en relación con Stewart. El 14 de noviembre, Bill Weinberg, redactor de la revista WW3 Report , recibió una carta de la fiscalía que acusa a Stewart y le pide "cooperar voluntariamente" y entregar el texto completo de una entrevista a Lynne, así como las notas y todo lo relacionado con la entrevista. Según la revista CounterPunch Wire, la carta dice: "Si no coopera voluntariamente, la oficina podría verse obligada a solicitar una orden del secretario de Justicia para obligarle a entregar los documentos solicitados y a dar testimonio". La revista agrega que Weinberg se ha negado a cooperar con la fiscalía.
Cuando el gobierno anunció los cargos contra Stewart hubo mucha indignación y oposición; ahora se necesita más de lo mismo y que sea parte del movimiento contra las medidas fascistas que están imponiendo contra el pueblo.
Los abogados que tienen la valentía de defender a quienes el gobierno acosa son sumamente valiosos en la lucha por la justicia y hay que defenderlos.
(La entrevista que le hizo el OR a Lynne Stewart en los números 1162 y 1165 tiene más información; se puede conseguir en rwor.org. Además, hay documentos judiciales sobre el caso de Lynne Stewart en www.lynnestewart.org).