La “sentencia Katrina”—Tortura en las prisiones de Nueva Orleáns

Tercera parte: “Justicia” de mazmorra y trabajo de esclavos

Li Onesto

Esta serie se basa en un informe de 141 páginas publicado el 10 de agosto por el Proyecto Prisión de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU): “Abandonados y maltratados: Presos del condado Orleáns después del huracán Katrina”. El informe se basó en un cuestionario que contestaron 1,300 presos y en entrevistas a presos actuales o puestos en libertad. Contiene extensos testimonios y pruebas de maltrato inhumano y racista. La primera parte de esta serie, “Celdas con llaves e inundación”, describe que abandonaron a los presos, unos encerados con candado, cuando el huracán tocó tierra y el agua empezaba a inundar la prisión, y que los sheriffs, al regresar, dispararon gas mace, táseres, cachiporras y escopetas contra los presos que solo trataban de sobrevivir. La segunda parte relata la evacuación brutal e inhumana de miles de presos. La tercera parte es de los presos dispersados por todo el estado, carentes de representación judicial y de la mano de obra de los presos, que es íntegra al sistema carcelario de Nueva Orleáns.

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$448. Esa es la cantidad que Greg Davis debía en multas, y por eso estaba detenido en la prisión Orleans Parish (OPP) cuando llegó el huracán Katrina el 29 de agosto de 2005. Siete meses después, en marzo de 2006, salió y solo porque unos estudiantes de derecho de la Universidad Tulane se encargaron de su caso. Hasta que Greg habló con los estudiantes no sabía por qué seguía preso.

Muchos de los presos que evacuaron de la prisión OPP pasaron meses detenidos por delitos menores, sin derecho a consultar a un abogado o de comparecer ante un juez. Fue como si los hubieran metido a una mazmorra, sin abogado, sin contacto con el mundo exterior y la familia, sin posibilidades de que se hiciera justicia.

A muchos de ellos ni siquiera los habían juzgado. Cuando por fin comparecieron ante un tribunal, ya llevaban más tiempo en la cárcel de lo que hubieran tenido que pasar si los hubieran declarado culpables del delito que les imputaban.

El 85%, el 75%, nueve meses. El 85% de los detenidos de Nueva Orleáns no pueden contratar un abogado y sus representantes son defensores públicos.

¿Y con qué recursos opera la oficina de defensores públicos de Nueva Orleáns? Casi enteramente con ingresos de multas de tránsito.

Por tanto, después del huracán, como no había ingresos de infracciones de tránsito, la oficina de defensores públicos perdió el 75% de los abogados. Eso dejó a miles de presos, regados por todo el estado, sin poder consultar un abogado.

Entre septiembre de 2005 y junio de 2006, o sea nueve meses, no se llevaron a cabo juicios penales en Nueva Orleáns. Ahora los tribunales tienen 6,000 casos pendientes. Por eso, la idea de un “juicio rápido” o del derecho a una audiencia es una broma cruel. Los presos tuvieron que esperar 9 y 10 meses para comparecer ante un tribunal. Los tenían dispersos por todo el sistema penal del estado y no los llevaban a Nueva Orleáns cuando tenían una audiencia.

El informe de la ACLU contiene una cita del juez Calvin Johnson, presidente del Tribunal de Distrito penal de Nueva Orleáns, sobre la falta de cupo en la prisión: “No es posible que llenemos las cárceles de personas acusadas de delitos menores, como alterar el orden público, entrada ilegal o escupir en la banqueta… No es exageración, había gente presa por escupir en la banqueta”.

Eso quiere decir que miles de personas vivieron hasta 10 meses en condiciones horripilantes, sin poder consultar a un abogado, sin contacto con la familia, por algo tan insignificante como ¡escupir en la banqueta!

$398. El informe de la ACLU destaca el caso de Pearl Cornelia Bland, quien estaba presa por poseer artículos para el uso de drogas. Cuando le leyeron los cargos el 11 de agosto ella se declaró culpable. El juez le ordenó entrar en un programa intensivo de rehabilitación y le anuló las multas porque era pobre. Pero no la dejaron salir. ¿Por qué? Porque debía $398 por una condena anterior.

A Pearl la evacuaron a la prisión Avoyelles Parish y en junio de este año logró comunicarse con la ACLU. Llevaba 10 meses detenida por deber $398, hasta que por fin el 28 de junio un abogado de la clínica de Derecho la Universidad Tulane consiguió que la soltaran.

$22.50. La alcaldía de Nueva Orleáns le paga al departamento de sheriffs $22.50 al día por cada preso local que está en la OPP. Antes del huracán, eso equivalía a $100,000 al día. Por cada preso estatal, el estado le paga $24.39 más otros $7 al día por cada preso que requiere tratamiento psicológico. Por presos federales o inmigrantes, es casi el doble.

Ese aspecto del “negocio de la cárcel” se ve en la manera en que los sheriffs comentan sobre el tráfico de presos.

Entre 2000 y 2002, disminuyó la cantidad de presos estatales detenidos en la OPP. Al respecto, el sheriff Foti dijo: “Si habláramos de la bolsa, uno diría que es un período de crecimiento lento”. Comentando sobre el hecho de que reciben más dinero por presos federales que estatales o locales, el sheriff dijo: “Qué bueno sería tener presos de renombre”.

Bill Hunter, el sheriff que remplazó a Foti, dijo que “menos presos equivalen a menos ingresos para la cárcel”. De hecho, el informe de la ACLU señala: “Cuando el departamento de sheriffs solicita el pago a la alcaldía manda una ‘factura’ que se refiere a los presos como unidades y lista el ‘precio por unidad’ de $22.39 al día”.

600,000 –700,000 libras. Otro aspecto del negocio de la OPP es el trabajo de los presos. El periódico The Times-Picayune ha informado que ciudadanos particulares y compañías pueden contratar a presos para trabajar por el salario mínimo. De ese salario, les descuentan el costo de vida, el costo del traslado, el costo del mantenimiento de los dependientes y las deudas; si queda algo, le toca al preso.

Apenas los presos empezaron a regresar a Nueva Orleáns, la OPP empezó de nuevo el negocio de vender la mano de obra.

El informe de la ACLU dice que se acaba de construir un centro de acuacultura completamente operado con mano de obra de presos para producir entre 600,000 y 700,000 libras de tilapia (un pez comestible) al año.

Cuando se postuló, el actual sheriff Marlin Gusman, prometió ganancias financieras gracias a la mano de obra de los presos. Ante la Liga de Mujeres Votantes, dijo: “Trabajaré con las autoridades municipales para reducir el gasto del ingreso público e incrementar los servicios públicos con más mano de obra de presos”.

Así que después del huracán Katrina, después de que los dejaron en aguas crecidas, después de maltratarlos, de dispersarlos y de negarles derechos, ahora que los presos han regresado a Nueva Orleáns, los están explotando como mano de obra barata.

El sheriff Marlin Gusman prometió que los presos de la OPP estarán disponibles para trabajar en la limpieza y la renovación de la ciudad, a pesar de que la mayoría no han sido juzgados y de que a los que han declarado culpables les imputaron delitos menores.

Eso hace recordar otro período de reconstrucción y traición en el Sur.

El informe de la ACLU señala: “Este tratamiento de los presos equivale a una esclavitud moderna o a un regreso al nefasto sistema de trabajo penal después de la Reconstrucción”.

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