En 2018, Alec Raeshawn Smith de Richfield, Minnesota, sufrió una muerte insoportable por cetoacidosis diabética. Su cuerpo no tenía suficiente insulina. Su nivel de azúcar en sangre se disparó, sus células se deterioraron y su cuerpo se apagó. Raeshawn tenía solo 26 años y apenas comenzaba su vida adulta.
El problema no era que no existiera una cura para su diabetes o que no hubiera medicamentos disponibles para salvarle la vida. La insulina es un fármaco común, que ha estado ampliamente disponible desde 1923.
El problema es que en Estados Unidos la atención sanitaria y los medicamentos no son derechos básicos, son productos para la venta. Su precio, producción y distribución están dictados por las necesidades y el funcionamiento del sistema capitalista-imperialista, no por las necesidades de la gente en Estados Unidos y en todo el mundo.
Raeshawn simplemente no tenía para pagar el precio que cobraban los gigantescos monopolios farmacéuticos, así que pagó con su vida. “Esa causa de muerte, la cetoacidosis diabética, nunca debería haber ocurrido”, dijo su madre1.
¡Sí! ¡La muerte de Raeshawn y la muerte de decenas de miles de otras personas debido a la falta de medicamentos o de la atención sanitaria nunca deberían haber ocurrido! Pero sí siguen ocurriendo debido al funcionamiento asesino de este sistema, que no está impulsado fundamentalmente por la codicia individual, sino por la competencia despiadada de expandirse o morir entre capitalistas rivales, que está consagrada y protegida por la Constitución de los Estados Unidos.
Los apologistas de este sistema alaban la Constitución de los Estados Unidos como uno de los mejores documentos jamás escritos. Pero el líder revolucionario Bob Avakian la ha denunciado como una carta de los explotadores, con el propósito de legitimar y proteger la propiedad privada, la explotación, el capitalismo (ahora capitalismo-imperialismo), y legalizar el innecesario sufrimiento y muerte que resultan de ello. (Consulte el recuadro abajo).
Esta es la razón por la que, aunque la tecnología médica ha avanzado a pasos agigantados, y en las últimas décadas se han desarrollado una serie de nuevos medicamentos que prolongan y salvan vidas, obtener atención médica adecuada y asequible es una pesadilla para millones de personas en Estados Unidos:
- Por qué unos 30 millones de personas en Estados Unidos no tienen seguro médico2, y por qué al menos 25.000 personas murieron innecesariamente en 2020 porque no lo tenían3.
- Por qué millones de personas (hasta el 25 por ciento de la población de Estados Unidos) “están retrasando la obtención de ayuda médica debido a los costos galopantes”4.
- Por qué los precios de los medicamentos bajo receta, especialmente los nuevos y de última generación, han aumentado constantemente, incluso se han disparado.
- Por qué miles de personas mueren cada año porque no pueden darse el lujo de comprar medicamentos que salvan vidas y, literalmente, millones están obligados a saltarse dosis o no tomarlas, poniendo en riesgo su salud y su vida5.
- Por qué la industria farmacéutica ha obtenido millones de millones de dólares (sí, millones de millones) en ganancias tan sólo en las últimas dos décadas, ganancias que están impelidos a acumular o correr el riesgo de hundirse debido al funcionamiento de este sistema6.
¿Precios de medicamentos algo más bajos? Las empresas farmacéuticas capitalista-imperialistas dicen ¡NO!
Actualmente se está librando una batalla legal sobre el precio y la disponibilidad de los medicamentos bajo receta, lo que es una denuncia contundente a la ruindad de este sistema.
La administración Biden está tratando de poner una curita a esta llaga abierta mediante la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), aprobada por el Congreso en 2022. Otorga a los funcionarios de Medicare el derecho de negociar precios menores de los medicamentos bajo receta con las compañías farmacéuticas. Si las empresas se niegan, están obligadas a pagar una multa. El proceso se iniciará el 1º de septiembre.
Esta reforma no cambia el carácter depredador, capitalista-imperialista de la atención sanitaria en Estados Unidos, ni remedia en lo fundamental la pesadilla de los precios y la disponibilidad de los medicamentos bajo receta, aunque podría beneficiar a ciertos sectores de la población y, sin duda, salvar vidas.
Sin embargo, incluso esta reforma limitada suscitó una feroz reacción de parte de las compañías farmacéuticas más grandes. Un ejecutivo farmacéutico declaró: “No se pueden sacar cientos de miles de millones de dólares de la industria farmacéutica y esperar que no vaya a tener un impacto concreto en la capacidad de la industria de desarrollar nuevos tratamientos y curas para los pacientes”. Cuando este ejecutivo se refiere a la “capacidad de desarrollar nuevos tratamientos y curas”, en realidad se está refiriendo a la capacidad de los capitalistas de acumular ganancias frente a la competencia de parte de otros capitalistas. De modo que la queja de este ejecutivo es una expresión de las compulsiones competitivas que impulsan el capitalismo-imperialismo: hasta las corporaciones gigantescas que obtienen miles de millones de dólares en ganancias todavía necesitan expandirse y acumular continuamente más capital, o los capitalistas competidores que hacen lo mismo los harán quebrar.
Cuatro empresas gigantescas farmacéuticas: Janssen [Johnson & Johnson], Merck, Bristol Myers Squibb y Astellas Pharma, así como la Cámara de Comercio de Estados Unidos (el principal grupo comercial de la industria), han presentado demandas en un tribunal federal para detener cualquier negociación de precios. Un experto jurídico en salud pública le dijo al New York Times que la industria farmacéutica estaba “arrojando el fregadero de la cocina al gobierno”7.
¿A dónde recurren las compañías farmacéuticas? ¡A la Constitución de los Estados Unidos!
Todas estas demandas sostienen (en diversos sentidos) que las negociaciones sobre los precios de los medicamentos de Medicare eran inconstitucionales. Citan la siguiente cláusula de la V Enmienda: “ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización” con el argumento de que compelerles a negociar o pagar una multa constituye ocuparse de su propiedad sin una “justa indemnización”8.
Afirman que están violando sus derechos en la I Enmienda al tener que declarar públicamente que están negociando un “precio justo” con el gobierno. También citan la prohibición de “multas excesivas” contenida en la VIII Enmienda9. (Véase, por ejemplo, el reciente escrito de Johnson & Johnson10, Merck11, y Bristol Myers Squibb12.)
El resultado del proceso dista mucho de estar seguro. Pero no es que las empresas farmacéuticas gigantescas simplemente estén mintiendo o aferrándose a clavos ardiendo: sus argumentos legales están arraigados en la Constitución de los Estados Unidos y sus enmiendas, que se basan y están plagadas de defensas de la propiedad privada, el capitalismo y la explotación.
En marcado contraste con este sistema capitalista-imperialista y su constitución, la Constitución para la Nueva República Socialista en América del Norte estipula que la atención sanitaria al servicio del pueblo es un componente de una sociedad liberadora en el camino hacia la emancipación de toda la humanidad.
Bob Avakian explica por qué escribió la Constitución para la Nueva República Socialista en América del Norte (vídeo en inglés con subtítulos en español)
Necesitamos y exigimos: una forma completamente nueva de vivir, un sistema fundamentalmente diferente
¡Esta situación entera (en que millones y millones de personas no cuentan con atención médica adecuada y este sistema, sus leyes y su Constitución fundadora no son capaces de remediar este sufrimiento innecesario) es escandalosa, intolerable e innecesaria!
En este momento en que la revolución y una sociedad radicalmente diferente se han vuelto más posibles, es urgente que miles de personas, que se convertirán en millones de personas, asuman y difundan la demanda de NECESITAMOS Y EXIGIMOS: UNA FORMA COMPLETAMENTE NUEVA DE VIVIR, UN SISTEMA FUNDAMENTALMENTE DIFERENTE:
Atención médica para servir al pueblo
La atención médica no estará orientada (y distorsionada) para generar ganancias para las grandes corporaciones médicas y farmacéuticas, con el resultado de que grandes cantidades de personas no tienen para una atención médica digna bajo el sistema actual. Tales corporaciones ya no existirán — serán reemplazadas por atención médica financiada por el gobierno. El propósito de la atención médica será de servir al pueblo y desarrollar y aplicar continuamente la ciencia de la medicina para satisfacer las necesidades médicas y de salud de las personas en la sociedad en su conjunto, de una manera que sea asequible para las masas de personas, con el objetivo a la larga de poner la atención médica gratuita y de alta calidad a la disposición de todos13.
Como escribe Bob Avakian en “La Constitución de los Estados Unidos: Una visión de libertad según los explotadores — Notas adicionales (y una breve introducción)”:
Madison va al meollo del asunto, a la esencia de la Constitución, cuando en su defensa de la decisión de tratar a los esclavos como tres quintas partes de persona, expresa acuerdo con el siguiente principio: “El gobierno se ha instituido para la protección de los bienes de propiedad no menos que la protección de la persona de los individuos”14. Los derechos de propiedad: con ese fundamento se han defendido constantemente la esclavitud franca y otras formas de explotación, discriminación y opresión. Y en los 200 años que lleva en vigor esta Constitución, hasta el día de hoy, a pesar de que proclama derechos formales de la persona y a pesar de haber sido enmendada para prohibir la esclavitud franca (que una persona sea dueña de otra), es un documento que siempre ha defendido y le ha dado autoridad legal a un sistema que usa a las masas populares, o su capacidad de trabajar, como una propiedad que crea riquezas para ganancia de unos pocos15.