James Madison, quien fue el principal autor de la Constitución de los Estados Unidos, también fue un gran defensor de la esclavitud y de los intereses de los esclavistas. Madison, cuarto presidente de la nación y vigoroso paladín de la Constitución en sus escritos, defendió con especial vigor la sección que declara que los esclavos solo eran tres quintas partes de persona (la estipulación de contarlos en esa proporción para fijar el número de representantes y las contribuciones correspondientes a cada estado: Artículo 1, Sección 2, 3).
En sus escritos de defensa, Madison alabó el “transigente arbitrio de la Constitución”, que trata a los esclavos como “habitantes, pero rebajados por la servidumbre a un nivel inferior al de los habitantes libres; que considera al esclavo despojado de dos quintas partes del hombre”. Madison explicó: “La verdad de la situación es que tienen algo de estas dos cualidades: considerados por nuestras leyes, en algunos sentidos, como personas, y en otros sentidos como propiedad.... Tal es efectivamente su verdadero carácter. Es el carácter que les han asignado las leyes bajo las cuales viven; y no se negará que ellas son el debido criterio”. Madison va al meollo del asunto, a la esencia de la Constitución, cuando en su defensa de la decisión de tratar a los esclavos como tres quintas partes de persona, expresa acuerdo con el siguiente principio: “El gobierno se ha instituido para la protección de los bienes de propiedad no menos que la protección de la persona de los individuos”1. Los derechos de propiedad: con ese fundamento se han defendido constantemente la esclavitud franca y otras formas de explotación, discriminación y opresión. Y en los 200 años que lleva en vigor esta Constitución, hasta el día de hoy, a pesar de que proclama derechos formales de la persona y a pesar de haber sido enmendada para prohibir la esclavitud franca (que una persona sea dueña de otra), es un documento que siempre ha defendido y le ha dado autoridad legal a un sistema que usa a las masas populares, o su capacidad de trabajar, como una propiedad que crea riquezas para ganancia de unos pocos.
Con la abolición de la esclavitud por medio de la guerra de secesión, se eliminó una forma de explotación y se impulsaron y extendieron otras formas. Como escribí en Democracia: ¿Es lo mejor que podemos lograr?, “a pesar de los esfuerzos de los abolicionistas, y de la resistencia y las rebeliones de los esclavos —y de su lucha heroica en la misma guerra de secesión— el gobierno de la Unión, en el Norte, y su presidente, Lincoln, no libraron esa guerra con el objetivo de abolir la atrocidad de la esclavitud en un sentido moral…. La guerra de secesión surgió del conflicto entre dos modos de producción, el sistema de esclavitud en el Sur y el sistema capitalista, con su centro en el Norte; esto estalló en un antagonismo abierto, la guerra, cuando ya no era posible que estos dos modos de producción coexistieran dentro del mismo país”2. La victoria del Norte sobre el Sur en la guerra de secesión representó el triunfo del sistema capitalista sobre el sistema de esclavitud. Representó el triunfo de la forma capitalista de usar a los seres humanos como medio de crear riqueza. En el sistema de esclavitud, el esclavo es propiedad del esclavista, textualmente. En un sistema capitalista, se vive bajo esclavitud asalariada: la clase explotada de trabajadores no es propiedad directa de la clase explotadora de capitalistas (los dueños de fábricas, tierras, etc.), pero su posición es tal que debe venderle su capacidad de trabajar a un capitalista para ganar un salario. El capitalismo necesita una masa de obreros que sea “libre” en dos sentidos: deben ser “libres” de todos los medios de vivir (todos los medios de producción), excepto su capacidad de trabajar; y sin amarres a un dueño particular, a un sitio particular, a un gremio particular, etc. — deben ser “libres” para hacer cualquier trabajo que se les exija, “libres” para mudarse de un lugar a otro, ¡y “libres” para ser contratados y despedidos conforme a las necesidades del capital! Si su trabajo no puede enriquecer a un capitalista, pues no pueden trabajar, no pueden ganar un salario. Pero aun si no pueden encontrar un capitalista que explote su fuerza de trabajo, aun si están desempleados, siguen bajo el dominio de la clase capitalista y del proceso capitalista de acumulación de riqueza, mientras gobierne el sistema capitalista la vida misma de los proletarios (los obreros) depende de la clase capitalista y del sistema capitalista. Y precisamente ese gobierno, ese sistema de explotación, es lo que ha defendido y hecho cumplir la Constitución, y tanto más desde la abolición de la esclavitud franca con la guerra de secesión.
Pero pasemos a otro hecho de suma importancia: en las condiciones concretas de Estados Unidos después de la guerra de secesión y por un buen tiempo, la esclavitud asalariada no fue la única forma de explotación en grande. Hasta hace muy poco tiempo (hasta la década del 1950), millones de negros vivieron explotados como siervos en las plantaciones sureñas, trabajando como aparceros y arrendatarios para enriquecer a los grandes terratenientes (y a los banqueros y otros capitalistas). Para mantener esa relación de explotación y opresión se impuso todo un sistema de leyes, conocidas como las leyes Jim Crow. A los negros del Sur —y en realidad de todo el país— los sometieron a la discriminación, brutalidad y terror sin disimulos que permitían y estimulaban dichas leyes. Todo esto también lo defendió e hizo cumplir la Constitución y su interpretación y aplicación por las más altas autoridades políticas y judiciales del país. Y, en las últimas décadas, cuando desplazaron a la mayoría de los negros de los campos del Sur y los empujaron a las ciudades del Norte (y del Sur), aunque les dieron ciertos derechos civiles formales, han seguido siendo víctimas de discriminación, segregación y terror.
Esto concuerda con los intereses de la clase dominante capitalista y del sistema capitalista. Concuerda con el principio que enunció James Madison: que los gobiernos deben proteger la propiedad no menos que la persona de los individuos. De hecho, lo que obviamente quería decir Madison —y lo que claramente ha sido la realidad de Estados Unidos— es que el gobierno debe proteger la propiedad de los blancos, especialmente de los blancos acaudalados, más que los derechos de los negros. Jamás debe olvidarse que a lo largo de la mayoría de su historia en lo que hoy es los Estados Unidos de América, los negros fueron propiedad de los blancos, específicamente de los dueños de plantaciones. Incluso después de la abolición de la esclavitud directa, a los negros jamás se les ha permitido obtener igualdad con los blancos: han sido subyugados, se les ha mantenido como una nación oprimida y se les ha negado el derecho de autodeterminación. El capitalismo no puede existir sin la opresión de las naciones, y mucho menos cuando el capitalismo llega a su etapa superior: el capitalismo-imperialismo de monopolio. La historia de Estados Unidos lo demuestra palmariamente.
El patrimonio al cual ellos no renuncian
Los miembros de la clase dominante hoy —sobre todo, los imperialistas, los grandes capitalistas y explotadores internacionales que dominan a Estados Unidos y el resto del mundo— efectivamente son, como proclaman, los descendientes directos y distinguidos de los “fundadores”, es decir, los autores de la Constitución. Por eso, si bien la clase dominante y sus representantes políticos se sienten obligados a decir que se oponen a la esclavitud en la actualidad (por lo menos dentro del país), alaban y celebran solemnemente a los esclavistas y defensores de la esclavitud que se destacaron entre los autores de la Constitución y que jugaron un papel tan central en el establecimiento del sistema de la nación: hombres como George Washington, Thomas Jefferson y James Madison.
Estos imperialistas jamás admitirán que sus “fundadores” establecieron un sistema de gobierno que se asienta en la opresión y la explotación desde sus mismos cimientos. Jamás admitirán que su Constitución es un instrumento legal para imponer esa explotación y opresión. No lo pueden admitir, así como no pueden admitir que su tan cacareada riqueza y poder se estableció y construyó robándole tierras y recursos a los indígenas (y a México) a través de extorsión y asesinato; comerciando seres humanos y explotando su trabajo en grilletes; explotando despiadadamente como obreros asalariados a millones de inmigrantes; robando y expoliando por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, África y Asia (lo que hoy se suele llamar el tercer mundo). No pueden admitir que aunque las formas de esclavitud han cambiado, Estados Unidos, desde el principio hasta hoy, ha sido una sociedad donde la esclavitud, de una u otra forma, ocupa un lugar central y fundamental en el sistema económico y la estructura política.
Muchos (entre ellos el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Thurgood Marshall) argumentan que la Constitución, tal como fue escrita, no fue muy ejemplar que digamos porque defiende la esclavitud y por otras injusticias, como el hecho de que le negó el voto a la mujer y por su tratamiento de los indígenas. Pero —sostienen— en el transcurso de la historia de Estados Unidos y mediante las luchas para crear una Unión y una Constitución más perfectas, esta ha llegado a ser magistral. Mejor dicho, puede que la Constitución en su concepción original haya tenido algunos defectos importantes, pero el milagro es que contiene estipulaciones para cambiarla y mejorarla: para extender la democracia a quienes antes excluía. Y —añaden algunos— aunque la Constitución defiende los derechos de propiedad, también defiende los derechos individuales y civiles (e incluso eso lo recalca la declaración de Madison citada al principio de este artículo, dirán). Analicemos más profundamente esto.
Extensión de la Constitución... extensión del dominio burgués
En un sentido general, la extensión de los derechos y protecciones constitucionales a sectores sociales previamente excluidos, ha ido de la mano con la extensión de las relaciones burguesas (capitalistas) y su predominio en el país. Y, simultáneamente, ha ido de la mano con la continuación de la opresión de los negros, los indígenas, los latinos y los inmigrantes de Latinoamérica (y de otras partes), de la opresión de la mujer y otras formas de opresión y explotación. Todo esto, lejos de contradecir los principios fundamentales en que se basa la Constitución y su tratamiento de la relación entre los derechos de propiedad y los derechos de los individuos, es compatible con ellos*.
Es digno de mención que una estipulación central de la Enmienda XIV de la Constitución (que le hace eco a la Enmienda V) es que “ningún Estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido proceso legal, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”. Especialmente en la segunda posguerra, esta Enmienda se ha usado para extender derechos civiles al negro, a la mujer y a otras víctimas de discriminación. Pero la Enmienda XIV fue aprobada inmediatamente después de la guerra de secesión, en 1866, y durante décadas no se usó para combatir ni el racismo ni la discriminación sexual. En vez de eso, “durante largos años la Corte Suprema aplicó la cláusula del debido proceso legal para proteger principalmente los intereses económicos de las empresas contra leyes estatales que buscaban regularla”3. La Enmienda XIV solo se comenzó a aplicar de modo significativo a problemas de discriminación racial y sexual después de la I Guerra Mundial y, más de lleno, después de la II Guerra Mundial. Así, “en una larga serie de casos”, a partir de 1925, la Corte Suprema “expandió gradualmente su definición del proceso legal establecido para incluir la mayoría de las libertades personales en la Carta de Derechos federal [las primeras diez enmiendas a la Constitución — Nota de la redacción] y las protegió de menoscabo por los estados. Un cambio similar ocurrió con respecto a la cláusula de igual protección”4. Estos cambios en los fallos de la Corte Suprema fueron parte de cambios generales de política de la clase dominante. Pero no se debieron a nuevos avances en el campo de la jurisprudencia ni a un repentino despertar moral de la clase dominante. Se debieron al cambio de posición de los negros en la sociedad y, más fundamentalmente, a cambios en la situación y necesidades de los imperialistas.
Como ya vimos, las condiciones de vida —y de opresión— de las masas negras han sufrido un cambio dramático. Dicho cambio comenzó durante e inmediatamente después de la I Guerra Mundial y llegó a su apogeo durante e inmediatamente después de la II Guerra Mundial. La demanda de mano de obra para la producción bélica y otras industrias estratégicas, seguida después de la II Guerra Mundial por grandes cambios en la agricultura sureña —condicionados por avances tecnológicos y competencia económica internacional— sacó a millones y millones de negros del Sur rural y los empujó a los ghettos del Norte y el Sur, y a los sectores más explotados del proletariado. Al mismo tiempo, los victoriosos imperialistas estadounidenses salieron sumamente fortalecidos de una guerra mundial que devastó a los países donde se libró. Así que, en la segunda posguerra el imperialismo estadounidense se apresuró a devorar las antiguas posesiones coloniales de otras potencias coloniales venidas a menos y a establecer su dominio neocolonial, usando la consigna de libertad y (a menudo) la apariencia de independencia formal. En esa situación, no era tan necesario —ni tan útil— tratar abierta y flagrantemente al pueblo negro como “ciudadanos de segunda categoría” en Estados Unidos. Por ende, en las décadas siguientes el gobierno hizo concesiones a las demandas y la lucha de derechos civiles, recurriendo simultáneamente al engaño, feroz represión y promoción de “líderes negros leales y responsables” para mantener la situación firmemente bajo el control de la clase dominante y al servicio de sus intereses generales. De modo similar, en las últimas décadas se han operado cambios políticos y jurídicos que han extendido ciertos derechos formales a la mujer y han hecho algunas concesiones a su batalla contra la opresión. Esto corresponde a importantes cambios en la sociedad y el mundo; entre tales cambios se destaca el hecho de que en Estados Unidos solo un porcentaje muy pequeño de familias se mantiene hoy solo con los ingresos del padre. Pero, también en este caso, han confinado las concesiones dentro de límites que se amoldan fundamentalmente a los intereses y necesidades de la clase dominante, ante nuevas circunstancias nacionales e internacionales.
¿Hay quien se atreva a decir que, debido a esos cambios y concesiones, se han eliminado la desigualdad y la injusticia en Estados Unidos? El hecho es que nada de esto ha eliminado en absoluto, ni remotamente, la discriminación contra los negros, sus condiciones generales de opresión, su status de nación oprimida. Los imperialistas tampoco han dejado de oprimir a los indígenas; jamás han cejado de trampearles y tratar de robarles tierras valiosas y recursos naturales. Ni han cesado de discriminar contra otras minorías nacionales e inmigrantes ni de explotarlos implacablemente. Ni, a pesar de la enmienda constitucional que le dio el voto y otras concesiones a la mujer en 1919 (Enmienda XIX), le han otorgado igualdad a la mujer; la subyugación y degradación a que la han sometido es insondable: la opresión de la mujer sigue siendo una piedra angular de la sociedad estadounidense, como efectivamente debe serlo mientras siga en vigor un sistema de dominación de clase y explotación. Hoy, 200 años después de que entró en vigencia la Constitución, y después de todos sus cambios y enmiendas, nadie puede sostener seria y razonablemente que los varios tipos de opresión de que he hablado aquí no existen o que son meramente un aspecto menor de la situación. Nadie puede sostener seria y razonablemente que no son una característica básica y profundamente enraizada de la sociedad estadounidense.
Las razones de esto están enraizadas en la mismísima realidad y naturaleza del sistema económico de Estados Unidos y del sistema político que defiende e impone dicho sistema económico, con la Constitución como “cemento” legal de la estructura política. La “extensión” de los derechos constitucionales a los miembros de la sociedad a quienes antes excluían no ha puesto término a la explotación, desigualdad y opresión por la siguiente razón fundamental: la esencia del sistema económico capitalista no es la competencia de dueños de mercancías, bajo condiciones iguales en el mercado (igualdad de oportunidad para todos). Su esencia es la explotación del trabajo como trabajo asalariado: la fuerza de trabajo (la capacidad de trabajar) está bajo el mando del capital como una mercancía —una mercancía única— que crea riqueza mediante su uso**. (Como me dijo un estibador hace años: nadie se hace rico trabajando: la única manera de ser rico es conseguir que otros trabajen para uno.) Y la esencia de la estructura política que acompaña y protege este sistema económico capitalista no es la libertad y democracia para todos, sin que importe su posición económica o social. Su esencia es la dictadura de la clase burguesa —el monopolio del poder político y la fuerza armada— sobre aquellos a quienes domina en el sistema económico, especialmente sobre el proletariado. Así que el derecho de votar y otros derechos formales del proletariado y otras masas oprimidas de ninguna manera son fundamentalmente contrarios al sistema económico y político del capitalismo y la dictadura burguesa.
Democracia burguesa — dictadura burguesa
La democracia burguesa se presenta como una democracia sin clases: proclama igualdad para todos. Por ende, la Constitución estadounidense no dice que cada clase tendrá diferentes niveles económicos y de poder; por el contrario, enuncia una carta que parece tratar a todo el mundo por igual, sin que importe su posición económica y social. Sin embargo, jamás ha existido, ni podrá existir, una sociedad capitalista sin enormes diferencias económicas y de poder, sin divisiones de clase y antagonismos fundamentales. De hecho, ni siquiera se puede imaginar una sociedad capitalista sin ellas. Y, en realidad, la democracia de toda sociedad capitalista únicamente puede ser democracia burguesa. Esto quiere decir que la democracia que existe —los derechos políticos iguales y el poder de tomar decisiones fundamentales— es únicamente para los círculos de la clase capitalista, para la clase dominante. Para los demás, y especialmente para el proletariado, la democracia burguesa significa dictadura: significa que los capitalistas los gobiernan, a pesar de que tienen el derecho de votar y de que la Constitución establece leyes que supuestamente se aplican a todos por igual. ¿Cómo puede ser así?
En primer lugar, en cuanto al voto, como señalé en Democracia: ¿Es lo mejor que podemos lograr?:
Al nivel más obvio, ser un candidato serio para cualquier puesto público de importancia en Estados Unidos requiere millones de dólares, o sea, una fortuna personal o, más a menudo, el apoyo de millonarios. Fuera de eso, darse a conocer y conseguir que lo traten en serio a uno depende de que los medios de difusión masiva lo pinten de una manera favorable (por lo menos en el sentido de que lo presenten en el marco de la política responsable, o sea, aceptable).... Para cuando “el pueblo expresa su voluntad con el voto”, tanto los candidatos que tiene para escoger como los “temas” de debate que merecen “seria consideración” ya han sido elegidos por alguien más: la clase dominante....
Además, y lo que es más fundamental, para “llegar a algún lado” una vez elegido —ya sea en su propia carrera o “para realizar alguna meta”—, es de rigor encajar en el molde establecido y trabajar dentro de las estructuras vigentes5.
Y eso no es todo:
Pero si bien el proceso electoral de la sociedad burguesa no representa el ejercicio de la soberanía del pueblo, en general sí juega un importante papel para mantener la soberanía —la dictadura— de la burguesía y la continuidad de la sociedad capitalista. Este proceso electoral en sí tiende a disimular las relaciones de clase básicas —y antagonismos de clase— de la sociedad, y le da una expresión formal e institucionalizada a la participación política de individuos separados en la perpetuación del status quo. Dicho proceso, además de reducir la población a individuos aislados, la reduce a una posición política pasiva y define la esencia de la política como semejante pasividad atomizada, como un proceso en que cada persona, individualmente y aislada de los demás, aprueba esta o aquella opción, cuando todas las opciones fueron formuladas y presentadas a esas masas atomizadas de “ciudadanos” por una fuerza activa de autoridad superior.... [L]a mismísima aceptación del proceso electoral como el acto político más esencial refuerza también la aceptación del orden establecido y se contrapone a romper radicalmente con ese orden y, mucho más, a derrocarlo6.
Y no olvidemos que uno de los motivos principales para “ordenar y establecer” la Constitución, como proclama su “Preámbulo”, fue impedir trastornos sociales y el derrocamiento del orden social que defiende esa Constitución: “asegurar la tranquilidad interior”.
Lo mismo se puede decir de los demás aspectos de la democracia burguesa y del tipo de derechos que estableció la Constitución (incluso su “Carta de Derechos”): su propósito y función es reforzar el dominio de la burguesía y limitar toda actividad política a lo que sea aceptable para la burguesía. Por ende: “la libertad de expresión de que tanto se jactan los ‘países democráticos’ no es contraria al ejercicio de la dictadura de la burguesía; esta la abarca y confina por dos razones básicas: porque la clase dominante tiene un monopolio de los medios para moldear la opinión pública y porque con su monopolio de las fuerzas armadas puede suprimir, tan violentamente como sea necesario, cualquier expresión de ideas y cualquier acción que le plantee un desafío al orden establecido”7. ¡La historia de Estados Unidos, como la historia de todas las dictaduras burguesas “democráticas”, está llena de vívidas ilustraciones de lo verdadera que es esta cita!
La igualdad formal —el tratamiento de todas las personas como iguales, y específicamente como “iguales ante la ley”, no importa su posición económica o social— en la sociedad burguesa, en realidad oculta la relación de completa subordinación, explotación y opresión a que se somete al proletariado y las grandes masas. Si un pequeño grupo —la clase capitalista— controla los importantes medios de crear riqueza, entonces en realidad controla la existencia misma de quienes controlan poco o nada de ellos. Tener semejante poder sobre otros es, en esencia, mantenerlos en una forma de esclavitud, aunque las cadenas no sean literales. En semejante situación —que es la condición fundamental de la sociedad capitalista—, ¿cómo no va a haber una profunda desigualdad económica, social y política? Y con semejante división fundamental, con semejante desigualdad fundamental, jamás puede haber nada más que explotación, opresión, dominación y dictadura.
Con respecto a la ley, esto tendrá dos manifestaciones principales. Primero, los que dominan la sociedad económicamente dominarán el proceso de decidir, mediante la estructura política, el contenido de las leyes. Van a garantizar que las leyes respondan a sus intereses. Y segundo, la aplicación e imposición de esas leyes dará trato superior a los que tengan riqueza y poder, y trato inferior a los que no los tengan, especialmente a las nacionalidades oprimidas, las mujeres y quien más se encuentre “en los últimos peldaños” de la sociedad. La vida cotidiana de cualquier sociedad capitalista prueba mil veces esto. Así que, como con el derecho de votar y los demás derechos constitucionales en una república democrático-burguesa, la igualdad formal ante la ley se expresa en la realidad como una profunda desigualdad —y lo que es más— como algo limitado y amoldado a la dominación y dictadura burguesas.
La diferencia básica entre la idea de libertad y democracia de la burguesía, por una parte, y el anhelo de las masas oprimidas por acabar la opresión, por otra parte, se ha visto tangiblemente en los recientes acontecimientos de Haití, las Filipinas y Corea del Sur. Las masas oprimidas (y los estudiantes y otros intelectuales revolucionarios) quieren un cambio fundamental del sistema social y romper las cadenas de la dominación imperialista en sus países. Pero los líderes y partidos de la oposición burguesa solamente quieren el reconocimiento de derechos y procesos democrático-burgueses, y las elecciones como la expresión suprema de toda actividad política. Más que nada, quieren que se comparta el Poder más amplia e “igualmente” entre las clases altas —en realidad, quieren la oportunidad de empuñar ellos mismos las riendas del Poder—, pero dejando intacto el sistema social y la dominación imperialista. En cuanto a los imperialistas, cuando se convencen de la necesidad de un cambio en tales situaciones, hacen todo lo posible por mantenerlo en el marco de la dominación imperialista y el gobierno burgués. De hecho, tratan de aprovechar tales situaciones para reforzar y quizás “refinar” el aparato de la política burguesa y, sobre todo, de la represión, en los países en cuestión.
Esto nos lleva a un punto fundamental que muy a menudo se pasa por alto o se disimula en las discusiones y debates sobre la democracia en países como Estados Unidos: el hecho de que incluso el que las clases no dominantes de los países imperialistas tengan ciertos derechos se debe a que en grandes partes del mundo sometidas a la dominación imperialista, las grandes masas viven bajo una represión mucho más abierta y asesina. En pocas palabras:
La plataforma de la democracia en los países imperialistas (por apolillada que esté) descansa en el terror fascista en las naciones oprimidas: los verdaderos garantes de la democracia burguesa en Estados Unidos no son el sabio constitucionalista y el juez de la Corte Suprema, sino el torturador brasileño, el policía sudafricano y el piloto israelí; los verdaderos defensores de la tradición democrática no se encuentran en los retratos colgados de los capitolios occidentales, son Marcos, Mobutu, y las docenas de generales de Turquía a Taiwán, de Corea del Sur a Sudamérica, todos instalados en el Poder, mantenidos en él y respaldados por la fuerza militar de Estados Unidos y sus socios imperialistas8, ***.
Pero, a la vez, los gobernantes imperialistas y los fervorosos adoradores de la democracia burguesa son capaces de todo para ocultar, o justificar, la brutal represión que se practica dentro de sus “propias fronteras” y que es tan esencial para el funcionamiento del sistema y para mantener el orden establecido:
[E]n los países imperialistas continuamente se practica feroz represión y terror estatal, no únicamente en tiempos de crisis serias o levantamientos sociales: se practica específicamente contra quienes en vez de apoyar se oponen al orden establecido o contra quienes los gobernantes no pueden contar con que pacificará la vida que les ofrece el sistema imperialista, aquellos que viven en circunstancias desesperadas y cuya vida es, de todos modos, explosiva.
En Estados Unidos, los centenares de asesinatos anuales que comete la policía contra los oprimidos, especialmente los negros y otras nacionalidades minoritarias; el hecho de que la mayor parte de la población de las cárceles es gente pobre y, en este caso también, en su mayoría negros y otras nacionalidades minoritarias (considérese la asombrosa pero verdadera estadística de que uno de cada trece negros será arrestado cada año en Estados Unidos y que los negros van a parar a la cárcel ocho veces y media más que los blancos) y el amplio uso de drogas, técnicas quirúrgicas y otros medios para reprimir y someter a los presos (y a una asombrosa cantidad de personas que no están en la cárcel, como niños presuntamente recalcitrantes); el uso de los programas de asistencia pública y otras agencias de dizque servicios sociales para acosar a los pobres y controlar incluso los detalles más íntimos de su vida personal; estos y muchos más ejemplos son parte de la experiencia cotidiana de millones de personas en los principales países imperialistas. Junto con todo esto, naturalmente, el aparato estatal está presto para la represión política directa...
Por supuesto que en tiempos de severa crisis y presiones sociales, todo esto se intensifica y se generaliza mucho más.... Ya, en Estados Unidos, para mencionar un solo aspecto importante, están sometiendo a una campaña de terror a centenares de miles de inmigrantes, tanto “ilegales” como “legales”, por ejemplo con redadas en sus lugares de trabajo y casas, separando padres y niños, y deportando grandes cantidades de refugiados a los brazos ansiosos de escuadrones de la muerte y otros asesinos gubernamentales en países como El Salvador. Lo mismo están haciendo contra los inmigrantes en Francia, la República Federal de Alemania, Inglaterra y otras democracias imperialistas.
En todo esto, aunque en un sentido la represión patentemente política del Estado es la indicación más clara del contenido de clase de la democracia —en los países imperialistas así como en los demás—, en otro sentido el terror diario, a menudo aparentemente arbitrario que se practica contra las capas bajas en los países imperialistas, concentra la conexión entre el funcionamiento normal del sistema y la naturaleza política (o sea, de clase) del Estado9.
Una visión nueva y muy superior de libertad
En el transcurso de este artículo he considerado varios problemas esenciales concernientes a la Constitución de los Estados Unidos y el sistema que defiende, y he respondido a varios de los principales argumentos con que se defiende esa Constitución y sistema, especialmente que si bien dicho documento no es perfecto, es perfectible, que se puede mejorar continuamente y que los derechos que establece se pueden extender a quienes previamente excluía. Antes de terminar quiero considerar brevemente otros de los principales argumentos que se ofrecen a nombre —y en defensa— de esa Constitución y los principios y la visión que encarna.
“Esta Constitución establece una ley de la nación que se aplica a todos, establece un gobierno de leyes, no de personas”. Lo anterior está estrechamente ligado al principio de la “igualdad ante la ley”. Lo que se quiere decir con “un gobierno de leyes, no de personas” es que nadie “está por encima de la ley” y que lo permitido y lo prohibido se define claramente en un conjunto de reglamentos obligatorios para todos, y que eso solo se puede cambiar por medio de los trámites y procedimientos establecidos con ese fin. Un “gobierno de personas” se refiere a la noción de un gobierno donde la voluntad y la palabra de ciertos individuos —un rey, un déspota, un pequeño grupo de tiranos, etc.—, determina lo que se permite y lo que se prohíbe, y donde eso puede cambiar de acuerdo a los caprichos y dictámenes de tales gobernantes: no hay una norma claramente definida obligatoria para todos, incluso para los líderes políticos y los miembros poderosos e influyentes de la sociedad.
Como todos los principios de la democracia burguesa, esta noción de “un gobierno de leyes, no de personas” omite y confunde el problema esencial. Primero que todo,
“el imperio de la ley” puede ser parte de una dictadura, de uno u otro tipo, y en el sentido más general siempre lo es, incluso allí donde pareciera que el Poder se ejerce sin ley o por encima de la ley, las leyes (en el sentido de un código sistematizado que deben respetar los individuos de la sociedad, ya sea escrito u oral), persisten y contribuyen a hacer cumplir el gobierno de la clase dominante. A la inversa, todos los Estados, todas las dictaduras, tienen leyes de una forma u otra10.
Fundamentalmente, la cuestión es: ¿cuál es el carácter y el contenido de clase de las leyes, qué sistema defienden y hacen cumplir, qué intereses de clase representan —de qué dictadura de clase, la burguesa o la proletaria, son una expresión e instrumento— y a qué fin contribuyen: a mantener la división, dominación, explotación y opresión de clase, o a eliminar todas las divisiones de clase, todas las divisiones sociales opresivas y los antagonismos sociales? En resumen, la cuestión esencial no es “un gobierno de leyes vs. un gobierno de personas”; es qué personas —qué clase— gobierna y qué leyes están en vigor, al servicio de qué fines.
“‘Nosotros, el pueblo’, tal es el meollo y el genio de esta Constitución: establece un gobierno del pueblo y para el pueblo”. Desde un punto de vista histórico, en realidad a esa primera oración de la Constitución —“Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos”— no la motivó un deseo excelso de sus autores de postular principios universales de soberanía popular. Fue un recurso práctico para superar el problema de que los estados postularan su propia soberanía en contra de la soberanía del gobierno federal, y para esquivar el problema específico de no saber cuáles estados ratificarían la Constitución: “El preámbulo de los Artículos de Confederación había nombrado todos los estados de norte a sur. ¿Cómo podía la Convención [que redactó la Constitución — Nota de la redacción] enumerar los estados participantes sin saber cuáles la ratificarían? En un fogonazo de inspiración, la Convención comenzó con las palabras ‘Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos... ordenamos y establecemos esta Constitución...’”11.
El contexto histórico general y el contenido de esa proclama —“Nosotros, el pueblo”— reviste mayor importancia y se debe ver con toda claridad. La fundación de los Estados Unidos de América como país independiente representó más que la separación de una potencia extranjera que lo tenía dominado. También representó la separación de una forma de gobierno que confería gran autoridad a la persona de la monarquía, aunque en última instancia servía a los intereses de la burguesía y la “nobleza” terrateniente. En general, los derechos y restricciones del Poder que estableció la Constitución giraron en torno a prevenir un gobierno arbitrario por déspotas y la concentración de demasiado poder en una persona o parte del gobierno. La “separación de poderes” y los “frenos y equilibrios” de las diferentes ramas del gobierno se concibieron como un medio para garantizar que el gobierno sirviera a los intereses de la clase capitalista y (en ese entonces) de los esclavistas en conjunto. Es desde este punto de vista que debe verse la declaración de “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos” del Preámbulo de la Constitución. Obvio, “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos” no incluía a todos los que excluía expresamente del proceso de seleccionar el gobierno y endosar la Constitución. Pues, “Incluso al nivel más obvio, ¿cómo se puede considerar que el gobierno del recién formado Estados Unidos, por ejemplo, derivó sus poderes ‘del consentimiento de los gobernados’ cuando en la época de la proclamación de los Estados Unidos de América una mayoría de los ‘gobernados’ —esclavos, indígenas, mujeres, hombres que no cumplían varios requisitos de posesión de bienes y otros— ni siquiera tenían el derecho de votar... y ni hablemos del verdadero poder de gobernar y determinar la dirección de la sociedad?”12.
Las clases dominantes burguesas por lo general hablan a nombre del pueblo, de todo el pueblo. Bueno, desde su punto de vista, es lógico, a fin de cuentas, gobiernan a las masas populares. Pero desde un punto de vista más fundamental y objetivo, su declaración de que representan a todo el pueblo es un engaño. Fue un engaño en los tiempos de la fundación del país y de la adopción de su Constitución, y lo es mucho más ahora. Porque ahora, el gobierno de los capitalistas es fundamentalmente antagónico a los intereses de la gran mayoría del pueblo, no solo de un país determinado, sino del mundo. Ahora la cuestión decisiva no es superar obstáculos económicos y políticos al desarrollo del capitalismo y su correspondiente sistema político. El momento de la historia en que eso era oportuno y progresista pasó hace mucho tiempo. Ahora, la tarea del momento histórico es derrocar el capitalismo y eliminar todos los sistemas de explotación, todas las relaciones sociales opresivas, todas las diferencias de clase, por medio de la revolución de la clase explotada en el sistema capitalista: el proletariado.
Para darnos una idea escueta de lo condicionados históricamente —lo anticuados y completamente reaccionarios— que son los intereses y sumas inquietudes de los “fundadores” y de sus descendientes, los gobernantes imperialistas de hoy, consideremos el hecho de que al escribir su Constitución, Madison y otros, “En cuanto a inspiración teórica... se apoyaron fuertemente en Locke y en El espíritu de las leyes de Montesquieu. Ambos escritores insistieron en la necesidad de separar los poderes para prevenir una tiranía; para Montesquieu, ni siquiera a los representantes del pueblo en la legislatura se les podía confiar poder ilimitado”13. Al leer El espíritu de las leyes de Montesquieu, realmente me impresionó ver lo anticuado que es su marco de referencia y ver que su cosmovisión es la de clases explotadoras cuyo momento de ascenso histórico hace mucho que pasó. Como ejemplo patente, veamos lo siguiente:
Si yo tuviera que defender el derecho que hemos tenido los blancos para hacer esclavos a los negros, he aquí todo lo que diría. “Exterminados los pueblos de América por los de Europa, éstos últimos necesitaron, para desmontar las tierras, llevar esclavos de África.
El azúcar sería demasiado caro si no se obligase a los negros a cultivar la caña.
Estos esclavos son negros de los pies a la cabeza, y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible compadecerlos.
No se concibe que Dios, un ser tan sapientísimo, haya puesto un alma en un cuerpo tan negro, y un alma buena...
La prueba de que los negros no tienen sentido común, es que prefieren un collar de vidrio a uno de oro, cuando el oro es tan estimable en los países cultos.
Es imposible suponer que tales seres sean hombres, porque si lo supusiéramos, deberíamos creer que nosotros no somos cristianos”14, ****.
¡Que los “fundadores” y sus descendientes deriven su inspiración teórica de Montesquieu y otros por el estilo! Que defiendan la esclavitud y la explotación contemporánea con alusiones a los derechos de propiedad, siguiendo el ejemplo de James Madison, el principal autor de la Constitución. Por lo que respecta al proletariado, nuestra meta es “la visión de Marx de la eliminación completa de las relaciones burguesas de propiedad, y de todas las relaciones en que los seres humanos se confrontan como dueños de propiedades (o carentes de ellas) en vez de entrar en una asociación consciente y voluntaria”15.
Para las clases explotadoras, y en un sistema de su gobierno, lo básico y fundamental es reducir a las masas populares a la categoría de propiedad que crea riqueza, y hoy, bajo el dominio de los imperialistas, los mayores explotadores de todos los tiempos, la masa de la humanidad es tratada como un medio para amasar mayor fortuna y Poder en las manos de unos pocos y para su beneficio. ¡Y a qué costo! Ese costo debe medirse en un colosal sufrimiento humano, degradación y destrucción. Imaginemos el mayor costo en sufrimiento humano, degradación y destrucción que tendrá que pagar el mundo a menos que y hasta que las víctimas explotadas y oprimidas de este sistema, o sea la gran mayoría de la humanidad, se levanten y tumben este sistema y finalmente acaben con todas las relaciones sociales de explotación y opresión.
En conclusión, la Constitución de los Estados Unidos es una visión de libertad según los explotadores: es su visión de libertad. Es una carta para una sociedad basada en la explotación, en la esclavitud de una u otra forma. Los derechos y libertades que proclama están subordinados y al servicio del sistema de explotación que defiende. Esta Constitución se ha aplicado y se sigue aplicando en conformidad con esa visión y con los intereses de la clase dominante de este sistema; y en su aplicación se ha vuelto más y más cabalmente el instrumento del dominio, dictadura, opresión, conquista y saqueo de la burguesía.
Nuestra respuesta es clara a los que sostienen: “Incluso si la Constitución de los Estados Unidos no es perfecta, es la mejor que se ha inventado, ofrece un modelo al cual aspirar”. Nuestra respuesta es: Por qué fijar nuestras miras tan por lo bajo, cuando tenemos el Manifiesto Comunista para proponer un modelo muy superior de lo que puede aspirar a lograr la humanidad, y de lo que es capaz de lograr: una visión muy superior de libertad*****.
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