La semana pasada, la República Islámica de Irán ha redoblado su represión en las regiones donde viven las nacionalidades minoritarias y los grupos étnicos oprimidos de Irán. El régimen ha desenterrado y reactivado casos penales anteriores y llevado a cabo torturas y asesinatos, al mismo tiempo que ha bloqueado el acceso a Internet para evitar que las personas se comuniquen entre sí y que se saquen a la luz las noticias de sus crímenes.

El activista árabe Hassan Abyat, de 44 años, fue un ejemplo espantoso. Lo ejecutaron el 20 de febrero en la provincia de Juzestán, la región suroeste rica en petróleo con una mayoría de población árabe étnica oprimida.

Era padre, tenía una maestría y trabajaba en la tienda de kebab de su familia. Lo detuvieron junto con otras cinco personas a raíz de las protestas de abril de 2011 en Juzestán y lo acusaron de pertenecer a un grupo de oposición. A partir de confesiones forzadas después de 11 meses de tortura, que lo dejó con daños visibles, lo condenaron de “enemistad contra dios” (Moharebeh) en un juicio colectivo. Es llamativo que lo ejecutaron después de pasar más de 10 años en prisión, y que su ejecución y el bloqueo de su cortejo fúnebre por parte de las fuerzas de seguridad sirvieron de un claro intento de aterrorizar a los árabes étnicos.

El 22 de febrero, el régimen iraní ahorcó en secreto al preso político kurdo Sarkut Ahmadi que había estado en prisión en Kermanshah, Kurdistán durante los últimos dos años. Al Sr. Ahmadi, de 29 años, lo condenaron a muerte en enero de 2021 en una farsa de juicio por la muerte de un oficial de las fuerzas de seguridad.

“No sabía que tratar a los heridos era pecado… pero incluso la muerte, incluso mi ejecución, ya no me importaba”

También el 22 de febrero, las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) en Zahedán llevaron a cabo la ejecución extrajudicial del Dr. Ebrahim Rigi. Rigi era un médico baluchi que atendió a los heridos en la masacre del Viernes Sangriento del 30 de septiembre en Zahedán. En ese entonces, lo detuvieron, torturaron y sentenciaron a muerte por Moharebeh. Después de la protesta internacional, revocaron su sentencia y lo puso en libertad bajo fianza. El miércoles pasado, las fuerzas del CGRI lo arrestaron nuevamente y esta vez murió bajo tortura en una comisaría.

Mientras tanto, ha ocurrido un acontecimiento que tiene el efecto de intimidar a los iraníes fuera de Irán (la diáspora) y a todos los presos políticos: el régimen condenó a muerte a Jamshid Sharmahd, de doble nacionalidad alemán-iraní y con residencia en Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad iraníes lo secuestraron en 2020 durante un viaje de negocios a Dubái y en 20 de febrero lo condenaron en un juicio espectáculo de pertenencia a un grupo promonárquico que alegaron que había llevado a cabo actos terroristas en Irán.

Zahedán, Baluchistán: La represión y las amenazas no logran detener las protestas de masas

El viernes 24 de febrero en Zahedán, la capital de la provincia de Sistán-Baluchistán, patria del amargamente oprimido pueblo baluchi, se apostaron francotiradores del CGRI en los techos a lo largo de la ruta de las manifestaciones semanales de los viernes. Al parecer, las fuerzas del CGRI también intentaron entrar por la fuerza en la Gran Mezquita Makka allí y en la Mezquita Mosli durante las oraciones (la seguridad de la mezquita les impidió la entrada). Al mismo tiempo, Internet en Zahedán sufrió graves interrupciones. Este fue un recordatorio aterrador de que el 30 de septiembre los francotiradores habían disparado desde arriba a una protesta y un lugar de oración, matando entre 60 y 100 personas.

Anteriormente el régimen detuvo a dos clérigos por apoyar las protestas, intensificando las contradicciones del régimen con la dirigencia musulmán sunita en Baluchistán.

A pesar de estas medidas, miles de baluchis salieron a las calles en protesta.