El régimen de Trump avanza velozmente para clasificar oficialmente a “antifa” de Organización Terrorista Extranjera (OTE), la misma categoría que se aplica a grupos fundamentalistas islámicos reaccionarios como Al Qaeda e ISIS1. La designación de OTE otorga al gobierno inmensos poderes, fundamentalmente inconstitucionales, con el propósito explícito de destruir rápidamente al grupo objetivo2.
Durante una década, los fascistas MAGA han elaborado una imagen extremadamente distorsionada de antifa como un foco de izquierda, altamente organizado y cuasi militar que amenaza a la vida y la propiedad de la gente común. A raíz de esto, en septiembre, Trump emitió una orden ejecutiva que “Designa a Antifa como una Organización Terrorista Interna” y, sobre esa base, el régimen declaró su intención de lanzar una iniciativa en todo el gobierno por desmantelar [lo que el régimen llama] terrorismo de izquierda”.
El 8 de octubre, Trump celebró una “mesa redonda sobre antifa” con una colección de fascistas que transmitían en vivo y provocadores. En ella, se le preguntó si designaría a antifa como una OTE. Trump respondió: “Creo que es el tipo de cosa que yo quisiera hacer. Si están de acuerdo, yo también. Hagámoslo”. En un importante artículo, el sitio web Just Security3 señala: “Esto no fue retórica política casual. Fue una directiva del Comandante en Jefe a su aparato de seguridad nacional, presenciada por millones de estadounidenses”.
Despojar los derechos básicos a cualquiera que se le oponga al fascismo
Es difícil exagerar las implicaciones peligrosas y potencialmente desastrosas de esta clasificación, no sólo para los que se identifican con antifa, sino para los derechos civiles más fundamentales y básicos de cualquiera que se le oponga al fascismo en Estados Unidos e incluso en otros países.
Para empezar, antifa no es una organización — es una orientación en cuanto a oponerse a los fascistas, racistas y diversas formas de injusticia. Tampoco es “terrorista” en ningún sentido significativo de la palabra. Pero Trump está usando un término deliberadamente vago para describir con el más amplio criterio posible a los que se le oponen a este régimen. Portavoces del régimen usan la palabra “antifa” indistintamente con “izquierda radical”, y consideran al Partido Demócrata como una organización de “izquierda radical”. ¡El propio Stephen Miller dijo que el Partido Demócrata es una “organización extremista nacional”! Por lo tanto, la clasificación de OTE podría afectar directamente a literalmente millones de personas.
¿Qué hace una clasificación de OTE? Bueno, primero, brindar “apoyo material” a un grupo OTE, o a un miembro o simpatizante de un grupo OTE, es un delito federal que conlleva hasta 20 años de prisión. El “apoyo material” incluye donaciones, comida, alojamiento, asesoramiento experto, “capacitación”, etc. Según Just Security, un fallo de la Corte Suprema (Holder contra Humanitarian Law Project) estableció que “incluso el discurso con la intención de promover la resolución pacífica de conflictos puede constituir apoyo material si se proporciona a una organización designada”.
Implicaciones generalizadas
Piensen en las implicaciones de esto. Los grupos progresistas a menudo recurren a la asistencia jurídica gratuita (pro bono) en el caso de arrestos. Según la clasificación OTE, los propios bufetes de abogados podrían ser susceptibles a cargos penales por brindar esta asistencia. Una iglesia que auspicie un foro o mitin en que hablen individuos clasificados de “antifa” podría ser responsable — exponiéndose a vigilancia y represión. Si se estima que una organización es parte de una OTE, ¡se le impide usar los bancos!
Pero eso es tan solo el principio. Los no ciudadanos (incluidos los residentes permanentes, los estudiantes de otros países, etc.) pueden ser deportados por pertenecer a una OTE. Incluso los ciudadanos naturalizados podrían perder su ciudadanía por participar en un mitin “antifa”, hacer un donativo a un fondo de defensa legal o incluso expresar sentimientos antifascistas. (Y es relevante que el Departamento de Justicia (DOJ) hace poco ha declarado que los casos de desnaturalización serían una de sus cinco principales prioridades de aplicación de la ley).
A nuestro lectorado: ¡Por favor piensen en lo que esto podría implicar!
Luego tenemos la responsabilidad civil: “cualquier persona que ayude e incite, proporcionando a sabiendas asistencia sustancial, o que conspire con” aquellos que cometen actos de “terrorismo internacional” puede ser demandada por cualquiera que resulte lesionado o sufra daños — ¡y pueden exigir el pago de daños triples! Tenga en cuenta que el régimen de Trump está muy próximo a tildar a antifa de “terroristas internacionales”4. Ahora piense en lo siguiente: las fuerzas antifascistas han estado oponiéndose muy activamente a las redadas del ICE en ciudades como Chicago y Los Ángeles. Y en muchas ocasiones el ICE ha afirmado falsamente que fueron “atacados” por personas o vehículos que protestaban en su contra. Esto podría ser fundamento para una demanda, la que podría incluir no solo al individuo acusado del acto, sino también a un individuo que (por ejemplo) llevó a dicho individuo a la manifestación. Aunque se desestimen estas demandas en los tribunales, cuesta decenas o cientos de miles de dólares impugnar semejante demanda en los tribunales.
Las OTE —y los supuestos simpatizantes o partidarios—, también están bloqueados en plataformas de internet como Facebook, lo que implica que sería vetado uno de los principales escenarios en los que se practica la política en nuestra época. Entre otras cosas, esto implica que los fascistas pueden saturar internet con calumnias y mentiras, pero los que no estén de acuerdo con dichas mentiras se arriesgarían a los clasifiquen de “partidarios del terrorismo”.
Además, existen normas mucho más laxas sobre la vigilancia gubernamental — una vez que se le asigna la categoría de OTE, el gobierno se atribuye el derecho a espiarlo — lo que incluye escuchas telefónicas, vigilancia física y registros subrepticios de domicilios o negocios. Si el estado afirma que usted tiene alguna conexión con la OTE, no tiene que demostrar que sospecha que se ha cometido un delito, únicamente afirmar dicha conexión.
Con el objetivo de escalofriar a toda la sociedad
“La prisión sin el debido proceso es un campo de concentración.” Tucson, Arizona, 19 de abril de 2025. Foto: @ArtCandee
Estos son efectos “directos”. Pero ahora pensemos en los efectos indirectos. Existe todo un ecosistema de organizaciones progresistas, grupos de derechos humanos, organizaciones de investigación y centros de estudios que desempeñan un papel importante en el sostenimiento de todo tipo de movimientos sociales. Esta clasificación de antifa como OTE se propone crear una situación la que compelería a todos estos grupos a reflexionar con mucho cuidado sobre cualquier grupo o individuo con el que trabajen, contraten, apoyen o den una plataforma, para evitar demandas devastadoras, si no un procesamiento directo.
Así que esta mera acción de clasificar de antifa a una OTE tendrá un efecto escalofriante extremadamente generalizado y dramático en la sociedad, al hacer que la mera expresión de opiniones antifascistas sea potencialmente muy peligrosa. Y aplicar esto a antifa —de nuevo, aplicar medidas de supresión que se suponía debían emplearse contra grupos como ISIS y Al Qaeda a una corriente política no organizada muy amplia y a un conjunto de creencias— sentará un nuevo precedente. Una vez cumplido, se puede hacer lo mismo con grupos ambientalistas, grupos de derechos de los inmigrantes, etc.
El tipo de ambiente que esto se propone crear es el sello distintivo de un régimen totalmente fascista, en que el ejercicio de los derechos básicos de expresión, reunión, asociación, etc., dejan de existir en lo fundamental.
Este es tan solo un breve esbozo, pero debería ser suficiente para que todos aquellos que se preocupan por los derechos civiles, los derechos humanos o el derecho básico a la libertad de expresión y al disentimiento se pongan a condenar y oponerse a esta medida, y a oponerle resistencia —a negarse a “obedecer de antemano”— si se concreta. Los bufetes de abogados, instituciones académicas, grupos profesionales, así como la gente común de todas las tendencias políticas e ideológicas, tienen que alzar la voz. Las organizaciones de resistencia tienen apoyarse mutuamente ante los ataques. Es extremadamente urgente oponerse a las estrategias de “dividir para vencer”, uniendo a todos los que se pueda unir para expulsar del poder al régimen fascista de Trump.