En una decisión el 22 de julio, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito dictaminó que es inconstitucional la orden ejecutiva que prohíbe la ciudadanía por nacimiento, la que Trump emitió en enero. Además la corte ratificó el amparo judicial de un tribunal inferior que impide la implementación de la orden de Trump a nivel nacional. Esta sigue un fallo de 11 de julio —en otro caso relacionado con la ciudadanía por nacimiento— de parte de un juez federal del tribunal de distrito de New Hampshire que también emitió un amparo judicial a nivel nacional contra la orden de Trump.

La ciudadanía por nacimiento no se trata de una ley ni un reglamento — está consagrada en la Enmienda Decimocuarta, lo que significa que forma parte de la Constitución de Estados Unidos y por tanto se trata de un derecho constitucional fundamental. Según la estipulación de ciudadanía por nacimiento, cualquier individuo que nazca en los Estados Unidos es un ciudadano estadounidense. La orden de Trump niega este derecho esencial a los hijos de inmigrantes indocumentados y a otros no ciudadanos. Varios tribunales federales dictaminaron que esto es inconstitucional y emitieron amparos judiciales a nivel nacional (también conocido como universal) que impiden la implementación de esta orden a lo largo de Estados Unidos.

Pero en junio, la Corte Suprema de Estados Unidos en efecto apoyó a Trump y anuló esos amparos judiciales a nivel nacional. Básicamente dictaminó que los tribunales de distrito ya no podían emitir amparos judiciales a nivel nacional, con unas excepciones muy estrechas. Este fallo se aplicaba no solamente a la orden de Trump respecto a la ciudadanía por nacimiento sino en casos judiciales en general.

La decisión de la Corte Suprema tiene un efecto doble. En primer lugar, despojó a los tribunales inferiores el derecho de actuar como freno sobre órdenes y acciones presidenciales inconstitucionales — una función que estos tribunales han ejercido durante al menos los últimos 60 años, bajo presidentes tanto republicanos como demócratas. En segundo lugar, creó una situación en la que los 28 estados gobernados por fascistas podrían negar la ciudadanía a los recién nacidos de inmigrantes indocumentados, sobre la base de la orden ejecutiva de Trump. Estaba previsto que entrara en vigor el 27 de julio. (Consulte un análisis más completo en “La Corte Suprema fascista pone los derechos básicos en la mira y asesta un mazazo al estado de derecho”).

Ahora, con el fallo del tribunal de distrito del 11 de julio y el fallo del tribunal de apelaciones del 22 de julio, se impide la entrada en vigor de la orden de Trump — a menos que la Corte Suprema intervenga para desestimar estos fallos de los tribunales inferiores. Ambos fallos afirman que los amparos a nivel nacional que autorizaron figuran entre las excepciones las que la Corte Suprema incluyó en su orden contra la mayoría de los amparos judiciales universales.

El caso en el Noveno Circuito (que corresponde a los tribunales de distrito en nueve estados occidentales) se originó en cuatro estados que presentaron una demanda para detener la orden ejecutiva de Trump. Cuando el tribunal de distrito en Seattle emitió un amparo a nivel nacional contra la orden en febrero, el régimen de Trump apeló esa decisión. Ahora la corte de apelaciones ha fallado: “El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación que propone la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos completamente de acuerdo”.

El caso en New Hampshire surgió de una demanda colectiva presentada por la ACLU. Una demanda colectiva es un mecanismo mediante el cual los abogados pueden demandar en nombre de todas las personas de un gran grupo (hasta millones de personas) que se encuentran esencialmente en la misma situación. En este caso, la ACLU demandó en nombre de todos los padres y madres de bebés que nacerían como no ciudadanos bajo la orden de Trump, y de los propios bebés. En su decisión, el juez excluyó a los padres y madres de la demanda pero sí falló a favor de los bebés, y extendió esa protección por medio de un amparo judicial a nivel nacional.

Por lo tanto, por el momento la ciudadanía por nacimiento sigue en vigor. Esto es algo positivo, y refleja la continua disposición de algunos jueces a mantenerse firme contra el fascismo flagrante, ante un alto nivel de presión e intimidación que ejercen en su contra el régimen y sus bases — además de la Corte Suprema, dominada por los fascistas.

Sin embargo, como escribimos anteriormente: “esta sigue siendo una victoria frágil, limitada y temporal, por la razón fundamental y abarcalotodo de que vivimos bajo un régimen fascista y dicho régimen domina firmemente la Corte Suprema, el tribunal más alto del país, así como varios tribunales de distrito y de apelaciones. Una y otra vez, cuando la aplicación racional de la ley y la Constitución se ha topado con la agenda de los fascistas, la Corte Suprema ha encontrado la manera de allanar el camino para la agenda fascista”.

Tal como señala el líder revolucionario Bob Avakian:

 …los jueces que conforman la mayoría en la Corte Suprema no actúan como “juristas” que se adhieran a la Constitución y emitan juicios racionales sobre la constitucionalidad de las leyes. Son funcionarios fascistas que “reinterpretan” la Constitución y las leyes, ignorando y desafiando los precedentes jurídicos, la lógica básica y el evidente sentido de las cosas, como parte clave de imponer los objetivos del régimen fascista de Trump, del cual efectivamente son un instrumento. (Del e-mensaje REVOLUCIÓN #126, Más sobre por qué sólo puede apoyarse en la acción sostenida decidida de gente decente para derrotar y sacar al régimen fascista de Trump.)

Es casi seguro que el régimen de Trump apele estos fallos en su contra, y los casos probablemente terminarán en la Corte Suprema. Así que es muy posible que los fallos y amparos judiciales de los tribunales inferiores resulten anulados y que la orden de Trump entre en vigor. La situación requiere una vigilancia constante — y requiere que toda maniobra para dar luz verde a la evisceración de la ciudadanía por nacimiento de parte de Trump se tope con una respuesta masiva del tipo que altere las actividades como de costumbre.