Estados Unidos: Las “leyes” sobre crímenes de guerra se aplican a todos — excepto a NOSOTROS, por supuesto

El presidente de Estados Unidos, Biden, acusó a Rusia de “crímenes de guerra” y ahora ha intensificado esto con acusaciones de “genocidio”. En primer lugar, por la hipocresía sin precedentes de esto, lea aquí y aquí.

Los funcionarios de Biden mencionaron e invocaron a la Corte Penal Internacional (CPI) como el foro potencial para adjudicar estos “crímenes de guerra”. Pero ni Biden ni los medios de comunicación burgueses estadounidenses mencionan el hecho inconveniente de que Estados Unidos mismo nunca ha aceptado ser parte de la autoridad de la CPI ni respetarla. Además, Estados Unidos ha atacado a la CPI durante décadas.

El Estatuto de Roma es un tratado que entró en vigor en 2002, firmado por más de 120 países (Estados Unidos y Rusia se encuentran entre los países que no son parte del Estatuto, junto con otras grandes potencias como China e India). La CPI es el aparato de ejecución del Estatuto de Roma. Como conjunto de acuerdos intragubernamentales, elaborados y dominados principalmente por los imperialistas de Europa Occidental en torno a la Unión Europea y la OTAN, el Estatuto de Roma pretende establecer “reglas del juego” para los conflictos, incluida la guerra, aplicables en gran medida a los signatarios de los acuerdos. En ese contexto, el Estatuto de Roma prohíbe la tortura; violencia sexual; ataques a civiles; opresión racial sistemática; trato humillante y degradante en el contexto de una guerra; y usar el hambre como arma de guerra.

Si bien estos son estándares legítimos “abstractos y teóricos” que se deben mantener incluso bajo este sistema de capitalismo-imperialismo, en realidad, prácticamente no existen medios para hacerlos cumplir, y todo esto se ignora de manera rutinaria, y lo que se lleva principalmente a juicio son varios grupos e individuos “no estatales” de oposición, siempre que sirva a los intereses de algún estado opresor en particular, o grupo de estados, en la llamada “comunidad internacional”.

Estados Unidos: ¡Cómo se atreven querer aplicarnos a nosotros leyes contra los crímenes de guerra!

Según cualquier definición, Estados Unidos es el número 1 en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Para verlo por sí mismo, lea la lista de actos definidos como crímenes de guerra en el Artículo 8 del Estatuto de Roma y luego compare esa lista con la lista parcial de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y documentados en Estados Unidos de Atrocidades: Respecto a los crímenes de guerra, Estados Unidos es el “Número Uno”. 

Human Rights Watch (HRW) es una organización con vínculos estrechos con el Departamento de Estado de Estados Unidos y un historial constante de ignorar o minimizar los abusos contra los derechos humanos cometidos por Estados Unidos y sus aliados. Pero HRW preparó un informe que documenta cómo el gobierno de Estados Unidos ha maniobrado agresivamente para intimidar y silenciar a la CPI cuando sus investigaciones se atreven a acercarse a identificar los crímenes de guerra de Estados Unidos. Por ejemplo:

  • En el contexto de las medidas para investigar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por Estados Unidos en la “guerra contra el terror”, Bush promulgó la “Ley de Protección de los Militares Estadounidenses” en 2002, que autoriza el uso de la fuerza militar para “liberar” a cualquier estadounidense o ciudadano de un país aliado de Estados Unidos detenido por la CPI.
  • Bajo el régimen fascista de Trump y Pence, el gobierno de Estados Unidos amenazó con tomar medidas de represalia contra el personal de la CPI y los países miembros si la corte investiga a ciudadanos estadounidenses o de países aliados. Trump le dijo a la Asamblea General de la ONU que “Estados Unidos no brindará apoyo ni reconocimiento a la Corte Penal Internacional. En lo que respecta a Estados Unidos, la CPI no tiene jurisdicción, legitimidad ni autoridad”.
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Resultado de un ataque estadounidense con avión no tripulado en Afganistán, abril 2019.     Foto: AP

  • El 15 de marzo de 2019, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que Estados Unidos iba a imponer prohibiciones de visa a los funcionarios de la CPI involucrados en la potencial investigación de la corte sobre ciudadanos estadounidenses por presuntos delitos en Afganistán. Dijo que Estados Unidos estaría preparado para tomar medidas adicionales, incluidas sanciones económicas, “si la CPI no cambia de rumbo”. El régimen de Trump confirmó a principios de abril de 2019 que había revocado la visa del fiscal de la CPI.
  • El 17 de marzo de 2020, Pompeo amenazó públicamente por nombre a dos miembros del personal de la CPI afirmando que estaba “considerando cuáles deberían ser los próximos pasos de Estados Unidos con respecto a estas personas y todos aquellos que están poniendo en riesgo a los estadounidenses”. Pompeo dijo que quería identificar a las personas responsables de la investigación, y a sus familiares, e insinuó que podría solicitar acciones contra ellos. El 15 de mayo de 2020, Pompeo prometió “exigir consecuencias” si la CPI “continúa con su curso actual”, es decir, si la corte procede con una investigación sobre los crímenes israelíes contra el pueblo palestino (así como los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas palestinas).
Palestinian woman expresses anger at massive carnage caused by Israeli airstrike.

 

 Una mujer palestina indignada ante la masacre causada por un ataque aéreo israelí, mayo 2021.     Foto: Anadolu Agency-Ali-Jadallah

  • El 11 de junio de 2020, Trump emitió una orden ejecutiva de gran alcance para autorizar congelamientos de activos y prohibiciones de ingreso de familiares que podrían imponerse contra ciertos funcionarios de la CPI. La orden ejecutiva también estipulaba las mismas sanciones contra cualquier persona que ayudara en ciertas investigaciones de la CPI.

Si bien los demócratas se califican a sí mismos de confiar en las “alianzas” y la “diplomacia” y Biden revocó la orden ejecutiva específica de Trump que perseguía a funcionarios específicos de la CPI, enmarcó ese cambio como un ajuste táctico en el contexto de una reafirmación abarcadora de que la CPI no tenía derecho a investigar crímenes de guerra de Estados Unidos.

Por lo tanto y sin embargo, Estados Unidos ahora considera que la CPI es un foro legítimo para adjudicar estos reclamos contra Rusia, junto con las potencias imperialistas de Europa Occidental estrechamente aliadas con Estados Unidos.

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