Se supone que los campus universitarios son espacios para el cuestionamiento, el debate, la investigación y el aprendizaje; lugares donde estudiantes y profesores pueden seguir la evidencia hasta llegar a la verdad sobre el mundo y anhelar a mejorarlo. Pero nada de esto se puede permitir bajo el régimen fascista de Trump. Se denuncia a los profesores por manifestarse contra el fascismo, se expulsa a los instructores de los salones de clase, se difama y amenaza al profesorado titular, se criminaliza o investiga a los estudiantes por protestar, mientras el gobierno federal ofrece financiación y otros incentivos a cambio de la sumisión de las instituciones. Es una campaña estratégica para quebrar el disentimiento académico, atemorizar a los estudiantes inmigrantes y transformar la educación superior en un conducto para el programa fascista, fundamentalista cristiano, supremacista blanco, supremacista masculino y lleno de odio.

Miren lo que está sucediendo sobre el terreno.

Universidad de Indiana: Castigada por decir la verdad sobre la supremacía blanca

En la Universidad de Indiana, la profesora Jessica Adams fue apartada de su puesto de profesora mientras la universidad investiga una queja sobre su uso de un gráfico de “pirámide de supremacía blanca” que incluía “Make America Great Again” (MAGA; Hacer que Estados Unidos vuelva a tener grandeza) como supremacía blanca “encubierta”.

Una estudiante presentó la queja al senador Jim Banks, cuya oficina la remitió a la Universidad de Indiana. La herramienta de la pirámide se usa ampliamente para enseñar sobre el racismo estructural, pero Adams afirma que a ella se le negaron garantías procesales básicas: no se le permitió contar con un abogado durante la investigación y su decano se convirtió en el principal denunciante. El caso pone de manifiesto una aterradora inversión: una ley estatal de “diversidad intelectual” (Ley 202 del Senado) se está utilizando para castigar a una profesora por enseñar sobre el racismo estructural.

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill: Profesor titular amenazado por ideas antifascistas

En la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC-Chapel Hill), el profesor Dwayne Dixon, profesor titular asociado de Estudios Asiáticos y de Medio Oriente, fue suspendido administrativamente después de que medios de comunicación fascistas y grupos fascistas como Turning Point USA difundieran acusaciones de que él había participado en actos de violencia con motivaciones políticas, haciendo referencia a su antigua participación en Redneck Revolt, una red de autodefensa comunitaria antirracista y antifascista que se disolvió formalmente hace años. También intentaron vincularlo con volantes incendiarios que aparecieron en la Universidad de Georgetown, a pesar de no existir ninguna prueba que lo relacionara con ellos. La UNC respondió iniciando una “exhaustiva evaluación de riesgos”, retirando a Dixon de las aulas e incluso, según la ACLU de Carolina del Norte, prohibiéndole comunicarse con estudiantes o colegas sin la aprobación del decano. Sin embargo, tras consultar con la seguridad del campus, funcionarios del sistema universitario y las fuerzas del orden, la universidad no encontró fundamento alguno para las acusaciones, ni amenaza alguna, ni violación de las normas. Dixon denunció la suspensión como un intento de “suprimir mi libertad de expresión”, y sus estudiantes y compañeros docentes organizaron peticiones, manifestaciones y declaraciones públicas exigiendo su reincorporación.

Lo que hace este incidente aún más alarmante es que Dixon tiene plaza fija, una de las pocas estructuras que aún quedan en el ámbito académico destinadas a salvaguardar la libertad académica contra la injerencia política. La plaza fija no es un privilegio; es un principio fundamental que protege a los académicos del despido o las sanciones por impartir clases sobre temas controvertidos, expresar opiniones disidentes o participar en activismo político. Despedir o incluso suspender a un profesor titular por sus vínculos políticos debería requerir una justificación extraordinaria y el debido proceso, precisamente porque la plaza fija está diseñada para garantizar que la investigación intelectual no se subordine a la presión política.

La reincorporación de Dixon, impulsada en parte por la movilización estudiantil, la presión del profesorado y la intervención de organizaciones defensoras de las libertades civiles, no resta importancia a la suspensión en sí. El hecho de que la UNC destituyera a un profesor titular por acusaciones infundadas significa que incluso las garantías de la titularidad pueden verse socavadas cuando la persona afectada tiene una ideología política que choca con la del régimen.

Purgas políticas tras el asesinato de Kirk

En todo el país, las repercusiones del asesinato de Charlie Kirk se han utilizado como pretexto para purgar a educadores y personal administrativo. Decenas de docentes y maestros de primaria y secundaria fueron suspendidos o despedidos tras publicaciones en redes sociales sobre el suceso; muchos de estos despidos han dado lugar a demandas por supuestas represalias disciplinarias y violaciones de la Primera Enmienda. Se trató claramente de despidos y suspensiones con motivaciones políticas, basados en publicaciones en redes sociales que no infringían ninguna ley, intimidando al disentimiento mucho más allá de las personas afectadas: expresarse, y usted podría ser el siguiente.

Las amenazas legales sustituyen al debate mientras se presiona a las universidades para que silencien el disentimiento y la protesta

Mientras tanto, el alcance del régimen no se ha limitado a medidas contra el personal. Se extiende al chantaje institucional y a la presión legal. Se han utilizado demandas de alto perfil e investigaciones federales para castigar y obtener concesiones de universidades que albergaron campamentos pro-palestinos o cuyos estudiantes y profesores criticaron el genocidio en Gaza. La UCLA —entre otras instituciones— ha enfrentado demandas y hallazgos del Departamento de Justicia relacionados con la falta de represión suficiente contra las protestas pro-palestinas del año pasado. Se presiona a las administraciones para que entreguen los nombres de estudiantes y profesores activistas, una táctica propia de la era McCarthy. Esto no se trata de “seguridad en el campus”, sino de vigilancia política. Las sanciones económicas y las amenazas legales implican que la única opción es capitular, entregar listas, vigilar a sus estudiantes y profesores, o enfrentarse a litigios ruinosos y al escrutinio federal.

“El Pacto”: La presión del régimen para que se negocie financiación a cambio de ideología en la educación superior

Y ahora llega el Pacto: una carta de la Casa Blanca y el documento adjunto “Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior”. Disfrazado de exigencias para la “protección de ideas conservadoras”, invita explícitamente a las universidades a un acuerdo que promete acceso preferencial a subvenciones federales y otros “beneficios” a cambio de compromisos institucionales que, en la práctica, integrarían las prioridades políticas de la administración Trump en la contratación, la admisión y la supervisión curricular. Este Pacto equivale a coerción —condiciona la financiación pública y el acceso a la conformidad política— y está diseñado para reformar los planes de estudio, cambiar el enfoque de contratación de voces críticas e institucionalizar un “equilibrio” impuesto políticamente que privilegia las perspectivas fascistas y afines al régimen.

Algunas instituciones se niegan a colaborar. El MIT rechazó la propuesta, advirtiendo que condicionar la financiación a la conformidad institucional socava la libertad académica. La Universidad de Virginia también la rechazó, argumentando que la investigación basada en el mérito, y no las pruebas de lealtad política, debería determinar el apoyo federal. Esto es un pacto de corte fascista: dinero a cambio de silencio, subvenciones a cambio de control ideológico.

Transformar las zonas de indagación en zonas de control

Al juntar todas estas piezas, el panorama es desolador. Las administraciones son objeto de hostigamiento y demandas judiciales; responden entregando nombres, suspendiendo a profesores, cancelando eventos o abriendo investigaciones que destruyen carreras y desalientan el debate. El Departamento de Educación, el Departamento de Justicia y otras agencias federales han sido utilizadas o empleadas como amenaza dentro de esta campaña más amplia. Todo esto ocurre mientras los estudiantes inmigrantes viven bajo la amenaza de redadas del ICE en los campus o cerca de ellos, temiendo por su seguridad en la escuela y con el temor de que asistir a clases signifique regresar a casa con padres deportados.

Se trata de un proyecto político consciente de un régimen fascista que se centra en las universidades porque se supone que los campus sean el lugar donde generaciones enteras aprenden a pensar, o al menos proporciona un espacio para la investigación científica, crítica e independiente que puede ampliar los límites de lo que los jóvenes creen que es posible.

Desde los campus universitarios hasta la capital: Un llamado urgente a unirse al movimiento por la caída del régimen fascista de Trump

Sin embargo, este ataque también plantea una disyuntiva crucial y urgente. Podemos ver cómo la academia —uno de los últimos refugios del pensamiento crítico— se convierte en un conducto para el adoctrinamiento fascista. O podemos negarnos a ceder. La historia demuestra que los tentáculos de los regímenes fascistas deben ser cortados desde su base, y los campus universitarios son una de sus bases fundamentales. Esto implica proteger a los estudiantes de las redadas del ICE y del temor a la deportación; implica defender la titularidad del profesorado, a los denunciantes y la libertad de expresión en las aulas; implica la oposición institucional a cualquier Pacto o supuesto “acuerdo” que intercambie recursos federales por sumisión política; implica negar a permitir que las administraciones entreguen listas de activistas a las autoridades federales.

Pero, sobre todo, lo que la historia exige ahora es que millones de personas se pongan de pie para detener esto. La movilización que comenzó el 5 de noviembre en Washington, D.C., convocada por RefuseFascism.org (Rechazar el Fascismo), no es un gesto simbólico. Debe crecer —hasta alcanzar millones de personas en Washington, D.C., y extenderse por todo el país— de forma no violenta, sostenida y decidida, hasta que el régimen fascista de Trump sea expulsado del poder.

Esto no es una petición de consuelo. Está en juego el alma de nuestro futuro: si los campus universitarios seguirán siendo lugares donde se busca la verdad, o si se convierten en herramientas de propaganda y represión. Debemos elegir: someternos o resistir. La historia no será benévola con quienes elijan la sumisión.

En su e-mensaje @BobAvakianOfficial REVOLUCIÓN #115, ¡Que se largue el régimen fascista de Trump —YA— antes de que sea muy tarde!, el líder revolucionario describe claramente lo que se necesita con urgencia ahora:

Esta lucha que de veras es de vida o muerte contra el fascismo requiere, y tiene que incorporar, a filas rápidamente crecientes de la gente, provenientes de todos los sectores de la sociedad y de todos los ámbitos de la vida —entre ellas a gente negra, inmigrantes, estudiantes universitarios y otros jóvenes, profesionales y trabajadores gubernamentales, mujeres, personas LGBT y otros—, todos aquellos que de hecho tengan un profundo interés en derrotar a este fascismo: personas con una amplia diversidad de opiniones y perspectivas políticas, al unir a todos los que se pueda unir y al superar todos los esquemas de “dividir para vencer”, para así activar a los millones que pueden ser la fuerza decisiva para expulsar a este régimen fascista.