El jueves 15 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos conocerá los argumentos en un caso relacionado con la orden ejecutiva de Trump que tiene por objetivo eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Se espera un dictamen en junio o julio. Como escribimos la semana pasada, si la Corte dictamina a favor de Trump en este caso, “esto representará otro salto más hacia el fascismo total. Sí, es así de grave”.

El derecho a la ciudadanía por nacimiento significa que toda persona nacida en Estados Unidos —independientemente de la ciudadanía de sus progenitores— por ley es un ciudadano de Estados Unidos. No se trata de una política gubernamental ni de una ley aprobada por el Congreso. Es un principio que aparece directamente en la Constitución de los Estados Unidos, como parte de la Decimocuarta Enmienda, aprobada poco después de la Guerra Civil. Dicha enmienda garantizaba la ciudadanía para los antiguos esclavos, quienes antes no eran considerados ciudadanos. Y, en un lenguaje claro e inequívoco (y que cuenta con la ratificación de múltiples decisiones de la Corte Suprema desde entonces), la enmienda otorga esa misma garantía a todas las personas que nacen en Estados Unidos.

Así que cuando Trump, en su primer día en el cargo, emitió la orden ejecutiva que negaba la ciudadanía a los hijos de padres que no eran ciudadanos ni titulares de una tarjeta verde, estaba desafiando y pisoteando directamente a la Constitución. Como señala el líder revolucionario Bob Avakian (BA): “Si Trump quisiera cambiar esto legal y constitucionalmente —lo cual en sí sería una medida muy mala y reaccionaria—, podría intentarlo siguiendo los procedimientos para enmendar la Constitución que se exponen en la propia Constitución. Pero eso es precisamente el quid: Trump no reconoce límites a su dictadura fascista — ni la Constitución, y ni las leyes, ni el estado de derecho ni el debido proceso legal”¹. (Del e-mensaje REVOLUCIÓN #115 @BobAvakianOfficial).

El artículo de revcom.us de la semana pasada y el mensaje de BA, REVOLUCIÓN #115, abordan más las altas apuestas en este caso ante la Corte Suprema. Aquí, queremos analizar un poco más la manera en que el régimen fascista está llevando a cabo este flagrante ataque contra el estado de derecho y los inmigrantes, con una concentración en la cuestión de los amparos judiciales a nivel nacional emitidos por los tribunales federales.

“Eliminar los amparos a nivel nacional sería un gran cambio  en la ley”

Poco después de que Trump emitiera la orden ejecutiva que prohibía el derecho a la ciudadanía por nacimiento, se presentaron múltiples demandas para impugnarla. Cuatro jueces de tribunales federales de distrito dictaminaron la inconstitucionalidad de la orden de Trump y emitieron amparos a nivel nacional, lo que significa que no se podía poner en vigor la orden en ningún lugar de Estados Unidos, no solo en los distritos donde se tramitaron las demandas. Estos dictámenes de los tribunales de distrito y los amparos a nivel nacional se confirmaron en tres tribunales federales de apelaciones. El caso ante la Corte Suprema el 15 de mayo combina tres de las demandas: presentadas por los estados de Washington y Nueva Jersey y por la organización defensora de los derechos de los inmigrantes CASA. 

En lugar de solicitar a la Corte que se pronuncie directamente sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva, el régimen de Trump exige que se declaren inconstitucionales los amparos a nivel nacional dictados por los tribunales de distrito, y que los amparos emitidos por los jueces de distrito se apliquen únicamente “a los demandantes individuales [a aquellos que interpusieron las demandas] y a los miembros identificados de las organizaciones demandantes”. Los abogados del régimen de Trump calificaron de “modesta” esta solicitud.

Pero, como señala Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California-Berkeley, en un artículo reciente², lo que Trump se propone hacer en esta situación es todo menos “modesto”:

Eliminar los amparos a nivel nacional sería un gran cambio en la ley. De hecho, la petición de la administración Trump a la Corte Suprema argumenta que un tribunal federal no puede ofrecer un remedio a personas que no sean las partes en una demanda. Sostener que los tribunales federales no pueden ofrecer un “remedio más allá de las partes en el caso” significaría que tendría que presentar demandas por separado cada una de las demás partes que deseen el mismo remedio. Si una organización presenta una demanda, todos sus miembros podrían beneficiarse. Y si se presenta una demanda colectiva, todos los miembros de la clase se beneficiarían. Pero una demanda presentada por individuos para impugnar una política, como la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento, significaría que cualquier otra persona afectada tendría que presentar una demanda por separado.

El objetivo principal del escrito del procurador general [de Trump] era argumentar que una decisión en un tribunal federal de distrito no puede tener ningún efecto más allá de ese distrito. Esto significaría que una impugnación de una política gubernamental inconstitucional tendría que presentarse por separado en cada uno de los 94 distritos federales y, en última instancia, en cada [tribunal de apelaciones] del circuito federal.

Chemerinsky señala que el régimen de Trump hace dos argumentos principales a favor de su posición contra las órdenes judiciales a nivel nacional. Uno de ellos es que, según la Constitución, un tribunal no puede ofrecer un remedio más allá de los demandantes que sean partícipes directos en una demanda. Chemerinsky ofrece una refutación rotunda:

…Nada en el Artículo 3 [de la Constitución] impide que un tribunal dicte un remedio contra un demandado que beneficie a otros más allá del demandante en una demanda. De lo contrario, si se aplicara una ley inconstitucional, el tribunal únicamente podría declararla inválida respecto de los demandantes en ese caso, pero se dejaría en vigor la ley vigente, salvo respecto de aquellos que se presenten para impugnarla. Un amparo de alcance nacional está dirigida a una parte: el gobierno de Estados Unidos.

El otro argumento principal del régimen de Trump en su caso es que los amparos a nivel nacional perjudican al poder ejecutivo en el ejercicio de sus funciones. Chemerinsky, una vez más, lo refuta:

Pero la respuesta es que ese es precisamente el quid: si el poder ejecutivo viola la Constitución, hay que ponerle freno. Poner fin a los amparos a nivel nacional significaría que una ley o acción presidencial inconstitucional seguiría en vigor en todo el país, excepto en el distrito federal en el que se dictara el amparo. Es precisamente por esta razón que la administración Trump quiere poner fin a los amparos a nivel nacional: sin éstos, será mucho más difícil frenar las acciones presidenciales inconstitucionales.

Como señala Chemerinsky: “[L]os defensores de los amparos a nivel nacional dicen que eso es temporal únicamente hasta que dictamine el tribunal federal de apelaciones y, en última instancia, la Corte Suprema. Argumentan que sería mucho peor la alternativa de limitar el remedio del tribunal federal al demandante particular o al tribunal federal de distrito específico”.

Ese “mucho peor” podría significar que, si la Corte Suprema dictaminara a favor de Trump en este caso sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento, según sea el lenguaje exacto de la decisión, la mayoría de los estados negarían la ciudadanía a cualquier persona que hubiera nacido después del 19 de febrero del año en curso (cuando la orden ejecutiva de Trump supuestamente iba a entrar en vigor antes de los amparos a nivel nacional) de los progenitores que no fueran ciudadanos ni residentes legales. Además, como dijimos en el artículo de revcom.us de la semana pasada:

Tal decisión también podría implicar que Trump podría emitir una orden executiva contra cualquier derecho o todos los derechos que la Constitución garantiza ahora, y siempre y cuando un distrito no la impugne, se convertiría en ley en ese distrito. Esto sentaría un precedente extremadamente peligroso. Imagínese — si una orden executiva semejante se aplicara al derecho a la libertad de expresión en la Primera Enmienda, ¿y de repente se les privara de la protección de la Primera Enmienda a todas las personas menos aquellas que viven en el norte de California, Nueva York y Detroit?

En resumen, la acción de Trump para prohibir el derecho a la ciudadanía por nacimiento constituye un ataque fascista tanto a los tribunales y al propio estado de derecho como a los inmigrantes.

Altas apuestas y peligros… y la urgente necesidad de protestas de masas

Todo esto resalta una vez más las altas apuestas y los fuertes peligros que implica el caso ante la Corte Suprema sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Y además, enfatiza la urgente necesidad de que la gente se sume y se una a la convocatoria de Rechazar el Fascismo a las protestas el 15 de mayo ante la Corte Suprema y en otras partes del país — y el 17 de mayo: “En ciudades grandes y pueblos pequeños por todo Estados Unidos, un día de protestas, mítines y marchas decididos y no violentos para proyectar la demanda de que Se Largue Trump Ya a un nivel mucho más alto por toda la sociedad”.