Carta de un miembro de la Gira Nacional “Revolución”:

Al redactar su prohibición casi total del aborto, que ahora mismo está privando a millones de mujeres de su fundamental y constitucionalmente protegido derecho al aborto, legisladores en Texas recurrieron a medios siniestros para evitar una revisión judicial de la nueva ley. Ellos prohibieron al estado para hacer cumplir la prohibición del aborto y en su lugar empoderaron a ciudadanos privados para hacerla cumplir. En este sentido, ellos pueden reclamar que a pesar de que aprobaron una ley que abiertamente viola una decisión de la Corte Suprema y está privando activamente a millones de mujeres de sus derechos protegidos constitucionalmente, el estado de Texas no está violando la ley porque éste no es el que la está haciendo cumplir. Y efectivamente, la Corte Suprema dominada por fascistas ha aceptado hasta ahora esto como una excusa para que la ley entre en vigor.

El 6 de octubre, un juez federal llamado Robert Pitman objetó enérgicamente a esto y bloqueó temporalmente la prohibición del aborto en Texas. Él argumentó de manera convincente que la forma como la ley de Texas fue escrita —el hecho de que ésta empoderó a ciudadanos particulares para privar a otras de sus derechos constitucionales— hizo aún más esencial para el gobierno federal y las cortes responder según su responsabilidad de intervenir. Al argumentar esto él remontó hasta el periodo de la Reconstrucción que siguió a la Guerra Civil. Él mostró que esto fue precisamente el rechazo de los estados del Sur a proteger los derechos constitucionales del pueblo negro frente a incendios provocados, linchamientos, saqueos, y otras formas de terror racista que estaban siendo llevados a cabo por el Ku Klux Klan y turbas racistas que dieron lugar a la 14ª Enmienda y al Departamento de Justicia, en primer lugar. Fue responsabilidad del gobierno federal proteger los derechos del pueblo negro no solo de ser violados por leyes estatales sino también de ser violadas por ciudadanos particulares y turbas. El juez Pitman argumentó que los mismos principios se aplican hoy y da a las cortes federales la responsabilidad de bloquear la ley de prohibición del aborto de Texas precisamente para proteger los derechos de la mujer de ser violados por ciudadanos particulares.

Sin embargo, solo 48 horas más tarde, un tribunal superior emitió una orden judicial temporal contra la decisión de Pitman, y la Prohibición del Aborto en Texas volvió a estar completamente en vigor.

Si bien el destino final de la prohibición del aborto en Texas aún no se ha resuelto (todavía está siendo impugnada en la cortes a la vez que está en vigor activamente en este momento), hay enormes implicaciones si las cortes adoptan la posición de que no tienen ningún papel en la protección de los derechos constitucionales del pueblo de ser violados por ciudadanos particulares.

En efecto, tal como existe un precedente histórico para el argumento correcto del juez Pitman de que el gobierno federal y las cortes tienen el deber de intervenir y proteger estos derechos, también existe un precedente histórico de lo que sucede cuando las cortes revierten este precedente e insisten en no tener ese papel.

Solo unos pocos años después de la aprobación de la 14ª Enmienda y la creación del Departamento de Justicia, la Corte Suprema efectivamente destripó esas protecciones. En su fallo Estados Unidos contra Cruikshank de 1876, la Corte Suprema anuló las condenas de tres hombres blancos quienes participaron en la masacre de aproximadamente 150 personas negras, argumentando que debido a que la masacre fue llevada a cabo por ciudadanos privados, la corte federal no tenían ningún papel en la protección de los derechos de la gente negra que había sido masacrada. Este fallo preparó el escenario y dio luz verde activamente para los 100 años de linchamientos terroristas que siguieron en los que ¡se produjeron más de 4.000 linchamientos documentados!

Hoy en día, los fascistas se están movilizando cada vez más para agredir a las personas por usar mascarillas, o defender las vacunas, para amenazar a miembros de juntas escolares, intimidar a los votantes negros y latinos, perseguir a quienes podrían ayudar a las mujeres a acceder a abortos y más. Las implicaciones de los tribunales que afirman que el gobierno federal no tiene ningún papel en impedir que los ciudadanos privados y las turbas priven a las personas de sus derechos constitucionalmente protegidos son enormes.

En este sentido, aprender sobre Crimen Yanqui Caso #71: La masacre de Colfax de 1873... y cómo la Corte Suprema aprobó el terror racista, adquiere una importancia aún mayor.

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La decisión Cruikshank de 1876:

La Corte Suprema legaliza el linchamiento y terror racistas — siempre que sea llevado a cabo por turbas blancas, y no formalmente por los estados

Después de que la Guerra Civil puso fin a la esclavitud, el período de Reconstrucción, cuando al pueblo negro se le fueron garantizados algunos derechos básicos y fugaces, duró apenas 12 años, terminando alrededor de 1877. Mucha gente sabe cómo los jinetes nocturnos del KKK [Ku Klux Klan], los linchamientos, y la violencia salvaje de turbas blancas ayudaron a extinguir brutalmente este periodo demasiado corto, al que siguieron décadas de Jim Crow, linchamientos y terror de las turbas blancas.

Sin embargo, es posible que la gente no esté familiarizada con el rol crucial que jugó la “sagrada” Corte Suprema de los Estados Unidos en despojar al pueblo negro de sus derechos supuestamente garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la 14ª Enmienda: con la legalización del terror y el asesinato supremacistas blancos.

Como resume la historia de linchamientos de la Iniciativa de Justicia Igualitaria, en los años 1870:“Mientras las turbas blancas atacaban a los votantes negros, la Corte Suprema de los Estados Unidos inició un asalto a la arquitectura legal de la Reconstrucción”¹.

La masacre de Colfax y la decisión de Cruikshank de 1876: Un punto de viraje que tuvo eco durante décadas

El 13 de abril de 1873, las personas negras que exigían su derecho al voto en el condado de Colfax, Luisiana fueron atacadas por turbas supremacistas blancas armadas. Los negros hicieron un valiente intento por defenderse, pero fueron masacrados.

“Más de 300 hombres blancos, fuertemente armados, la mayoría ex oficiales y soldados del Ejército de la Confederación, dispararon, apuñalaron, quemaron y mutilaron a negros que buscaban refugiarse en un juzgado”, escribió revcom.us en Crimen Yanqui Caso #71 sobre la masacre ². “Asesinaron a muchos de ellos cuando trataban de rendirse. El historiador Eric Foner dijo que la masacre de Colfax fue ‘el más sanguinario incidente de matanza racial en la era de la Reconstrucción’”.

No se presentaron cargos estatales contra ninguno de los asesinos. Finalmente, se presentaron cargos federales contra una docena de miembros de la turba de supremacistas blancos en virtud de la aplicación de la Ley de 1870, que prohibía las conspiraciones para privar a las personas de sus derechos de la 14ª Enmienda y permitía al gobierno federal enjuiciar cualquier delito cometido como parte de esa conspiración³. Solo tres hombres fueron condenados, las condenas fueron apeladas, y el caso, Estados Unidos contra Cruikshank (William J. Cruikshank fue uno de los condenados), finalmente llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema decidió el caso in 1876, revocando los veredictos de culpabilidad de los tres asesinos racistas.

Los derechos de los estados, lógica supremacista blanca de la decisión de la Corte

En la decisión Cruikshank, la Corte presentó una serie de argumentos que menoscaban directamente la autoridad del gobierno federal y la puso en manos del estado. El fallo argumentó que todos los ciudadanos estadounidenses están sometidos a dos gobiernos, su gobierno estatal y el gobierno nacional, y luego definió el alcance de cada uno. Llamativamente, la Corte dijo que las protecciones de la Declaración de Derechos no se aplicaban a las acciones de los gobiernos estatales, pero solo a las del gobierno federal. 

Por ejemplo, el derecho a reunión de la 1ª Enmienda (en este caso la gente negra que se reúne para exigir su derecho al voto), “no tenía la intención de limitar los poderes de los gobiernos estatales con respecto a sus propios ciudadanos, pero de aplicar únicamente al gobierno nacional”; por lo tanto “para su protección en su disfrute ... es necesario que el pueblo recurra a los estados. El poder para ese propósito se ubicó originalmente allí, y nunca se ha entregado a los Estados Unidos”. En ese momento, el poder en estos estados estaba cada vez más en manos de supremacistas blancos violentos.

Pero el núcleo de la absolución de la Corte a los asesinos blancos fue su decisión de que las cláusulas de Debido proceso y Protección igualitaria de la 14ª Enmienda (y por lo tanto, la relevancia de las Leyes de Ejecución) se aplicaban solo a las acciones de los estados, y no a las acciones de los individuos: “La decimocuarta enmienda prohíbe a un estado privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal; pero esto no agrega nada a los derechos de un ciudadano frente a otro”⁴ .

“[L]a Corte dictaminó que la Decimocuarta Enmienda brindaba protección solo contra las acciones del estado, y no contra la violencia individual, y el poder del gobierno federal estaba ‘limitado a la aplicación de esta garantía’”, escribe la Iniciativa de Justicia Igualitaria. “Como resultado de esto, la Ley de Ejecución fue letra muerta: los afroamericanos en el Sur iban a quedarse a la merced de terroristas blancos, siempre que los terroristas fueran actores privados”⁵.

En otras palabras, las leyes federales no pueden proteger al pueblo negro de violaciones de sus derechos civiles —o de asesinatos en masa— cometidos por turbas, pero solo de violaciones de esos derechos llevadas a cabo por agencias gubernamentales.

Las repercusiones de esa decisión fueron inmediatas: “Cuando se decidió Cruikshank, el Departamento de Justicia abandonó 179 enjuiciamientos de la Ley de Ejecución solo en Misisipí. La violencia continuó extendiéndose, y cada vez más, se dieron ataques a afroamericanos en el Sur llevados a cabo por hombres sin disimulo y a plena luz del día⁶.

El sello de aprobación de la Corte Suprema para el terror del KKK y turbas de linchamiento fue reafirmado unos años después, cuando invocó el fallo Cruikshank en un caso relativo a una turba de linchamientos en Tennessee. Resolvió: “Dictaminó que el linchamiento no era un asunto federal, porque la turba estaba conformada por individuos privados”“⁷.

Estos fallos dieron luz verde a 100 años de terror de las turbas de linchamiento y miles de asesinatos. La Iniciativa de Justicia Igualitaria “ha documentado 4084 linchamientos por terrorismo racial en doce estados del Sur desde el final de la Reconstrucción en 1877 hasta 1950”.