• El Departamento de In-justicia del régimen fascista de Trump ha levantado cargos contra el Southern Poverty Law Center (Centro Legal para la Pobreza Sureña — SPLC), acusándolo de lavado de dinero y otros delitos, y afirmando que la organización de derechos civiles, con sede en Alabama, pagó a fuentes para provocar el odio racial. Consideremos lo amplia que podría ser definida esta noción de “provocar el odio racial” del régimen de Trump y las implicaciones que esto tiene para un amplio sector de organizaciones que resisten y se oponen a la discriminación y opresión de la gente negra, latina y otros oprimidos. 

El SPLC comenzó como un bufete de abogados en 1971, investigando casos de derechos civiles. En las últimas décadas se ha hecho conocido por investigar y denunciar a peligrosos “grupos de odio” derechistas y supremacistas blancos. El SPLC dice que el programa citado en la acusación, que ya no está en funcionamiento, fue necesario cuando empezó en “las sombras del Movimiento por los Derechos Civiles”, realizando un trabajo arriesgado. Así que pagaba en secreto a informantes y frecuentemente compartían la información con las fuerzas del orden, incluido con el FBI¹.

El 21 de abril, un gran jurado en Montgomery, Alabama acusó al SPLC de 11 cargos de fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero, relacionados con un programa que ya no existe que pagaba a informantes para infiltrarse en grupos supremacistas blancos y otros grupos de odio. Además, el FBI presentó una moción para “recuperar los supuestos beneficios del esquema de fraude de la organización”. 

El fiscal general interino de Estados Unidos, al anunciar los cargos, afirmó que el trabajo del SPLC no tenía como objetivo desmantelar estos grupos “de odio”. En cambio, estaba fomentando el extremismo al que supuestamente se opone, pagando a fuentes para avivar el odio racial.

La acusación penal contra el SPLC ha sido recibida con indignación, mientras que ha provocado conmoción entre grupos progresistas y radicales y sus simpatizantes. El régimen de Trump ha anunciado su intención de perseguir a quienes se oponen a su agenda reaccionaria, por todos los medios a su alcance. La acusación contra el SPLC es un paso ominoso en esa dirección y es algo a lo que toda persona decente debe oponerse.

• El congresista fascista de Texas, Chip Roy, se está preparando para presentar un proyecto de ley llamado la “Ley MANDANI”. Esto facultaría al gobierno federal para prohibir la entrada, deportar y quitarle la ciudadanía naturalizada a cualquier persona que defienda o esté “afiliada a” cualquier movimiento “totalitario”. Según Roy, esto incluye un “partido socialista, un partido comunista o un partido fundamentalista islámico, o [que] propugna el socialismo, comunismo, marxismo o fundamentalismo islámico”.

Esta ley es una violación flagrante y representa un salto más en el ataque al derecho a la libertad de expresión, a la defensa de las ideas políticas y a la libertad de asociación. Aunque puede que no sea aprobada por la Cámara de Representantes y/o el Senado ni se convierta concretamente en una ley, suena no obstante otra alarma sobre hacia dónde van los fascistas con la represión. Se destaca aún más tras la orden ejecutiva de Trump que insta al Departamento de “Justicia” a perseguir a quienes se identifiquen como anticapitalistas, anticristianos, etc. (Vea “El régimen emprende “esfuerzo en todo el gobierno por desmantelar” toda oposición al fascismo: El fascismo no es una amenaza que se avecina. Lo tenemos encima pero ya…”).