La siguiente investigación contribuye al artículo “La novena semana del fascismo de Trump y MAGA: La congelación fascista se vuelve aún más profunda”, centrada en el caso de los inmigrantes venezolanos. Ofrece una visión concreta de lo que está pasando y desenmascara las mentiras del régimen de Trump a cierta profundidad.

Datos básicos

El 15 de marzo, Estados Unidos deportó a 238 hombres venezolanos en tres vuelos a El Salvador. Y 23 salvadoreños también fueron deportados, lo que eleva el total a 261.

A su llegada, “los secuestrados fueron conducidos a marcha forzada a vehículos blindados, les raparon y los trasladaron a celdas de la infame prisión de máxima seguridad de El Salvador, conocida como el CECOT“. (Ver más sobre el CECOT a continuación).

Estados Unidos ha divulgado los nombres, pero notablemente no ha revelado las edades; es posible que el grupo incluya a adolescentes.

¿Delincuentes endurecidos?

Estados Unidos dijo inicialmente que los deportados eran delincuentes endurecidos, pero el 18 de marzo, el ICE admitió que “muchos de ellos... no tienen antecedentes penales en Estados Unidos”, pero insistió en que, por ser miembros de una pandilla criminal, era solo cuestión de tiempo. “Muchos de los miembros [de la pandilla Tren de Aragua] deportados bajo la AEA [Ley de Enemigos Extranjeros] no tienen antecedentes penales en Estados Unidos, debido a que solo han estado en el país por un corto período de tiempo. La falta de antecedentes penales no indica que representen una amenaza limitada”. (Vea ABC News, 18 de marzo de 2025, ‘Many’ alleged gang members deported by Trump didn’t have criminal records in the US: ICE.)

¿Pandilleros peligrosos?

Pero, si no tienen antecedentes penales, ¿cómo sabe el ICE que son miembros de Tren de Aragua (TdA), que, según Estados Unidos, es una pandilla criminal transnacional que está “invadiendo” a Estados Unidos? El ICE dice haber “investigado” rigurosamente a todos los deportados para verificar su pertenencia a pandillas. Pero la única evidencia concreta que han presentado son tatuajes que, según dicen, son de pandillas. Ya se ha revelado que muchos de estos tatuajes no son “tatuajes de pandillas”. Y el ministro del Interior de Venezuela informó: “Creo con absoluta responsabilidad que ni uno solo de los deportados aparece en el organigrama de la ahora extinta organización Tren de Aragua, ni uno solo”. (Véase Reuters, 21 de marzo de 2025: Venezuela minister says no Tren de Aragua members among US deportees.)

A continuación, dos de los muchos ejemplos respecto a los que familiares o abogados han presentado evidencia de que sus familiares secuestrados no son delincuentes ni pandilleros:

Jerce Reyes Barrios es un futbolista profesional venezolano, entrenador de fútbol juvenil y no tiene antecedentes penales. Participó en dos protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Posteriormente, fue secuestrado y torturado. Huyó a Estados Unidos y solicitó asilo político, pero en lugar de eso, fue detenido para una investigación por “tatuajes sospechosos”, que en realidad eran tatuajes de clubes de fútbol. No tiene antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en Venezuela. (Vea Ryan Grim y Sarah Hay, Drop Site News, 20 de marzo de 2025, Venezuelan Professional Goalkeeper Deported to El Salvador Prison, Stunning Family Back Home.)

Andrés Guillermo Morales es ciudadano tanto de Colombia como de Venezuela y también se encuentra en Estados Unidos solicitando asilo. (Su madre es colombiana; él reside en Venezuela). Tiene un permiso de trabajo legal y un empleo. Tiene múltiples tatuajes: los nombres de sus padres, un reloj, una estrella, un versículo bíblico y notas musicales. Reuters verificó que no tenía antecedentes penales en Colombia ni Venezuela, y no pudo encontrar evidencia de antecedentes penales en Estados Unidos. (Vea Reuters, 21 de marzo de 2025, Colombian-Venezuelan migrant held in El Salvador has no ties to feared gang, wife says.)

El penal del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)

Construido originalmente a fines de 2022 para 20.000 reclusos, la población actual es de 40.000. A los grupos de derechos humanos no se les permite el acceso para observar las condiciones. Videos grabados por el gobierno indican que los reclusos salen de su celda 30 minutos al día y pueden permanecer en celdas de aislamiento completamente a oscuras. ¡Human Rights Watch no tiene conocimiento de que algún preso haya sido liberado jamás del CECOT!

Desde marzo de 2022 (cuando en El Salvador, se declaró un estado de emergencia nacional), 350 presos han muerto bajo custodia salvadoreña (no necesariamente en el CECOT). Según algunos presos, los han golpeado los guardias día tras día. (Lo anterior es de: “Human Rights Watch declaration on prison conditions in El Salvador for the J.G.G. v. Trump case” [Declaración de Human Rights Watch sobre las condiciones penitenciarias en El Salvador para el caso J.G.G. contra Trump], 20 de marzo de 2025).

Según The Guardian, 19 de marzo de 2025 (“What to know about the El Salvador mega-prison where Trump sent deported Venezuelans” [Lo que hay que saber sobre la mega-cárcel de El Salvador a la que Trump envió a los venezolanos deportados]): “La prisión no tiene espacio recreativo al aire libre y no se permiten visitas familiares”. El hacinamiento es severo; cada preso tiene un promedio de 0.60 metros cuadrados de espacio.

El gobierno salvadoreño del presidente Nayib Bukele recibe alrededor de 6 millones de dólares para retener a los deportados durante un año, con opción a una renovación anual. En cuanto a los reclusos del CECOT en general, el ministro de Justicia de Bukele ha dicho que las autoridades “se cerciorarán de que nadie que entre al CECOT salga a pie”.

Cuestiones jurídicas

Un acto criminal

La mayoría de los deportados fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 de Estados Unidos. Cabe señalar que esta ley se ha invocado tres veces en 177 años, las tres en tiempos de guerra, y que se utilizó para encarcelar a 140.000 personas de ascendencia japonesa, incluidos muchos ciudadanos estadounidenses, durante hasta cuatro años durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La criminalidad de este hecho fue reconocida por fin en la década de 1980 (bajo el gobierno de Reagan), se emitió una disculpa y se pagaron reparaciones. Sin embargo, algo que no se menciona en la cobertura mediática es que esta ley penal no fue revocada en ese momento.

Guerra declarada o invasión…

A continuación, el texto pertinente de la Ley:

“Siempre que se declare una guerra entre Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero… y el Presidente de Estados Unidos haga una proclamación pública del suceso, todos los nativos, ciudadanos, residentes o súbditos de la nación o gobierno hostil, siendo varones mayores de catorce años de edad, que se encuentren en los Estados Unidos, y que en la actualidad no estén naturalizados, estarán sujetos a ser aprehendidos, restringidos, asegurados y deportados como enemigos extranjeros”.

La Ley también puede invocarse en caso de una “invasión”.

Obviamente, no existe ninguna “guerra declarada” entre Estados Unidos y Venezuela, por lo que la invocación de la Ley por parte de Trump¹ se basa en el lenguaje de una “invasión”, y declara que el TdA “opera en conjunto con” el gobierno de Maduro y “continúa participando en la migración ilegal en masa a Estados Unidos para promover sus objetivos de… apoyar la meta del régimen de Maduro de desestabilizar a las naciones democráticas en las Américas, incluido Estados Unidos”. (De la Proclama de la Casa Blanca.)

Sin embargo, han desenmascarado incluso este retorcido fragmento de una justificación como una mentira: el New York Times informó (20 de marzo de 2025, Intelligence Assessment Said to Contradict Trump on Venezuelan Gang [Se dice que la evaluación de inteligencia contradice a Trump sobre la pandilla venezolana]) que las agencias de inteligencia estadounidenses habían investigado posibles vínculos entre el gobierno de Maduro y TdA y encontraron con una “moderada” certeza que TdA “no estaba bajo órdenes del gobierno de Venezuela ni cometía delitos en Estados Unidos bajo sus órdenes, según los funcionarios”.

Hacen trizas el derecho al debido proceso, la separación de poderes y el estado de derecho

El debido proceso: La Decimocuarta Enmienda garantiza que no se permite privar a nadie en Estados Unidos de su libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Esto se aplica a los inmigrantes, aunque es importante señalar que es en cierta medida una fachada para los inmigrantes indocumentados, aun en comparación con otras masas oprimidas las que son ciudadanos. No obstante, en resumen, la Constitución de los Estados Unidos estipula que las personas tengan la oportunidad de comparecer ante un órgano judicial y argumentar que la ley bajo la cual las están castigando no se les aplica, o que no hicieron los actos de los que se les acusa, etc. Pero en este caso, el ICE y el régimen de Trump insisten en su “derecho” a secuestrar y deportar a personas sin revisión judicial alguna.

Entrada a domicilios sin orden judicial

Hace poco han dicho que pueden entrar a domicilios particulares sin orden judicial, básicamente si algún agente del poder ejecutivo (el ICE, el FBI, etc.) alega que una persona en la casa es un enemigo extranjero, sin ninguna revisión judicial. (Vea New York Times, 20 de marzo de 2025, Administration Officials Believe Order Lets Immigration Agents Enter Homes Without Warrants [Funcionarios de la administración creen que la orden permite que los agentes de inmigración entren a casas particulares sin órdenes judiciales]).

Separación de poderes (en relación con el Congreso)

La Ley de Enemigos Extranjeros es una ley del Congreso; por lo tanto, si el presidente la invoca, se requiere que él la aplique con base en el lenguaje de la ley, no en su propia interpretación. Como ya se mencionó, la situación actual no se ajusta en absoluto al lenguaje, la intención ni el uso anterior de la ley — en esencia, Trump está “reescribiendo” la ley para que signifique lo que él quiere que signifique.

Separación de poderes (en relación al poder judicial)

Como ley del Congreso, la Ley de Enemigos Extranjeros y su aplicación están sujetas a revisión judicial. Sin embargo, en este caso, se hizo caso omiso de una orden judicial directa para detener o devolver los vuelos de deportación, y el régimen de Trump, de manera abierta, ha cerrado en banda o proferido engaños contra los esfuerzos posteriores del juez federal de distrito, al actuar según la autoridad jurídica muy estándar, para siquiera averiguar qué pasó. Mientras tanto, la administración de Trump ha sostenido que el tribunal no tiene derecho a revisar las decisiones del presidente porque se trata de un asunto de seguridad nacional y eso es competencia exclusiva del presidente. El argumento hasta dice que él no tiene ninguna responsabilidad de explicar ni demostrar POR QUÉ se trata de un asunto de seguridad nacional. Además, Trump y otros han solicitado el enjuiciamiento político contra el juez, y se han expresado sobre él de forma altamente amenazante, lo que en el “ambiente” de hoy podría derivarse fácilmente en ataques físicos y, en todo caso, equivale a una simple intimidación física.

Implicaciones

Lisa y llanamente, todo esto implica que el estado de derecho, en todos los sentidos, pende de un hilo extremadamente tenue. (El “hilo” es que Trump aún no ha desafiado abiertamente las órdenes de la corte, aunque efectivamente lo ha hecho. Además, existe la posibilidad de que este caso termine ante la Corte Suprema y que esta dicte sentencia en contra de Trump. En tal caso, Trump podría acceder o desafiar. En ambos casos, esto constituiría un gran terremoto con consecuencias altamente impredecibles).

Inclusive según una interpretación estrecha, a cualquier personas nacida en otro país, o inclusive a una persona con vínculos con otro país, se le puede acusar sin evidencia de pertenecer a una pandilla “invasora” y, sin que ningún órgano judicial revise dicha acusación, se permite la deportación de semejante persona, para colmo a prisiones brutales del tercer mundo, o a campos de concentración en Estados Unidos. Y si a esto le sumamos que Trump insiste en que puede reclamar una exención por “seguridad nacional” —sin ninguna explicación— para cualquier cosa que haga, pues lo anterior podría aplicarse a cualquier persona, punto. Asimismo, se permitiría ignorar tanto la autoridad del Congreso como la judicial. Por lo tanto, en realidad esto podría abarcar tanto como la Ley Habilitante de Hitler²si Trump lograra salirse con la suya en estos secuestros/deportaciones y en su desafío a la corte.